22 | ENE | 2020

1968: Cincuenta Años de Impunidad para un Crimen de Estado

03/09/2018
09:53
Ciudad de México
Francisco Eduardo De La Vega De Ávila
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Artículo invitado

La Bipolaridad y sus Alcances

Al término de la Segunda Guerra Mundial, los líderes de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS); Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda (RU) y Estados Unidos de Norteamérica (EE. UU.), naciones determinantes en la derrota del III Reich, se reunieron en la ciudad alemana de Potsdam para pactar un nuevo reparto del mundo; así se inició la etapa histórica donde una rivalidad bipolar arrastró a la humanidad hasta la inminencia de su extinción.

Los acuerdos ahí tomados agudizaron la confrontación capitalismo-socialismo hasta convertirla en el eje principal de decisión a escala mundial, tanto que, de una u otra manera, sus efectos fueron determinantes para todos los seres humanos durante más de medio siglo.

Al arreglo entre potencias en materia de los territorios que a cada una tocaban, siguió de inmediato el despliegue de maniobras orientadas a ampliarlos y consolidar su poderío en ellos, frenesí que desató conflictos que llegarían a ser emblemáticos: la guerra de Corea; el muro de Berlín y la crisis de los misiles soviéticos en Cuba, por ejemplo.

Durante los primeros años de la posguerra los enfrentamientos bélicos fueron frecuentes, en ellos destacan dos de sus características entonces novedosas: ser administrados para regular a conveniencia su intensidad y extensión y, en los casos del finiquito al colonialismo y la Revolución China de 1949, haber involucrado a cientos de millones de seres humanos.

El rasgo principal del periodo, que se conoce como Guerra Fría, fue el manejo táctico de los conflictos; el objetivo principal de los protagonistas era ampliar y mejorar su control territorial en puntos de valor estratégico económico-militar y reforzar su influencia geopolítica mediante nuevas alianzas frente al poderoso y amenazante adversario.

Hasta el inicio de la caída del llamado Campo Socialista, en 1989, esa fue la esencia de la larga controversia histórica que ambos bloques, capitalista y socialista, sostuvieron permanentemente mediante la apertura de cuatro frentes:

El Armamentismo Disuasivo, que en su clímax acumuló armas nucleares suficientes para acabar con la humanidad; la ambición del poder absoluto casi enloqueció absolutamente a las élites de los mandos político-militares de ambas potencias.

La Carrera Aeroespacial, torneo de altísimo costo presupuestal que desatendía prioridades sociales por ganar la supremacía en la conquista del espacio exterior, lo que generaba una alta rentabilidad política por su impacto en la opinión pública mundial.

La competencia económica, en la que ambos contendientes les asignaron a sus modelos productivos tareas punitivas y demostrativas de superioridad frente al sistema económico del adversario, antes que atender a las necesidades del bienestar social propio.

La alianza de conveniencia o el sometimiento de los países periféricos en la confrontación de los dos grandes bloques, mediante apoyos selectivos a los gobernantes nacionales que, sin importar su compromiso con la democracia, se inscribieran en la órbita propia y combatieran al bloque contrario y a sus seguidores internos.

México y la Bipolaridad

Desde 1823, con el nacimiento de la Doctrina Monroe y su lema de América para los Americanos; pasando por la Doctrina del Destino Manifiesto, que en 1904 resumió sus alegatos intervencionistas en el Corolario de Theodore Roosevelt, hasta sus ocupaciones militares en República Dominicana, entre 1916 y 1924; Cuba, entre 1906 y 1909 y Haití de 1915 a 1934, quedó clara la determinación del gobierno de EE. UU. de sostener y ampliar su influencia decisoria en la región.

Esa política exterior, el Big Stick, se prolongó todo el siglo pasado con intromisiones de distinto tipo y objetivos similares, como la de Nicaragua con su socia nativa, la familia Somoza; en Guatemala con el derrocamiento de Arbenz; en la invasión de Bahía de Cochinos, en Cuba, y en Chile con el respaldo al golpista Pinochet en 1973, todas ellas acciones norteamericanas emblemáticas en la región.

En la historia de la política exterior del bloque socialista existe un notable correlato: a cuenta de la URSS, el aplastamiento de las rebeliones húngara y checoeslovaca en 1956 y 1968, respectivamente, y la invasión de Afganistán en diciembre de 1979, mientras desde la órbita de la República Popular China destaca su prolongada y férrea intervención en el Tíbet desde 1950.

La economía cubana no ha resultado satisfactoriamente auto sostenible, su precariedad actual no puede ocultarse, lo mismo que su viejo origen que data de 1960 y alcanza hasta poco antes de 1990, periodo en que se convirtió en un barril que nunca llenó el intercambio comercial sobre subsidiado por la URSS hasta su ruina económica y desaparición.

El prestigio internacional de la URSS pagó cara la decisión de materializar su presencia en América; el peligro de enfrentar un socialismo cubano armado atómicamente fue una posibilidad intolerable para EE. UU., por eso la Crisis de Octubre que casi incendia al planeta.

A esas acciones expansionistas, autodefinidas como División Internacional del Trabajo e Internacionalismo Proletario, le acompañaron diversas operaciones encubiertas con objetivos desestabilizadores en la región.

En 1940 ocurrió una célebre intromisión soviética en México; el asesinato del exiliado ucraniano Lev Davidovich Bronstein, conocido como León Trotsky, a manos de un agente secreto entrenado y financiado por la URSS.

Con la declaración de Fidel Castro Ruz, en abril de 1961, de que la revolución gobernante en Cuba asumía un carácter socialista, como respuesta a la fallida invasión de exiliados cubanos y mercenarios anticastristas financiada y organizada por el gobierno de EEUU, la URSS concentró su atención y esfuerzos en la consolidación política, económica y militar de ese enclave socialista, posponiendo sin fecha otras iniciativas y solicitudes de apoyo provenientes de grupos revolucionarios de varios países latinoamericanos.

