La Sección Instructora de la Cámara de Diputados sólo encontró elementos que le permiten acreditar la probable responsabilidad del gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en el delito de defraudación fiscal equiparada por presuntamente haber omitido el pago de 6 millones 511 mil 777 pesos de impuestos por la venta de un departamento en Santa Fe, en la Ciudad de México.
Por ello, este órgano legislativo aprobó que sí ha lugar proceder contra el mandatario panista, por lo que este viernes el pleno de la Cámara de Diputados se erigirá como jurado de procedencia para definir si le retira la inmunidad procesal al gobernador.
En esta sesión pueden comparecer ante la máxima tribuna del país representantes de la Fiscalía General de la República y el propio mandatario panista directamente o su representante legal, y solamente se requiere mayoría simple para ser avalado.
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Según el dictamen de la Sección Instructora, no se encontraron elementos para configurar el delito de lavado de dinero ni el de delincuencia organizada por los que originalmente la Fiscalía General de la República presentó la solicitud del juicio de procedencia contra el panista.
“Deben realizarse las diligencias necesarias para que esta sección pueda establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad del imputado [lavado de dinero]. Estimamos que el dictamen que al efecto se emite no puede ser discrecional, sino que debe respetar los derechos y demás prerrogativas con los que cuenta toda persona implicada en un procedimiento penal”, define el dictamen sobre la acusación de lavado de dinero.
“En síntesis, de los datos de prueba aportados para demostrar la culpabilidad y acreditar la responsabilidad que representan ganancias exorbitantes presuntamente derivadas de la comisión del delito en cuestión, puede concluirse que se generan dudas lógico-jurídicas sobre su licitud, sin que deba esta sección colegir una presunción de ilicitud que pueda sobrepasar el principio de presunción de inocencia reconocido por nuestro marco constitucional a favor de toda persona”, determinó la Sección Instructora.
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El texto, publicado en la Gaceta Parlamentaria, no hace referencia al presunto delito de delincuencia organizada.
Por esto, la Sección Instructora determinó, tras analizar y valorar exhaustivamente el conjunto de elementos de convicción aportados para demostrar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, “que el material probatorio existente permite parcialmente tener por acreditado indiciariamente los elementos que constituyen la materialidad del delito, es decir, la configuración de los elementos a), b) y c) conforme fueron razonados antes. Sin embargo, esta sección considera pertinente dejar la comprobación de los cuatro elementos del tipo penal a las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia en el proceso correspondiente.
“Con independencia de lo anterior, no se soslaya que durante el presente procedimiento de declaración de procedencia quedaron en evidencia otras conductas que tienen la apariencia de hechos delictivos y las cuales pudieran ser reprochadas en un futuro ante una autoridad jurisdiccional”, define el dictamen.
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Cabe recordar que la Fiscalía General de la República acusó a Francisco Javier García Cabeza de Vaca de encabezar una organización criminal para extraer más de 55 millones de pesos del erario de su estado, con el apoyo de empresas fachada, para beneficiar a una compañía familiar, y aquí se configuraban los delitos de lavado de dinero, con lo que al ser éste depositado en las cuentas de su empresa familiar se configuraba el delito de delincuencia organizada.