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La Coordinación Estatal de Salud Mental y Adicciones, de la Secretaría de Salud de Gobierno del estado de Chihuahua y la Fundación Ficosec, a través del Observatorio Ciudadano Chihuahua, este año se dieron la tarea de elaborar una línea base para el Programa (estatal) de Acción Específico de Salud Mental y Adicciones, con el objeto de evaluar y monitorear el sistema de salud mental,[1] apoyándose en el Instrumento de evaluación para sistemas de salud mental (IESM-OMS versión 2.1) y con el mismo encuadre, de manera complementaria, el sistema de atención a las adicciones en el estado de Chihuahua, con el Instrumento para localizar servicios de tratamiento para el uso de sustancias (WHO-SAIMS), ambos del Departamento de Evidencia e Investigación de Salud Mental y Abuso de Sustancias, de la Organización Mundial de la Salud, con base en Ginebra, gestionándose, para la realización de este proyecto, un acuerdo de colaboración entre las instituciones mencionadas al inicio con la Organización Panamericana de Salud, e igualmente se integró un equipo técnico de 18 psicólogos adscritos a las jurisdicciones sanitarias del estado para llevarlo a cabo de manera conjunta.
Para la construcción de los dos informes aquí abordados, enfocados intencionadamente al fortalecimiento institucional que posibilite soluciones a las problemáticas que implican, entre otras acciones, se revisaron diversos programas, planes, leyes nacionales y estatales de salud y salud mental; se elaboraron cuestionarios a partir de los instrumentos originales, se aplicaron y procesaron; se capacitó al personal encargado de recopilar datos de cada una de las jurisdicciones; se elaboró una lista de instituciones de diferentes sectores (salud, educación, seguridad) que se incluirían en el desarrollo del proyecto, se les contactó e invitó a participar; se contactó a diferentes OSCs; se mantuvo estrecho contacto con integrantes del equipo técnico y se informó mensualmente a la OPS, a la Secretaría de Salud y a la Fundación Ficosec de los avances realizados.
Así, en este esfuerzo, además de la participación de diversas instituciones de salud, educativas y de seguridad, estuvieron presentes, además, el Instituto Chihuahuense de la Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Pensiones Civiles del Estado, Servicios Médicos de PEMEX, Centro de Atención Médica Municipal de Parral, el Instituto Municipal de Pensiones y los Centros Regionales de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana de PROSPERA.
Por otro lado, el soporte técnico fue proporcionado por el Equipo de Evidencia e Investigación de Salud Mental de la OMS, en Ginebra, fungiendo como consultora del proyecto la Dra. Carolina Jiménez Lira.
Marco de referencia
El Programa (estatal) de Acción Específico de Salud Mental y Adicciones (2016) se encuentra alineado al Programa de Acción Específico de Salud Mental (2013-2018) y por tanto al Programa Sectorial de Salud, siguiendo ambos los lineamientos del Modelo Hidalgo de Salud Mental, que contempla nuevas estructuras e instituciones basadas en el respeto a los derechos de los usuarios y, a la vez, un cambio en el concepto de atención integral a la persona con enfermedad mental, fomentando intervenciones de rehabilitación y trabajo comunitario, con el fin de disminuir al máximo hospitalizaciones, reingresos, con estancias breves tanto en las unidades de psiquiatría en hospitales generales o psiquiátricos, además de promover condiciones que favorezcan acciones preventivas y la reinserción social de personas internadas.
Así mismo, este modelo busca: La prevención del riesgo de marginación y/o institucionalización psiquiátrica; apoyo para el desarrollo de recursos personales y soporte sociales básico; recuperación o adquisición de habilidades y competencias personales y sociales; posibilitar el desenvolvimiento en la comunidad del modo más autónomo posible y la promoción de una vida más independiente; apoyo y asesoramiento a familias; así como la sensibilización a la comunidad sobre la enfermedad mental y la coordinación de acciones con ONG para la implementación de programas de reintegración social de usuarios, entre otros (Secretaría de Salud, s/f).
