En 1995, Mark H. Moore , profesor de la escuela Kennedy de gobierno de la Universidad de Harvard, escribió en su famosa obra “Gestión estratégica y creación de valor en el sector público” (Paidós, 1998) que el valor de una organización o ente público no debe limitarse a su misión, sino ir más allá; lo que en México conocemos como “dar el extra”.
A casi 30 años de esta publicación, el espíritu de la afirmación no ha perdido vigencia: quienes tenemos el honor de haber logrado un cargo de elección pública sabemos lo difícil, pero a la vez gratificante, que es la innovación en el servicio público, a fin de marcar pautas y superar nuestros propios parámetros.
Sin embargo, de poco sirven estas acciones de gobierno si no se comunican y una de las formas más comunes y radicadas en el ideario colectivo de la ciudadanía, son los informes de gobierno . Desde los informes presidenciales, hasta aquellos de las y los gobernantes (además de alcaldes, alcaldesas y legisladores de distintos órdenes de gobierno), este ejercicio ha padecido diversos cambios legales, particularmente en la era democrática de México.
En la primera década de este siglo, fue común dejar de ver a los titulares del Ejecutivo -federal y estatales- acudir al poder legislativo respectivo para rendir un informe de su gestión, debido en gran medida a que con la llegada de la democracia, la pluralidad del espectro político se reflejó en todas las legislaturas, lo que llevaba muchas veces a desvirtuar el propósito de los informes con interrupciones constantes por parte de la oposición en turno, por un lado, y aplausos excesivos por parte de los oficialistas, por el otro. En suma, los informes se convertían más en un espectáculo que en un verdadero ejercicio de rendición de cuentas.
En la Ciudad de México, la práctica de acudir a la legislatura local prevalece en un auténtico ejercicio de transparencia por parte del Gobierno de la Ciudad y de madurez política por parte de la mayoría de los diputados locales, pues es a través del diálogo como podemos escuchar las propuestas y el trabajo realizado o formular una crítica constructiva; no negándonos a la concordia, no cerrándole el paso a la conciliación y, mucho menos, bloqueando la mediación que entre las fuerzas políticas pueda existir.
En los últimos días, escuchamos y leímos con atención el informe de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo , pero lo que más llamó la atención fue el ejercicio de replicar este informe en cada una de las alcaldías. Al respecto, fui cuestionado y mi respuesta fue genuina: “¡Es una gran idea!” . No solo se cumple con la obligación legal de presentar un informe, sino que se innova reforzando el vínculo entre ciudadanos y gobierno con este nuevo mecanismo emprendido por la jefa de Gobierno.
En suma: comunicarle a la gente de cada alcaldía qué se está haciendo, en qué se ha invertido y qué resultados concretos existen hace que la información deje de estar en la estratósfera de la clase política y sea asimilada, comprendida y entendida por los ciudadanos. Ahí estriba la gran idea.
Finalizo enfatizando que, en estos informes, la propia Jefa de Gobierno ha reconocido que existen buenos resultados en las alcaldías donde no importa el distingo partidista y tiene razón: en el caso específico de Cuajimalpa, sus habitantes votaron por un servidor, pero también por la entonces candidata Claudia Sheinbaum, es decir, en la voluntad del electorado subyace un mandato implícito de colaboración intergubernamental en su favor.
