ONG acusan acciones regresivas de SCJN en materia de tortura

También mencionaron a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia; ambas respecto a Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

Acusan ONGS acciones regresivas de SCJN en materia de tortura
Fotografía: archivo/EL UNIVERSAL
Nación 25/06/2018 18:29 Mariluz Roldán Actualizada 18:43
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Más de 50 organizaciones civiles señalaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia han tomado acciones regresivas o violatorias de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, las cuales representan un obstáculo para la erradicación de ese flagelo en el país.

Con motivo del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, que se conmemora el 26 de junio, resaltaron que se cumple un año de la publicación de la ley y aunque hay avances, calificaron de “una regresión” la tesis de jurisprudencia adoptada por la SCJN en la que se señala que no es necesario reponer un proceso penal en el que la persona sentenciada afirmó que su condena se basó en evidencias fabricadas bajo tortura, salvo que exista autoincriminación.

Para las organizaciones, entre las que se encuentran el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la tesis de jurisprudencia “contradice la regla absoluta de considerar inadmisible cualquier prueba obtenida bajo tortura, la cual es una obligación reconocida en la Ley General, pero también un deber preexistente del Estado mexicano, de acuerdo con el derecho internacional”.

Destacaron que de esa manera se deja abierta la posibilidad de utilizar declaraciones obtenidas bajo tortura distintas a una confesión, como “cuando se detiene y tortura a un grupo de personas para que se inculpen mutuamente, como ha ocurrido en un sinnúmero de casos conocidos por las organizaciones firmantes”.

También manifestaron preocupación sobre el Protocolo Homologado para la investigación de la tortura adoptado por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, porque dispone que el agente del Ministerio Público que reciba la noticia de tortura realizará una preinvestigación y sólo si considera que existe una presunción de tortura, enviará el caso a la Fiscalía Especializada.

Señalaron que ese procedimiento se contrapone con lo indicado en la Ley General, en la cual se establece que la denuncia de tortura llevará a una investigación realizada por la Fiscalía Especializada competente, por lo que “el Protocolo crea una nueva categoría discriminatoria aplicable solamente a víctimas de tortura, al inventar nuevos procedimientos a agotarse antes de abrir una investigación”.

Recordaron que el Protocolo es objeto de un juicio de amparo debido a su incompatibilidad con la Ley General, con el nuevo sistema de justicia penal y con el derecho internacional.

Resaltaron que se instaló este año el Comité Técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), encabezado por Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos humanos (CNDH), y que los resultados dependerán del apoyo que reciba y de la articulación de su aparato ejecutivo con otros actores.  

“En conclusión, las organizaciones firmantes consideramos alarmante que diversas instituciones que deberían ser las primeras en comprometerse con el nuevo modelo contra la tortura lo desconozcan en sus acciones. Cumplir la Ley General y erradicar la tortura como estrategia de fabricación de pruebas, represión o con cualquier otro fin debería ser un elemento prioritario y fundamental de la agenda de justicia y seguridad ciudadana de todas aquellas personas que busquen ocupar cargos de elección popular el próximo 1º de julio, especialmente en el caso de los candidatos presidenciales”, enfatizaron en un comunicado.

Por ello exhortaron a los candidatos a cargos de elección popular a comprometerse con el cumplimiento de la Ley General contra la Tortura, así como la Ley Nacional de Ejecución Penal, y exigieron a las autoridades estatales y federales adoptar acciones encaminadas a erradicar la tortura, como lo mandata la legislación aplicable.

mpb

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