Durante la Guerra Fría, otros países socialistas, como la República Popular China y la República Democrática Popular de Corea, apoyaron con recursos y entrenamiento político-militar a varios grupos de mexicanos pro-socialistas que intentaron realizar cambios revolucionarios en México; para su infortunio, todos ellos recorrieron el mismo periplo: fueron desdeñados por la sociedad, liquidados militarmente, reducidos hasta la insignificancia política y confinados a la nostalgia y el simbolismo senil.

Fincada en su robustez económica, fuerza militar y ambición, la determinación injerencista de EE. UU. resultaba una fatalidad para la soberanía mexicana; a la enorme colindancia fronteriza, se sumaban las exigencias del modelo de desarrollo adoptado por México desde el posporfiriato; un firme ensamble económico y político con el gran vecino.

En ese esquema, donde la prioridad de las dos poderosas hegemonías fue subordinar al gran conjunto internacional de países y pueblos a la conveniencia de sus intereses propios, México vivió uno de los capítulos más dolorosos de su historia moderna; la represión al Movimiento Estudiantil de 1968.

La Modernidad Mexicana

Luego de años de ajustes de cuentas entre diversos caudillos, en las décadas de 1930 y 1940 en México logró consolidarse la estabilidad suficiente para que, al inicio de los cincuentas, el crecimiento económico alcanzara índices no sólo comparativamente notables respecto del pasado inmediato, sino hasta satisfactorios por sus efectos en el desarrollo social.

Aumentó la permeabilidad ascendente entre los estratos sociales y se expandió una clase media que amortiguó el antagonismo de riqueza concentrada y pobreza generalizada.

México modernizaba su convivencia y ampliaba las oportunidades: se reconoció el derecho de las mujeres a ejercer el voto electoral, se otorgó la ciudadanía a los dieciocho años y se consolidaron políticas públicas, como la seguridad social, que ampliaron el acceso al bienestar.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) era el gran partido de masas, el protagonista político fundamental que enarbolaba sus paradigmas de Revolución Mexicana y Justicia Social como el dínamo del desarrollo y la modernidad, modelo que durante décadas se impuso opacando a las de por sí pálidas alternativas nacionales que proponían la derecha y la izquierda políticas.

El mando del poder político en sus tres órdenes de gobierno: Federal, Estatal y Municipal y el control de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, estaba en manos del PRI, quien no tuvo que ganar esas posiciones mediante cotejos electorales realmente competidos, ya que le fueron asignadas discrecionalmente a base de arreglos entre actores protagónicos y vasallos del caudillaje, fincando así lo que poco después se haría sistemáticamente durante décadas.

Luego de algún tiempo, quedó demostrado que la constante matanza de caudillos en México no servía ni siquiera para alcanzar la estabilidad que permitiera gozar los beneficios del poder a quienes lo detentaban.

El PRI-Gobierno y el Sistema Político

Se entronizó así la sentencia gubernamental: la larga serie de asesinatos facciosos entre caudillos ávidos de poder, en adelante se denominaría La Revolución Mexicana.

Ya en condición de epopeya conciliatoria se le designó eje ideológico; en un arrebato de unidad revolucionaria, caudillos que se asesinaron mutuamente hoy comparten panteón y lápida en El Monumento a La Revolución Mexicana.

A partir de entonces, el PRI priorizó la construcción orgánica de su Sector Popular entre la clase media urbana y la implantación de liderazgos y mecanismos que garantizaran el control político-sindical-electoral de obreros y otros asalariados.

Fue grande el rendimiento que capitalizó El Poder al diseñar, construir y operar este partido político que resistió embates internos y externos: resultó más exitoso y longevo que el imponente comunismo bolchevique, al que conoció en pañales y despidió en su sepelio.

El instrumento funcional-operativo creado por la simbiosis PRI-El Poder fue El Sistema Político, un complejo y sensible engranaje encargado de desahogar la agenda de El Poder, de cuya resolución positiva dependía su reproducción.

La cúspide de El Sistema Político fue ocupada por el Presidente de la República, máxima e inapelable instancia tan generosa con los leales y disciplinados como draconiana con opositores pertinaces y traidores.

Una de las reglas de oro de El Sistema Político, postulaba que en las controversias internas la disciplina que exigía mantener la unidad era el criterio principal de calificación.

La vigilancia al cumplimiento de esa norma era ampliada y consensual; en la famiglia se ponderaban muy en alto la disciplina y el fortalecimiento de la unidad del conjunto.

El discurso ideológico-paradigmático de El Poder, el PRI y El Sistema Político fue el trípode formado por La Revolución Mexicana, El Nacionalismo Revolucionario y La Justicia Social.

Esta trilogía devino, al menos en la oratoria, sextante trazador de ruta para la conducción de la Nación y catecismo para el PRI.

El Poder se metamorfoseó en una noción de apariencia difusa pero omnipotente en lo concreto, compuesta por la formalidad jurídica de los tres niveles de gobierno y los Tres Poderes de la Unión, respaldada por la fuerza y densidad de El Sistema Político.

El Poder contaba con el andamiaje institucional y los recursos para el desarrollo de infraestructura y la operación de programas sociales.

La realización de grandes proyectos de obra pública, el otorgamiento corrupto de contratos y concesiones y la conversión de inversionistas en políticos y viceversa, ensamblaron intereses comunes entre El Poder y El Capital, lo que se volvió altamente beneficioso para ambos.

En las décadas de los 40´s y 50´s, tiempos de auge de El Sistema Político, se decía; "…la Revolución se bajó del caballo y se subió al Cadillac…"

Ese contubernio no sólo benefició a las élites, también impulsó el desarrollo: las tasas de crecimiento económico aumentaron; los sistemas de salud y seguridad social mejoraron y ampliaron su cobertura; el sistema educativo y la matrícula escolar crecieron y, en fin, México se transformó en poco tiempo relativo: de rural-agrario a urbano- industrial.

