Vivimos duros momentos de crisis sanitaria por la rapidez con la que se ha propagado el coronavirus. Según cifras oficiales, ha causado la muerte a más de 135 mil personas y, en consecuencia, afloran angustia, incertidumbre y miedo ante la posibilidad del contagio. Esta situación demanda, por elemental sensatez, la coordinación de esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno para proteger la vida, pero es evidente la incapacidad del gobierno federal para enfrentar la emergencia, que no esconde su clara estrategia, con tintes electorales para manipular la administración, distribución y aplicación de la vacuna contra el mortal virus.
Resulta patética la insensibilidad gubernamental de Morena de lucrar, en estos momentos, con la necesidad de salud colectiva, muestra de un sinfín de actos que conforman una galería de incongruencias de quien se dice "protector y salvador del pueblo".
25 meses son suficientes para contrastar lo que ha sido el ejercicio público, por lo que se hace necesario el recuento entre lo ofertado durante 18 años de campañas electorales y los resultados hasta este momento. Cada decisión, cada acción, cada omisión, cada señalamiento que sale de Palacio Nacional es una manifestación clara de las prioridades del gobernante que impacta directamente a los bienes y servicios públicos -antes y durante la pandemia- que necesitan los habitantes.
En todo este tiempo hemos escuchado un discurso incongruente que a todas luces intenta ocultar a un gobierno rebasado; muchos son los equívocos y las simulaciones desde el primero de diciembre del 2018, que demuestran que en el esquema presidencial no hay cabida para la política pública porque, hay que dejar claro, que repartir dinero público no es hacer política pública.
Constantemente se culpa a los adversarios neoliberales como responsables de la crítica situación que atraviesa México -y resulta ser que la oposición no tiene responsabilidad administrativa en este gobierno desde hace dos años-. Se aprovecha cada espacio, cualquier canal de difusión para apuntalar el mensaje y desviar la atención, el objetivo es justificar el fracaso de la autoridad federal, que ni generó más empleo, ni fomentó el crecimiento económico, ni apoyó a las micro y pequeñas empresas, ni disminuyó la inflación -antes bien engrosó las filas de la pobreza en este país- y tampoco bajaron los impuestos ni la gasolina ni las tarifas eléctricas.
Seguimos sin estrategia de seguridad para garantizar paz a la población; no hay menos muertes violentas ni menos feminicidios, ni combate real contra el narcotráfico más allá de abrazos para los delincuentes, ni se acabó el huachicol.
Ni siquiera hay un sistema de salud eficiente, porque fue más fácil eliminar el Seguro Popular -que ha dejado sin atención a millones de personas- que corregir sus deficiencias y mejorar el servicio; no hay medicinas ni tratamientos para niñas, niños y adultos con cáncer; no hay apoyo de material y equipo médico adecuado para el personal de salud que atiende a enfermos de Covid.
El Poder Judicial no es independiente del Poder Ejecutivo; una mayoría del Poder Legislativo está sometida; algunos órganos autónomos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o la Fiscalía General de la República han dejado de serlo.
La corrupción, los conflictos de interés, el nepotismo y el amiguismo están más vigentes que nunca; ahí están las adjudicaciones directas, que benefician al selecto grupo del presidente; o los silencios de un gabinete que solapa las decisiones unilaterales del "jefe", así como la impartición selectiva de la justicia.
En resumidas cuentas, hoy vivimos impunidad por, para y desde la administración pública federal que encabeza Morena. Desde la oposición debemos trabajar para evitar que esta galería de incongruencias siga con el proceso de destrucción de este país.