Este modelo de atención, derivado de reformas legislativas italianas y españolas, que se oponían al enclaustramiento, se asientan presupuestos de una corriente conocida como anti-psiquiatría, desarrollada en los sesentas y setentas, representada fundamentalmente en Italia por Franca Ongaro Basaglia y Franco Basaglia y en Inglaterra por Ronald Laing y David Cooper, quienes hicieron visible la violencia que conlleva el intento de “normalización” desde los manicomios, porque ponen en tela de juicio la condición misma del internamiento, estigmatizando y excluyendo, como una institución de violencia que remite a la violencia generalizada del sistema social (Basaglia, 1979: 19-21 pp.), ubicando así a la enfermedad mental en las raíces del contexto social como su generatriz, como su espejo.
En el mismo sentido, como forma de control social, planteaban también la función de normalización, no menos violenta que juegan otras instituciones como las educativas, las prisiones o incluso la misma familia. Desde entonces se planteaba la desaparición de los hospitales psiquiátricos y esencialmente el reconocimiento del otro, de la otredad, de la diferencia. Foucault (1961) afirmaba que nuestra sociedad no quiere reconocerse en ese enfermo que lleva dentro y lo aparta o lo encierra... Así, Basaglia (s/f: 10-11pp.) planteaba que “si el enfermo es la única realidad a que debe referirse, es necesario enfrentar las dos caras que constituyen era realidad: La de su condición de enfermo, con una problemática psicopatológica… y la de su condición de excluido, de estigmatizado social…
Por otro lado, en los documentos que ahora nos ocupa, se hace referencia a diversas fuentes, afirmando que el tráfico de drogas y la violencia asociada para combatirla han tenido repercusiones en la disminución de la calidad de vida y por tanto en la salud mental los habitantes, dada la preocupación constante por la integridad física y la de familiares y con mayor efecto en la población infantil. Incluso se asocian los altos índices de suicidios a estas circunstancias.[2]
Líneas de análisis
En ambos reportes, de salud mental y de adicciones, los contenidos de análisis comparten seis secciones, con algunos resultados diferenciados –utilizando datos recopilados en el 2017 pero basados en el 2016, captados en 338 centros de atención primaria de salud (APS) que tienen médico y 45 que no tienen–: Política y marco legislativo; servicios de salud mental; salud mental en la atención primaria de salud; Recursos humanos; educación del público y vínculos con otros sectores; monitoreo e investigación.
En estos ejes, respecto al tema de salud mental, se observan los siguientes aspectos relevantes: Existe un marco normativo estatal adecuadamente alineado al federal, incluso a nivel programático; el 0.14% de los egresos en atención de salud por parte de la Secretaría de Salud están destinados a la salud mental y de ese porcentaje el 14% está dirigido a hospitales psiquiátricos; 78% de la población tiene libre acceso a medicamentos psicotrópicos esenciales; el 10% de los hospitales psiquiátricos y el 67% de los establecimientos residenciales recibieron u organizaron capacitación sobre derechos humanos; existen 113 establecimientos de salud mental ambulatorio (81% administrados por la Secretaría de Salud o instituciones de seguridad social), brindando atención a 1901 usuarios por cada 100 mil habitantes, cuatro establecimientos residenciales comunitarios, dos hospitales psiquiátricos –atendiendo a 45 usuarios por cada 100 mil habitantes– y en menor medida unidades forenses de hospitalización psiquiátrica; el 100% de las admisiones en hospitales psiquiátricos son involuntarias y más del 20% de los pacientes fueron restringidos o aislados.
De la misma manera, los servicios de psiquiatría se ofrecen fundamentalmente en las grandes ciudades e igualmente inequitativo es el acceso minorías étnicas; 3% de médicos está dedicado a la salud mental, 4% de enfermeras y otro 4% de trabajadores sociales; en la misma proporción que hay médicos en centros de atención primaria se da la disponibilidad de medicamentos (51-80%), dado que deben ser prescritos por profesionales; el 18.47 por cada 100 mil habitantes es recursos humanos que trabaja en establecimientos de salud mental o práctica privada (entre ellos: 9.22 psicólogos, 3.77 enfermeros, 1.74 otros trabajadores de salud, 1.23 terapeutas profesionales, 1.18 psiquiatras, 0.78 trabajadores sociales, 0.53 médicos, siendo privilegiadas las zonas urbanas frente a las rurales).