El desarrollo creó una vigorosa clase media, amortiguadora de antagonismos entre acaudalados caudillos, apaciguados mediante privilegios, y rezagados: migrantes rurales, campesinos en quiebra, trabajadores descalificados, ejército de reserva y otros.

La permeabilidad social ascendente aumentó como nunca mediante la ampliación de oportunidades para acceder a la seguridad y el confort: “…mi madre lavaba ajeno; ahora yo ya soy licenciado…”

Las expectativas que se frustraron durante generaciones por fin se cumplían, fenómeno que expandió la confianza social, fortaleció la paz interior y la estabilidad.

En el escenario internacional, México ganó presencia y prestigio: aún en los capítulos más tensos de la Guerra Fría, no se incurrió en una entrega total a los intereses norteamericanos ni en una ruptura total con los comunistas; figurativamente, México durmió entre elefantes sin ser aplastado.

En suma: con la conducción del PRI, la operación de El Sistema Político, y la oferta paradigmática de La Revolución Mexicana, El Nacionalismo Revolucionario y La Justicia Social, los mexicanos construyeron un país moderno y estable.

En su auge, el PRI tuvo el peso específico decisivo en el ejercicio del poder, cimentado en un bloque de militantes y masas adherentes cuyas dimensiones ninguna organización política había tenido en toda la historia nacional.

El quehacer de las instituciones del Estado y sus instrumentos priorizaba lo que más convenía a El Sistema Político; no operaban del todo en respuesta a las necesidades nacionales.

El andamiaje institucional funcionaba de manera que todo esfuerzo público contribuyera a consolidar y reproducir esa estructura de dominación.

Esto se ejemplifica en las grandes obras hidráulicas hechas para una agricultura de riego altamente rentable en el centro y noroeste, territorios que fueron agandallados por caudillos sonorenses, entre otros.

En la misma línea, pero con características propias, estarían los casos del sur y sureste, mediante el saqueo de recursos naturales y la violación sistemática a las garantías individuales y otros preceptos constitucionales, métodos autoritarios que garantizaban triunfos electorales tan aplastantes como ficticios.

En su trayectoria histórica, la corrupción mediante dinero, oportunidades, especie y prebendas aparece como un factor cohesionador; aglutinante sine qua non que garantizaba la consistencia y eficacia de El Sistema Político.

Cuando se requería se echaba mano de recursos como la cooptación de opositores, la represión abierta o selectiva y las opciones plata, reja o plomo.

El Sistema Político y los Límites de su Eficacia.

Por razones inherentes del desarrollo y de escala, lo que funciona en una aldea pierde eficacia en una ciudad intermedia y puede ser ineficaz en una metrópoli; eso ocurrió con muchas de las decisiones de El Sistema Político.

La complejidad de México se acrecentó en el tiempo y el espacio y el escenario internacional tuvo cambios profundos, pero esas evidencias no fueron atendidas; la soberbia encegueció a El Poder, mientras surgían problemas nuevos que El Sistema Político no descifró apropiadamente.

Esa arrogancia púber, nutrida por la defectuosa metabolización de un pasado exitoso y rutilante, envaneció a El Poder, quien pospuso sin fecha la evaluación analítica y la conveniente reconfiguración táctica de El Sistema Político.

El Poder se empeñó tercamente en continuar aplicando las recetas que había utilizado durante décadas para mantener en el pináculo a sus agentes, lo que convirtió al autoritarismo en mera rutina administrativa.

A las efervescencias y expresiones de descontento social, cada vez más frecuentes y profundas, se respondió con sobredosis de garrote, barrote y loas a la trilogía ideológica de El Sistema Político.

Contra disidentes proliferaron acusaciones de traición a La Patria y en ello había algo de sinceridad porque los sacerdotes de El Sistema Político oficiaban sus liturgias bajo el supuesto de que La Patria les pertenecía; actuaban como si hubiera sido creada por ellos y sus antecesores.

En esa lógica, ser opositor o, peor aún, ser comunista, no se calificaba como una militancia o una postura político-ideológica.

Esa condición era considerada traición, una amenazante conspiración contra México, una perversión contra natura; de la veracidad de estas afirmaciones hay evidencia incuestionable.

El funcionamiento institucional tenía como base el maridaje entre El Gobierno, entendido abstractamente como entidad única expresada en sus tres órdenes; Federal, Estatal y Municipal, y el PRI, dupla que desarrolló la vitalidad suficiente para mantener una hegemonía casi septuagenaria.

Este binomio conjuntó en una sola unidad funcional a dos entidades cuya naturaleza no coincidía sincrónicamente, a pesar de lo cual el utilitarismo político impuso tal distorsión, lo que de inmediato tornó autoritaria e ilegal esa codependencia.

Ese ayuntamiento conjugaba hábilmente la represión, selectiva o abierta, según el caso; la cooptación; la corrupción; el chantaje y hasta el crimen, de ser rentable políticamente; la concesión de verdaderas franquicias económicas, territoriales, delictivas, etc. y para sostener su eficacia funcional, el fraude electoral hasta en sus modalidades más soeces e intolerables.

Esas formas de dominación se combinaban con otros recursos para obtener y entretejer complicidades; designación de colaboradores en puestos dirigentes de instituciones públicas, embajadas incluidas y candidaturas electorales con el triunfo asegurado, que bien fuera por ausencia de una oposición real o por fraude electoral, resultaban nombramientos directos y seguros.

Durante la larga hegemonía del PRI, el Poder Judicial fue responsable, por acción u omisión, de la ruptura del Estado de Derecho; la impartición de justicia se ajustó a las órdenes de un autoritarismo presidencial que cuando dictaba consigna no admitía en los juzgadores pretextos ni titubeos por consideraciones éticas.

