En nuestro país las regiones consideradas como rurales abarcan aproximadamente 80% del territorio, y en ellas habitan alrededor del cuarto de su población: más de 36 millones de personas. Muchas de ellas han tenido que vivir en la zozobra por las consecuencias de actividades ilícitas o han tenido que desplazarse a otros centros de población por la inseguridad en sus regiones.
Ahora bien, considerando que nuestro país tiene una superficie de 196 millones de hectáreas, el 51% son de núcleos agrarios. De acuedo con datos de la Procuraduría Agraria se tienen registrados 31,785 núcleos, de los cuales 29,442 son ejidos y 2,343 son comunidades. Para esa población, la “Ley para la regulación del cannabis” menciona en uno de sus artículos que tendrán facilidades en la obtención de las licencias respectivas para su cultivo, además de preferencia sobre otros grupos de interesados.
Parece ser que en México, por fin se le quitará la etiqueta de cultivo ilícito, para convertirse en un cultivo más que le de una opción productiva a los campesinos y comuneros de nuestro país. Además, en la iniciativa que fue aprobada en lo general en la reunión de las Comisiones Unidas de Justicia, Salud y Estudios Legislativos, segunda, del Senado de la República, el miércoles 4 de marzo, se contempla también el mecanismo para darle la certeza de garantizar la calidad de las semillas a los que decidan dedicarse a este cultivo al establecer el requisito de testado y trazabilidad.

En la opinión pública se ha observado que el término “testado” genera cierta desconfianza al pensar que es un procedimiento complicado y muy caro, pues bien, el testado es en otras palabras “una prueba” que se les realizará -dependiendo el caso- a las semillas, flores, tallos, raíces y hojas del cannabis para determinar sus características.
Hoy en día, al comprar una semilla de cualquier hortaliza el vendedor debe garantizar mediante un testado que se tiene cierto grado de fertilidad o germinación, que no tiene residuos tóxicos, entre otras características, esto para darle la seguridad al productor de que sus hortalizas se desarrollarán sin problema y en óptimas condiciones. Esa prueba o testado es la que en la iniciativa se plantea debe realizarse al cannabis, y puede ser en diferentes niveles de profundidad.
Un planteamiento al respecto es que la dependencia encargada de este procedimiento deberá apoyar a los campesinos otorgándoles asesoría, facilidades y en su caso acompañamiento para el cumplimiento de éste y otros requisitos. Esto tal y como ya ocurre con otros cultivos.
Por lo anterior, el Instituto Mexicano del Cannabis puede establecer los convenios necesarios con Centros de Investigación o Universidades que para realizar las pruebas o testado necesarios y que le permita al campesino, comunero o productor obtener la licencia de cultivo y que no represente un obstáculo por el costo económico.
La iniciativa aprobada deja muy claro los cuatro fines del uso del cannabis, a saber: médico, farmacéutico y paliativo; Industrial; de investigación y lúdico o recreativo. Con estos fines, México se pone a la vanguardia internacional al abordar y regularizar estos fines de este cultivo.