Respecto al tema de adicciones: No hay disponibilidad de ciertos medicamentos; el 0.05% del gasto ejercido en atención de salud por parte de la Secretaría de Salud se destinó a la atención de las adicciones; el 78% de la población tiene libre acceso (por lo menos 80%) a medicamentos psicotrópicos esenciales, donde hay disponibilidad; el 92% de los establecimientos especializados no cuenta con medicamentos psicotrópicos; el costo de los medicamentos sustitutos de opioides es elevado (una dosis diaria cuesta el 30% de un salario mínimo);
En cuanto a las instalaciones existentes, hay 10 centros de atención primaria, en Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Parral, Guadalupe y Nuevo Casas Grandes, así como 59 establecimientos especializados para el tratamiento de las adicciones, todos están conformados como asociaciones civiles. El 71% de los centros se encuentran localizados en la ciudad: Juárez y Chihuahua y 11 establecimientos ambulatorios, que son preventivos, aunque ninguno es exclusivo para niños y adolescentes, brindando atención a 236 usuarios por cada 100 mil habitantes, 40% mujeres y 56% niños o adolescentes; diagnósticos principales: trastornos mentales y del comportamiento por consumo de alcohol (24%) y de cannabinoides (17%); 0.76 camas por cada 100 mil habitantes, entre ellas el 22% reservadas exclusivamente para niños y adolescentes; los establecimientos especializados para el tratamiento de adicciones es de 115, equivaliendo a 3.23 pacientes por cada 100 mil habitantes, siendo el 29% mujeres y el 4% niños y adolescentes. El 0.25% de la formación de médicos está dedicado a trastornos por consumo de sustancia, 1% enfermeros y 3% de trabajadores sociales (por cada 100 mil habitantes); existen 338 centros de atención primaria (APS) que cuentan con médico y alrededor de 45 sin un profesional.
Desafíos inmediatos
Los dos documentos abordados hacen énfasis en las oportunidades de desarrollo que esta investigación detectó, al igual que en los desafíos más importantes que de ahí se desprenden. Respecto a la salud mental: Incrementar el número de profesionales; fortalecer vínculos entre Secretaría de Salud con otras instituciones de seguridad social y asociaciones de usuarios y familiares; disponibilidad de camas de psiquiatría en hospitales generales para estancias breves; mayor disponibilidad de servicios de salud mental para niños y adolescentes, así como de medicamentos y protocolos para evaluación de tratamiento en los principales trastornos de salud mental, entre otros.
En tanto que para el tema de adicciones, los más sobresalientes son: disponibilidad de medicamentos psicotrópicos (dado que sólo el 8% de establecimientos reportan contar con ellos); centros residenciales especializados con recurso humano suficiente y capacitado; coordinación interinstitucional para dar seguimiento a pacientes y redes de apoyo; mayor acceso a tratamientos de rehabilitación especializados en comunidades apartadas; disposición de protocolos de evaluación y tratamiento de condiciones clave de trastornos por consumo de sustancias.
Referencias:
- Basaglia, Franco (1979). La institución negada. Informe de un hospital psiquiátrico. Barcelona: Barral Editores.
- Basaglia, Franco (s/f). ¿Qué es la Psiquiatría? WordPress. Disponible en la Web: https://antipsiquiatriaudg.files.wordpress.com/2014/10/basaglia_quc3a9-es-la-psiquiatrc3ada.pdf
- Foucault, Michel (1979). Enfermedad mental y personalidad. Buenos Aires: Paidos.
- Secretaría de Salud (s/f). Modelo Hidalgo de atención en Salud mental. Dirección General de Rehabilitación Psicosocial, Participación Ciudadana y Derechos Humanos (DGRPPCyDH)/Fundación Mexicana para la Rehabilitación de Personas con Enfermedades Mentales IAP. Disponible en la Web: http://www.salud.gob.mx/unidades/dgrppcdh/
Ramón Antonio Armendáriz
Coordinador del Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad y Justicia de Chihuahua.
@FICOSEC @ObsNalCiudadano
[1] En este sentido, en este artículo se abordan dos documentos: El Informe sobre el sistema de salud mental en Chihuahua y el Informe sobre el sistema de atención a las adicciones en el estado de Chihuahua, ambos promovidos por la Organización Panamericana de la Salud, la Coordinación Estatal de Salud Mental y Adicciones, de la Secretaría de Salud de Chihuahua y el Fideicomiso para la Competitividad y la Seguridad Ciudadana (Ficosec), en el transcurso de 2017.
[2] Informe sobre el sistema de salud mental en el estado de Chihuahua, 5-6 pp., haciendo referencia al primer lugar en suicidios que tuvo Chihuahua el 2016.