Ejecutar las operaciones que resultaban necesarias para lograr la consecución de los objetivos del PRI-Gobierno, era la razón de ser y la principal responsabilidad del Sistema Político, táctica que en la práctica convirtió esa función en una Política de Estado cuya ilegalidad se cubría de impunidad mediante la sumisión de los Poderes Legislativo y Judicial a la supremacía del Poder Ejecutivo Federal.

El PRI-Gobierno y la Confrontación Capitalismo-Socialismo

Durante su larga vida, el PRI-Gobierno demostró una notable habilidad para sortear las vicisitudes que le acarreaba la dependencia de México respecto de EE. UU.

Los sucesivos gobiernos priístas se negaron a rendirse del todo a los dictados norteamericanos, al advertir que esa decisión los tornaría, de inmediato, en el gobierno dictatorial de un México distinto; una “república bananera” más, como muchas de las que prohijó y utilizó EE. UU. como arietes en la Guerra Fría hasta que se desplomaron por agotamiento y en la orfandad, cuando ya no resultaban útiles a EE. UU., lo que significaba la muerte política, y en algunos casos hasta física, de sus gobernantes.

Esa determinación se fortalecía por la presión, pública y privada, de grupos y personalidades de oposición y propios, que para combatir el entreguismo a EE. UU. aducían factores del desarrollo histórico nacional como la expropiación petrolera de 1938; el popular antinorteamericanismo mexicano; la fraternidad con Latinoamérica; la voracidad del gobierno norteamericano y algunos de sus rasgos entonces más reprochables, como el racismo y el uso de armas atómicas contra la población civil japonesa.

De tal manera, nunca tuvieron control pleno de las decisiones de política exterior mexicana quienes pugnaban por una integración casi ilimitada con EE. UU., que preservara solo formalmente los factores constitutivos de la Nación.

En este desenlace influyó el prestigio ganado por México en el escenario internacional por posiciones tales como la condena a la invasión italiana de Abisinia en 1935; el apoyo a los republicanos españoles y a los emigrados de su guerra civil y su defensa de la autonomía y autodeterminación de los pueblos, paradigmas de la Doctrina Estrada, por ejemplo.

Sin embargo, la moneda también contaba con una cara controversial, que demuestra el peso específico que los intereses de EE. UU. tenían en las decisiones de los países del área.

En 1962, durante la Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada en Punta del Este, Uruguay, se aprobaron cuatro resoluciones acerca de Cuba:

Que la adhesión de cualquier miembro de la Organización de los Estados Americanos al marxismo-leninismo “… es incompatible con el Sistema Interamericano y el alineamiento de tal Gobierno con el bloque comunista quebranta la unidad y solidaridad del hemisferio.”

Que el actual Gobierno de Cuba, que oficialmente se ha identificado como un Gobierno marxista-leninista “…es incompatible con los principios y propósitos del Sistema Interamericano.”

Que esta incompatibilidad “…excluye al actual Gobierno de Cuba de su participación en el Sistema Interamericano”.

Que el Consejo de la Organización de los Estados Americanos y los otros órganos y organismos del Sistema Interamericano “…adopten sin demora las providencias necesarias para cumplir esta Resolución.”

México no dio su aprobación a esas resoluciones, pero su voto no fue en contra de ellas sino de abstención, lo que redujo el brillo que los panegiristas del gobierno mexicano entonces le festinaron, además coincidió con otros cinco miembros de la OEA, frente 14 a favor de la expulsión de Cuba del sistema interamericano y uno solo en contra; el de la propia Cuba.

Esta actitud, discretamente autónoma, mostró que el PRI-Gobierno sabía administrar el ejercicio de la soberanía nacional y ejercer una autonomía tolerable para EE. UU., la que podía sobre ensalzarse mediáticamente hasta hacerla parecer la demostración palmaria de una soberanía principista, sin concesiones tácticas, todo ello sin incomodar demasiado al gobierno norteamericano.

El PRI-Gobierno se abstuvo de apoyar la iniciativa norteamericana para expulsar a Cuba de la OEA, pero ese margen de autonomía no alcanzó para asumir una posición de principios: denunciar la inquisitorial condena ideológica que atropellaba la soberanía cubana y rechazar sin ambages la exclusión de un miembro de la OEA por adoptar autónomamente el sistema económico, político y social que decidiera.

En ese esquema de medias tintas, apariencias públicas y entregas en privado, el Poder Ejecutivo Federal concedía a EE. UU. intromisiones inconfesables en asuntos internos, como el fichaje, por agentes norteamericanos, de todos los pasajeros de aerovuelos entre México y Cuba.

En ese sentido, existen pruebas documentadas del intercambio de información y la realización de operaciones conjuntas entre organismos de los gobiernos de México y EE. UU. para mantener a los grupos pro-socialistas nativos bajo control y vigilancia permanentes, tanto en sus actividades locales como en las relaciones con sus homólogos extranjeros.

El pronorteamericanismo de los gobiernos priístas nunca fue plenamente satisfactorio para los gobernantes de EE. UU., pero le parecía excesivo e intolerable a la oposición mexicana.

La salvaguarda de la soberanía nacional en la política exterior mexicana nunca fue suficiente ni satisfactoria para los opositores del PRI-Gobierno, destacadamente los militantes pro-socialistas, pero resultaba más que incómoda al gobierno norteamericano.

Pendular entre ambos extremos no fue una cualidad plausible del PRI-Gobierno, quien presentaba el asunto como un esfuerzo por preservar dignamente la independencia nacional en medio de dos colosos forcejeando, cuando sólo fue un ardid que formaba parte del herramental con que gobernó el autoritarismo durante casi setenta años.

