En un país donde el oficialismo insiste en reducir la vida pública a una disputa binaria -izquierda contra derecha, pueblo contra élite, lealtad contra traición- la aparición de un Frente Amplio Democrático resulta no sólo pertinente, sino necesario y urgente. Su importancia no radica en la unanimidad, sino en la pluralidad de quienes lo integran.
Firmantes provenientes de trayectorias diversas, con historias políticas, sociales, académicas y profesionales que no coincidimos entre sí, hemos decidido poner sobre la mesa un diagnóstico común: México enfrenta riesgos democráticos reales, visibles y acumulados, que no pueden seguir normalizándose.
Por eso, la fuerza del Frente no está en la homogeneidad ideológica -que no existe- sino en la convicción compartida de que la democracia constitucional es un patrimonio colectivo y no un botín del gobierno en turno.
En un momento en el que el obradorismo ha intentado imponer una narrativa de país dividido entre “buenos” y “malos”, la sola existencia de un grupo que se reconoce plural, deliberativo y dispuesto a construir acuerdos ya es, en sí misma, una forma de resistencia democrática.
La reacción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al comunicado del Frente confirmó, paradójicamente, la necesidad de su existencia. Su tono burlón y las descalificaciones automáticas, redujeron a quienes firmamos el documento a un grupo de “derrotados” en elecciones pasadas, como si la participación política de millones de ciudadanos pudiera explicarse únicamente desde la lógica de la revancha o desde la numeralia.
Ese recurso retórico —acusatorio, simplista, sin sustento— se ha vuelto costumbre: cualquier voz crítica es etiquetada como enemiga del pueblo, sin importar su trayectoria, su aportación pública o la legitimidad de sus argumentos. Lo que no encaja en el relato oficial se ridiculiza, se minimiza o se ataca, aunque para ello haya que borrar el hecho elemental de que en las elecciones donde López Obrador compitió y no ganó, porque en esas ocasiones la mayoría de los votantes optaron por otras fuerzas políticas, lo acepten o no, quienes también fueron minoría, aunque ahora hayan perdido la memoria democrática.
Decidí adherirme al Frente en mi calidad ciudadana y en mi obligación cívica de defender instituciones antes que personas. La ciudadanía no se suspende por militar, deliberar o participar en algún partido político; al contrario, se ejerce plenamente cuando se asume la responsabilidad de señalar riesgos y exigir límites al poder.
El gobierno federal insiste en que no hay una iniciativa formal de reforma político-electoral presentada ante el Congreso. Técnicamente es cierto. Pero sería ingenuo ignorar los mensajes políticos, los ensayos discursivos y los indicios que, desde 2018, han delineado una ruta clara: la erosión de los contrapesos y la captura de instituciones que deberían ser autónomas.
La ausencia de un documento oficial no borra la evidencia acumulada de un estilo de ejercer el poder que desprecia la pluralidad y concibe la autonomía institucional como un obstáculo.
Ahí está, por ejemplo, la declaración de Pablo Gómez, deslizando la idea de que los órganos electorales podrían integrarse a la estructura gubernamental. No fue un desliz menor. Es una señal de fondo: la intención de subordinar a la autoridad electoral al poder político que debe vigilar. Y si algo ha demostrado la historia mexicana es que cuando el árbitro depende del jugador más fuerte, la competencia deja de ser competencia.
Los indicios no se limitan al terreno electoral. El asalto al Poder Judicial fue una advertencia en tiempo real. La colonización de la Suprema Corte de Justicia y de los órganos jurisdiccionales —donde ministros, jueces y magistrados, con o sin credencial partidista, actúan alineados al oficialismo— mostró que el proyecto de control institucional no es hipotético.
Y en materia electoral, el oficialismo ha demostrado otra constante: descalificar cualquier proceso que no le favorezca, mientras utiliza sin reparo el aparato federal y estatal para intervenir grotescamente en campañas, estructuras territoriales y decisiones locales. La narrativa de pureza democrática convive con prácticas que contradicen su propio discurso.
Por eso la conformación del Frente no es un gesto simbólico ni un ejercicio retórico. Es una respuesta ciudadana organizada ante un riesgo concreto: la restauración de un régimen donde el gobierno controla las reglas, el árbitro y el resultado. El desplegado que anuncia su creación lo dice con claridad: “México atraviesa un momento de alta tensión institucional, y una reforma político-electoral regresiva podría cerrar la puerta a la alternancia real”.
Las demandas del Frente son precisas: autoridades electorales autónomas, elecciones libres y competitivas, representación proporcional al voto ciudadano, prohibición de la sobrerrepresentación y respeto al pluralismo político. No se trata de preservar privilegios ni de defender un modelo agotado. Se trata de proteger las reglas básicas que garantizan libertades, derechos y representación efectiva.
La convocatoria final del Frente es tan clara como incómoda para quienes hoy detentan el poder: ciudadanía, academia, organizaciones civiles, juventudes y partidos con vocación democrática estamos llamados a defender el futuro institucional del país.
La historia observa. Y frente a un gobierno que se burla, acusa sin pruebas, interviene en procesos electorales y pretende reducir a México a un relato en blanco y negro, la sociedad tiene la obligación de responder con matices, con argumentos y con firmeza.
Lo que está en juego no es el prestigio de un grupo ni la nostalgia de un régimen: es la posibilidad misma de que el poder vuelva a cambiar de manos sin que nadie tenga que pedir permiso.
En momentos así, el silencio no es prudencia ni neutralidad. Es renuncia. Y la renuncia, en tiempos de regresión, te vuelve cómplice.
Política y activista