Hace algunos días leímos que fueron encontrados 273 cuerpos sin identificar en unas bolsas negras dentro de un contenedor frigorífico de un tráiler que deambuló por tres municipios de Jalisco. Hace algunos días leímos que estos no eran los únicos cuerpos no identificados, sino que en total los restos de 444 personas se encontraban en las mismas condiciones repartidos entre la cámara refrigerada de las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (ICJF) y dos camiones extra en dicha entidad federativa. Hace algunos días leímos que las autoridades justificaron lo ocurrido en virtud de la falta de recursos humanos y materiales para procesar y resguardar los restos en Jalisco.
Esta historia que podría ser considerada fácilmente como un fragmento de una novela de terror por aficionados de la literatura, representa una parte de la triste realidad mexicana en la que hay más de 35 mil familias buscando a un ser querido desaparecido. Como se aprecia en el caso en cuestión, este lamentable contexto no está determinado exclusivamente por el actuar de los grupos delincuenciales sino por el de las propias autoridades. Pareciera que a estas últimas no les pesa ni un ápice saber que hay miles de personas buscando a una madre, a un padre, a una hija o un hijo que desapareció sin dejar rastro alguno.
La clara evidencia de esta falta de interés salta a la vista si tan solo nos preguntamos lo siguiente: ¿qué hubiera pasado si la existencia de dichos contenedores frigoríficos con restos humanos no hubiera sido denunciada y dada a conocer por la población que se percató de su existencia por el denso aroma a muerte junto a sus domicilios? Probablemente jamás hubiéramos escuchado las declaraciones de Luis Octavio Cotero Bernal, ex titular del ICJF, respecto a que la capacidad de dicha institución estaba rebasada y que aún no había sido construido un panteón contemplado para subsanar dicha situación. Jamás se hubieran adquirido 900 gavetas y 150 féretros para inhumar lo más dignamente que se pueda a los cuerpos no identificados. De la misma manera, jamás las autoridades estatales hubieran reconocido que la incidencia de homicidios los había rebasado. Asimismo, la Fiscalía General de Justicia y el propio ICJF jamás se hubieran visto obligados a recibir y tratar, pobremente, de dar cierto tipo de respuesta a los familiares de personas desaparecidas ante la presión social y de los medios de comunicación.

Esto último ha puesto en evidencia otra serie de fallas institucionales en cuanto a la atención de las desapariciones, como se puede apreciar en los testimonios de quienes han acudido a dichas instituciones para tratar de reconocer a su ser querido en alguno de los cadáveres no identificados. Para ilustrar dicha situación retomaré el testimonio que Alejandro Puerto (@eapuerto) escribió en Twitter en donde cuenta lo que vio y vivió tras esperar ocho horas para ser atendido con la esperanza de encontrar a su sobrino desaparecido. A continuación, presento textualmente lo que dio a conocer a través de dicha red social:
Después de 8 horas de espera, estoy saliendo del Servicio Médico Forense de Jalisco. Acudí con la esperanza de encontrar a mi sobrino entre los cuerpos que estaban amontonados en las cajas de tráiler que se volvieron tan famosas. Esto fue lo que viví al lado de decenas de madres:
Me faltó agregar algo: existe una responsabilidad política por parte del Gobernador en dos cosas principalmente: 1. contar con facilidades para encontrar a nuestros familiares y…
2. contar con un ambiente digno. No sólo son las cajas de los tráilers, a cuadras de distancia se puede distinguir el olor a carne putrefacta que emana del edificio del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (@forensesjalisco). No se vale.
Lo que más dolió de todo lo que experimentamos hoy en el IJCF, fue darnos cuenta de lo mucho que la gente está dispuesta a soportar un trato indigno e inhumano con tal de encontrar a sus familiares. Cierro con esto, esperando que nos ayude dimensionar el tamaño del problema.
¿Por qué es importante retomar el testimonio de Alejandro Puerto? Porque ante lo que ha pasado en México a raíz de la crisis de seguridad, es fundamental que quienes han experimentado en carne propia el dolor que deja la violencia y la inacción de las autoridades tengan el derecho a la palabra. Esto no es algo menor pues a partir de este tipo de testimonios podemos comenzar a tratar de deconstruir el sentido común del terror y tratar de acompañar como sociedad los esfuerzos y capacidades individuales o colectivas que han desarrollado los familiares de personas desaparecidas para afrontar y consolarse. Como se puede apreciar en el testimonio de Alejandro Puerto, los problemas en torno a la atención de los desaparecidos van más allá de la capacidad para resguardar y almacenar los cuerpos no identificados del ICJF. Los problemas tienen raíces muy profundas que tienen que ver con una intención de invisibilizar las desapariciones mediante la simulación de acciones por parte de las instituciones del Estado y de los propios funcionarios públicos.
En este sentido, me parece que es fundamental señalar que esta situación no es exclusiva de Jalisco, sino que es extensiva al resto del país. Por ejemplo, si hacemos un análisis más profundo del impacto del hallazgo de dichos contenedores frigoríficos, considero que uno de los más importantes es que se ha llamado la atención sobre las condiciones en que se encuentran los Servicios Médicos Forenses (Semefo) del país. Una situación que no solo ha sido denunciada por colectivos de familiares de personas desaparecidas, sino por diversas organizaciones de la sociedad civil como el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad.
En 2014, cuando publicamos el estudio Homicidio: una mirada a la violencia en México dimos a conocer, por ejemplo, que no se aplica el Protocolo homologado para el tratamiento e identificación forense; que hay una disparidad de estructuras y capacidades forenses; que hay casos en los cuales se llevan a cabo necrocirugías en instalaciones de casas funerarias, de panteones, de hospitales civiles, de instituciones universitarias o en casas de comunidades rurales. En resumidas cuentas, la falta de recursos humanos y materiales de los Semefo no es una novedad, sino que representa un problema que sencillamente ha sido ignorado por las autoridades estatales y federales. ¿Qué hace falta para que dichos funcionarios sean sensibles ante el tema de los desaparecidos y que actúen sin que sea necesario que se descubra un acontecimiento más que revele una historia mexicana de terror?
DORIA VÉLEZ
Directora de Investigación
@Dorsvel @ObsNalCiudadano