El Estancamiento Político y Social

La antidemocracia y el autoritarismo que el PRI-Gobierno impuso en la cotidianidad nacional, estancaron el desarrollo ciudadano; convirtieron los valores y métodos del PRI-Gobierno en un fenómeno político-cultural que afectó la autoestima ciudadana hasta hacerle perder la confianza en sus capacidades individuales y colectivas.

La respuesta social espontánea al modus operandi del Sistema Político pasó de la pérdida de confianza en las intenciones declaradas de los políticos a la pérdida de consideración y respeto para las instituciones y la política, lo que provocó la parálisis política de México durante un largo periodo.

Al iniciarse la segunda mitad de la década de 1960, la oposición con registro electoral resultaba irrelevante ante las dimensiones del corporativismo que se imponía desde el gobierno al movimiento obrero-sindical; al campesinado y a los sectores populares, principalmente urbanos, y que incluía la obligación de afiliarse y militar en el PRI.

Esos sectores fueron el trípode sobre el cual el PRI construyó la amplísima estructura de alianzas con que controló la integración de los poderes Legislativo y Judicial estatales y nacionales y los convirtió en dóciles servidores del Poder Ejecutivo Federal en turno.

Esa asfixia antidemocrática aquejaba también a la libertad de expresión en la prensa, la radio y la televisión, cuyos contenidos estaban sujetos a la peor censura: la autoimpuesta por temor; a las libertades de reunión, tránsito y asociación vecinal y gremial y a la libertad de cátedra.

La inquietud política de la juventud estaba destinada fatalmente a incorporarse a las opciones del Sistema Político, que no eran otras que las del PRI-Gobierno, de otra manera su marginalidad la condenaba al fracaso de todos sus proyectos y a la frustración de sus aspiraciones.

Las conductas, modas, vestimenta, literatura, música y relaciones juveniles eran condenadas, bajo acusaciones lapidarias e intolerantes, por un aparato propagandístico gubernamental que imponía una visión unilineal, rígida y obsoleta de la convivencia social.

La ideología dominante otorgaba el cargo honorífico de herederos de las heroicas gestas nacionales al Presidente de la República, a los funcionarios de primer nivel y a otros de sus cuadros políticos y a La Revolución Mexicana y su lema de Justicia Social el de paradigmas inmutables y perennes de su exclusiva propiedad.

En contraparte, toda crítica que cuestionara o negara legitimidad y veracidad a ese sistema articulado de afirmaciones insatisfactoriamente comprobables, era calificada de extranjerizante, sospechosa, reaccionaria o comunista, acusación, esta última, que solía anteceder al linchamiento político.

Este formato de montaje, rutinario en sus protagonistas, guiones y escenografías, fue suscrito por el desbordamiento de los acontecimientos ocurridos en diciembre de 1968 en el pueblo de San Miguel Canoa, Puebla, donde una turba azuzada sistemáticamente por el discurso anticomunista del sacerdote lugareño, ante la pasividad de las autoridades locales linchó a varios paseantes universitarios que pernoctaban en ese lugar, por considerarlos sospechosos de ser comunistas.

Hechos de igual origen y resultados similares fueron frecuentes entre segmentos sociales escolarmente frágiles, debido a las campañas propagandísticas anticomunistas del PRI-Gobierno y de los sectores religiosos más conservadores.

En el marco de la Guerra Fría, el gobierno norteamericano demandaba al gobierno mexicano demostraciones de compromiso y acciones más eficaces en el combate y aislamiento de sus adversarios, presiones a las que se respondía con periódicas detenciones de reales o supuestos pro-socialistas y comunistas, bajo cargos incomprobables y durante periodos relativamente cortos.

La Importancia Coyuntural de los XIX Juegos Olímpicos de la Era Moderna

En este entorno externo e interno, en 1963 México recibió la encomienda de realizar los XIX Juegos Olímpicos de la Era Moderna a inaugurarse el 12 de octubre de 1968, cinco años después.

Durante esos cinco años el PRI-Gobierno llegó a la convicción de que su desempeño satisfactorio en la realización de ese evento le ganaría el reconocimiento suficiente para elevar su calificación y recibir inversiones y apoyos crediticios externos adicionales.

Internamente los beneficios más sustanciosos derivaban de la reproducción del PRI-Gobierno, mediante su continuidad en la Presidencia de la República durante el periodo inmediato siguiente; 1970-1976.

Esta prolongación resultaba de gran valor porque mantendría la capacidad de mando del Poder Ejecutivo Federal entre sus homólogos estatales y reforzaría la alianza de las élites empresariales con el PRI-Gobierno.

La alianza resultaba mutuamente beneficiosa; el empresariado recibía exenciones fiscales y apoyos subsidiarios en los precios de algunos bienes y servicios del sector público como tarifas eléctricas, de transporte y combustibles, y la implantación de políticas laborales donde los sindicatos eran controlados por la gerontocracia omnímoda y pro patronal del Sector Obrero del PRI-Gobierno.

En el intercambio externo, el arbitraje comercial gubernamental impulsaba, con éxito desigual, regulaciones proteccionistas que atenuaban la voracidad del capitalismo norteamericano y compensaban la baja productividad de una industria nacional poco competitiva.

El equilibrio se sostenía gracias al apoyo político de las élites económicamente dominantes; este soporte consistía en suscribir las estrategias gubernamentales de desarrollo económico mediante inversiones y en liturgias políticas de adhesión y reconocimiento público al PRI-Gobierno.

En su estrategia de contribuir ad perpetuam al control hegemónico del PRI-Gobierno, el Gobierno Federal (1964-1970), encabezado por Gustavo Díaz Ordaz Bolaños (GDOB), empeñó todo su prestigio y peso político en el objetivo de resolver exitosamente, a cualquier precio, el evento deportivo más reconocido internacionalmente; después actuaría como si en ello le fuese su paso a la historia.

