ONU condena asesinato de ómbusman de Baja California Sur

Michel Forst

, relator especial de Naciones Unidas, se sumó a los reclamos por investigar y castigar a los responsables del asesinato del ómbudsman de Baja California Sur.

A través de un comunicado, difundido por la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Forst condena el asesinato de Silvestre de la Toba Camacho, y de su hijo; así como por las lesiones causadas a su esposa y a su hija en el mismo hecho violento registrado el pasado 20 de noviembre.

Además exhorta al gobierno de México a castigar a los culpables y a poner en marcha un mecanismo efectivo que garantice el bienestar de los defensores de las libertades fundamentales en riesgo.

“Condeno el asesinato de Silvestre de Toba Camacho en los términos más enérgicos posibles y estoy indignado por el ataque a su familia", afirmó el relator especial.

"Pido a las autoridades estatales y federales que garanticen una investigación exhaustiva y los perpetradores sean enjuiciados".

El ex director de la oficina en Francia de Amnistía Internacional, aprovechó para reiterar su llamado a erradicar el círculo de la impunidad, uno de las causas principales de la violencia que enfrenta el país.

Señaló que la mejor manera de garantizar el bienestar de aquellos que promueven los derechos humanos es llevando ante la justicia a los responsables de los abusos .

También considera fundamental respetar la autonomía de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos , así como implementar esquemas de protección que garanticen el ejercicio seguro de aquellos que abanderan la defensa de las garantías individuales.

Forst, quien forma parte desde el 2008 del equipo de élite que integra los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, visitó el país del 16 al 24 de enero pasado y durante su estadía se reunió con más de 800 defensores de derechos humanos de 24 estados de la República .

En su reporte preliminar deja constancia de los “elevados niveles de inseguridad y violencia” que enfrentan los defensores en el país en un contexto de delincuencia organizada, corrupción y represión estatal.

También de la criminalización de la que son víctimas a través de la fabricación de pruebas y la manipulación del sistema de justicia por parte de actores estatales y no estatales.

"Preocupa también el uso de las detenciones y los arrestos arbitrarios como herramienta para silenciar las voces de los disidentes y frenar los movimientos sociales".

El texto concluye con 17 recomendaciones al Gobierno mexicano, entre ellas, fortalecer el estado de derecho y reconocer públicamente el papel fundamental que desempeñan defensores y periodistas en una sociedad democrática.

ahc