Al PRI-Gobierno le resultaba decisivo demostrar capacidad ejecutora, en los plazos comprometidos con el Comité Olímpico Internacional, para resolver la disponibilidad de la infraestructura que requería el evento, por lo que a ello se destinaron importantes recursos adicionales, bajo el argumento de que al fin de las Olimpiadas ella tendría aplicaciones utilitarias de beneficio social.

El Poder Ejecutivo Federal orquestó a los gobiernos estatales; a los poderes Legislativo y Judicial, estatales y federales, a todo el aparato de masas del PRI-Gobierno y al personal diplomático acreditado en el extranjero para hacer propaganda a la consigna más importante del periodo presidencial de GDOB: “Los XIX Juegos Olímpicos de la Era Moderna serán exitosos porque demostrarán el éxito de México.”

El Sistema Político puso en tensión todas sus fuerzas para garantizar el cumplimiento del patriótico y enérgico compromiso del Presidente de la República; ese era el tono en el discurso de los políticos y funcionarios gubernamentales inscritos en el PRI-Gobierno.

Las Causas de la Tragedia

La cronología de los acontecimientos ocurridos en México del 26 de julio de 1968 hasta la liberación de quienes fueron encarcelados bajo diversos cargos vinculados con el Movimiento Estudiantil de 1968, más de tres años después, y las secuelas de esos hechos, denominadas la Guerra Sucia, elaborada por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), pormenoriza suficientemente lo sucedido y apuntala sus conclusiones con ejemplos jurídicamente demostrados, lo que hace innecesario reiterarlos en este documento.

Desde el inicio del Movimiento Estudiantil de 1968, el PRI-Gobierno y sus voceros tanto oficiales como informales, esto es; los medios de comunicación uncidos por disciplina, coerción o voluntad a la línea propagandística gubernamental, denunciaron que el origen de los disturbios era la manipulación de la juventud, específicamente del estudiantado, por agitadores y vende patrias comunistas adultos y por adolescentes hijos de hogares destruidos por la drogadicción, equiparación maliciosa que no ocultaba sus intenciones denostadoras.

Las diferencias entre las múltiples caracterizaciones y calificativos que se asignaron a tales acusados son de matiz, lo que no niega sino reconoce la diversificación de la intención infamante y linchadora que contienen.

Desde antes del Movimiento Estudiantil de 1968, la vocación y estilo de ejercer el poder del PRI-Gobierno fueron los que resultaban útiles a una política económica que sobreprotegía a la inversión privada, nacional y extranjera a costa del bienestar de los trabajadores, como ocurrió con la represión mediante encarcelamiento y despido de los integrantes de La Caravana del Hambre de los mineros de Nueva Rosita, Coahuila, en 1950.

En esa década y con los mismos objetivos, el PRI-Gobierno reprimió y encarceló a telegrafistas, maestros y ferrocarrileros, vilipendiando a quienes demandaban pacíficamente el respeto a las garantías constitucionales y mejoras salariales.

En este marco se entienden las razones que tuvo el PRI-Gobierno en 1962 para asesinar al comunista y agrarista Rubén Jaramillo, junto con su esposa y sus tres hijos, homicidios impunes de los cuales nunca se levantó investigación oficial alguna.

La política y las respuestas del PRI-Gobierno a los movimientos sociales, respondían a la lógica y prioridades estratégicas de la Guerra Fría, donde la inconformidad política y/o gremial era sospechosa de formar parte de “La Gran Amenaza Comunista de Acabar con el Mundo Libre."

Para el bloque capitalista ese era el enemigo y la lucha principales; así, el PRI-Gobierno alineó a México en tal esquema sin advertir los riesgos asociados a ese error.

En 1968, bajo la batuta del PRI-Gobierno, la mayoría de los medios privados reprodujo las consignas norteamericanas prototípicas de la Guerra Fría contra supuestos contingentes de traidores a la Patria por ser comunistas, además de vagos y drogadictos.

La plataforma propagandística del PRI-Gobierno consistió en la repetición, permanente y sin pruebas, de acusaciones que concitaban repudio y odio de la sociedad contra sus opositores y críticos.

Al agravarse el conflicto y según los diagnósticos gubernamentales, se adicionaron calificativos que subían el tono y gravedad de las acusaciones: “…demagogos; profanadores de símbolos patrios; violadores; comunistas vende patrias; incendiarios; terroristas; francotiradores asesinos…”

En las condiciones del desarrollo político actual, resulta inquietante reconocer la gravedad que implica el que las instituciones del Estado, destacadamente los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, hayan ejecutado y dirigido públicamente esa campaña, con la complaciente colusión de la mayoría de los medios de comunicación.

Desde sus orígenes, el PRI-Gobierno no supo cómo conducir el desarrollo del conflicto hacia una solución legal y democrática porque carecía de la experiencia, capacidad y voluntad para hacerlo de esa manera, además de que no existía una fuerza política, social, partidista, gremial o de cualquier otra índole capaz de obligarlo a cambiar su discurso y estilo de gobernar.

La falta de esa fuerza canceló toda posibilidad de una solución democrática y equilibrada; el Presidente de la República impuso su autoritarismo y desplegó todos los recursos del PRI-Gobierno para impedir que prosperara una posición intra e/o intergubernamental respetuosa del Estado de Derecho, tolerante y conciliadora, capaz de rectificar la trayectoria de represión que llegó hasta la cúspide con el aplastamiento el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.

Fiel a las rutinas que durante años le permitieron gobernar sin una oposición real, manteniendo el control de todos los movimientos sociales y gremiales mediante cooptación, corrupción y/o represión, el PRI-Gobierno supuso que no había razón para correr los riesgos innecesarios que le suponía optar por soluciones políticas innovadoras y empleó sus viejas fórmulas.

Estas eran las propias de la Guerra Fría, que le habían ganado el control interno, manteniéndolo autoritariamente en el poder y contando con el apoyo que el gobierno de EE. UU. siempre otorgó a la docilidad de quienes acataban sus dictados para enfrentar a sus adversarios; los comunistas.

En la Guerra Fría, las consignas y tácticas del bloque capitalista partían de un hecho incontrovertible: el adversario comunista era real, vigoroso y hábil a escala mundial; poseía cuantiosos recursos y ejércitos poderosos con armamento moderno; uno de cada tres seres humanos vivía en regímenes socialistas y sus economías aún no estaban en crisis.

Ante ese escenario, resultaba incuestionable la conveniencia táctica del conflicto bélico focalizado; de la maniobra propagandística; del espionaje y de otras formas de confrontación irreconciliable, porque bajar la guardia significaba el inicio de la derrota final para cualquiera de los dos adversarios.

Pero en ocasión del Movimiento Estudiantil de 1968, las cosas se complicaron debido a un error en el análisis estratégico del PRI-Gobierno; lo que resultaba razonable para los intereses de EE. UU. a escala mundial en la lógica de la Guerra Fría, no resultaba una orientación táctica razonable para el PRI-Gobierno en México, desde antes y durante el Movimiento Estudiantil de 1968, ya que aquí no se reproducían las condiciones de la confrontación antagónica entre capitalismo y socialismo.

El Movimiento Estudiantil de 1968 nunca tuvo un contenido revolucionario, de sustitución del modelo económico-político o de toma del poder; sus demandas se limitaban a reclamar respeto a las garantías constitucionales, restitución del Estado de Derecho y enjuiciamiento a los culpables del desbordamiento de la represión, demandas sintetizadas en el Pliego Petitorio de los Seis Puntos, carente de todo tono comunista.

Los comunistas y simpatizantes del socialismo eran un conjunto insignificante comparado con la talla e influencia del corporativismo de la sociedad que acompañaba al PRI-Gobierno desde su nacimiento: los Tres Sectores del PRI; Obrero, Campesino y Popular eran las más fuertes y representativas organizaciones de masas en México durante ese periodo.

Como ocurría desde sus orígenes fundacionales, las descalificaciones y divisiones entre las agrupaciones socialistas y comunistas mexicanas les ahorraban trabajo a los servicios de inteligencia de EE. UU. y a la policía política mexicana; su sectarismo caníbal las inhabilitaba para rebasar su lastimera marginación y estar en condiciones de competir por el apoyo de la sociedad hasta convertirse en una alternativa de poder.

A pesar de la propaganda desatada en la Guerra Fría, los comunistas y algunos destacados socialistas mexicanos gozaban del reconocimiento y respeto de diversos sectores sociales y políticos, hasta dentro del PRI-Gobierno, a condición de que esas simpatías no se hicieran públicas.

A ello contribuía la entonces reciente gesta de la Revolución Cubana, el antinorteamericanismo popular y las actitudes férreamente militantes y principistas de comunistas que no se doblegaban ni por la cárcel ni ante la muerte, lo que prestigiaba al gremio.

Pero ni siquiera esas características eran suficientes para suponer que comunistas y socialistas estaban en condiciones de disputar el poder al PRI-Gobierno.

Cuando el PRI-Gobierno aplicó al Movimiento Estudiantil de 1968 las medidas tácticas y operativas dispuestas por EE. UU. para la Guerra Fría contra su adversario a escala mundial, el PRI-Gobierno empezó a cometer el error que algunas semanas después lo convertiría en genocida, según las conclusiones que al respecto presentó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP.)

El contenido medular de lo ocurrido entonces no se limita al error del PRI-Gobierno de aplicar en México una estrategia propia del escenario internacional, en el ámbito interno nacional donde esa confrontación sencillamente no existía, porque el peso específico de los socialistas, comunistas y sus simpatizantes en el conjunto social era irrelevante y marginal.

La gravedad de lo ocurrido fue que la aplicación de la estrategia de la Guerra Fría no sólo bloqueó el debate democrático, leal a las instituciones y la legalidad, el que antecede y permea los procesos electorales modernos, sino que se empeñó en la denostación y el linchamiento del Movimiento Estudiantil de 1968, acusando a sus simpatizantes y dirigentes de servir a una potencia extranjera, traicionar a la Patria y pretender atentar contra las instituciones de la República.

Estos cargos infamantes formaron el núcleo de las campañas propagandísticas del PRI-Gobierno y su brazo ejecutor, el Sistema Político; fueron alimentados por múltiples integrantes de los Tres Poderes de la Unión, sin que sus órganos oficiales deslindaran opiniones de sus miembros respecto de posturas institucionales; nunca fueron investigados; jamás se comprobaron ni, menos aún, fueron desmentidos o retirados.

Hasta la fecha, cuando se ha afirmado institucionalmente que en México se cometió genocidio y a pesar de la alternancia política que acabó con setenta años de hegemonía del PRI, el Estado Mexicano no ha asumido que terminar con la impunidad, reparar los daños y divulgar la verdad histórica es indispensable para restituir la justicia, la dignidad de las instituciones y rescatar la confianza social en la ley y la impartición de justicia.

El PRI-Gobierno tomó la ruta sin retorno de liquidar ejemplarmente al Movimiento Estudiantil de 1968 no solo por sus demandas democráticas y antiautoritarias, sino también por sus cualidades didácticas, demostrativas de que la oposición legal y leal era viable y eventualmente podría ser exitosa; le resultó intolerable y le hizo entrar en pánico la posibilidad de que la sociedad pudiera aprender a rebasar sus instrumentos de gobernabilidad autoritaria.

Las acusaciones contra el Movimiento Estudiantil de 1968 fueron infames y sin sustento, el PRI-Gobierno recurrió a ellas por fidelidad al manual norteamericano de instrucciones anticomunistas y por miopía, pero en algo le asistía la razón: el efecto demostrativo para la sociedad resultaba tan aleccionador como demoledor e inaceptable para sus intereses; volvía obvio que el autoritarismo podía ser derrotado políticamente, sin recurrir a la violencia revolucionaria, mediante la sustitución democrática del Sistema Político.

Esa fue la razón por la cual todo el peso del Estado cayó sobre los adherentes, protagonistas políticos y dirigentes del Movimiento Estudiantil de 1968; de lo que se trataba era de dar un escarmiento público definitivo, por eso el empleo de toda la contundencia del aparato administrativo y político de las instituciones y la perversión de involucrar al legítimo monopolio constitucional de la fuerza del Estado en el crimen a mansalva.

El Sistema Político con que el PRI-Gobierno ejercía el mando nacional y garantizaba la continuidad de su hegemonía, tenía por pilar la autoridad totémica del Presidente de la República en turno, a quien urbi et orbi se le reconocían capacidades metaconstitucionales para resolver decisoria e inapelablemente todo tipo de controversia.

En la historia de México, la aceptación y el reconocimiento ampliado de esa facultad convertía al puesto de Presidente de la República en un sitial anhelado hasta la obsesión patológica, por el cual se cometieron reiterados crímenes.

Igual que sus antecesores del post porfiriato, Gustavo Díaz Ordaz Bolaños (GDOB) estuvo investido de ese poder extrajurídico, al que reiteradamente se refería como fuerza y carácter para dirigir los destinos nacionales.

Al parecer, a la vista de las decisiones que tomó, GDOB empeñó todo su capital político en la consecución de un solo objetivo: realizar exitosamente los XIX Juegos Olímpicos de la Era Moderna a cualquier precio, inclusive la comisión de genocidio, según afirmación de la FEMSPP.

La mecánica operativa que se desarrolló para acabar con el Movimiento Estudiantil de 1968 se detalla en los manuscritos del entonces Secretario de la Defensa Nacional, General Marcelino García Barragán, recopilados en el libro Parte de Guerra, de C. Monsiváis y J.S. García.

Esa no fue una decisión apresurada, así lo indica el haber obtenido la sumisión de los poderes Legislativo y Judicial Federales y estatales; el sometimiento de los tres órdenes de gobierno, Federal, Estatal y Municipal a escala nacional; el respaldo inamovible de los Sectores Obrero, Campesino y Popular del PRI; la complicidad de la casi totalidad de los medios de comunicación, y la complacencia de las jerarquías religiosas y de las representaciones empresariales, entre otras.

En 1968 las relaciones entre estos centros de poder se desvirtuaron hasta convertirse en contubernio, atentatorio para las instituciones republicanas y los intereses sociales, cuando dócilmente cumplieron los mandatos que GDOB les señaló para que se realizaran exitosamente los XIX Juegos Olímpicos de la Era Moderna.

El genocidio cometido en ocasión del Movimiento Estudiantil de 1968 es una de las peores desgracias que le han ocurrido a México, muchos de los principales responsables ya han muerto, pero lo más importante, lo que pone en cuestión la dignidad nacional, es la vergüenza y descrédito que aún ensucian a las instituciones de la República por el sometimiento cómplice que sus responsables ofrendaron al autoritarismo gubernamental y por la impunidad que aún los cubre.

Por la Verdad y el Fin a Cincuenta Años de Impunidad

Se cumplen 50 años del movimiento estudiantil de 1968, uno de los sucesos más ominosos en la historia de la democracia nacional.

Mucho ha cambiado desde entonces: ahora existen libertades de prensa, manifestación y asociación política y los resultados de los procesos electorales son tan veraces como nunca lo fueron.

A la fecha el Sistema Político está desdibujado y parece agónico; el presidencialismo autoritario ya no existe y la división y autonomía de los Tres Poderes de la Unión es una realidad preciada e indiscutible.

Hoy, superando sus indefiniciones y subdesarrollo, las fuerzas políticas determinantes son leales a la democracia; aún en sus más ríspidas controversias, los contendientes políticos asumen la supremacía de la ley y acatan los dictados de las instituciones, lo que refuerza la estabilidad y la paz interna.

Sin embargo, a otros rezagos se suma uno que desde hace cincuenta años enturbia la relación entre gobernantes y gobernados: aquellos no han cumplido su juramento de lealtad a la Constitución, unos por sus actos y otros por sus omisiones.

Desde el inicio del Movimiento Estudiantil de 1968, las decisiones de los funcionarios responsables demuestran que, motu proprio o por consigna, han asumido encubrir los delitos cometidos por el Estado.

La verdad jurídica e histórica sobre el Movimiento Estudiantil de 1968 no le pertenece a quienes han gobernado desde hace 50 años; no le pertenece al Poder Legislativo la información contenida en su Diario de Debates y otras fuentes sobre los llamamientos para linchar comunistas, a quienes acusó de engañar y envenenar la mente de la juventud.

En ese entonces la infamia tenía graduación: parecer sospechoso de simpatizar con el comunismo era riesgoso; ser acusado de comunista implicaba cargos de dipsomanía, terrorismo y homicidio; aceptar ser comunista era la confesión de ser traidor a la Patria.

El Poder Judicial ha omitido revisar su actuación y sancionar a los jueces y magistrados que, por acatar las órdenes del Titular del Poder Ejecutivo, violaron los derechos y la libertad de cientos de inocentes: declararme militante del Partido Comunista Mexicano me costó mil días de cárcel.

Igual que sus antecesores, el actual Presidente de la República no ha respetado su protesta de “…cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella dimanan…”

Lo ocurrido es parte de la historia de los mexicanos, parte de la historia nacional robada por funcionarios sexenales; mantener ese atraco es prolongar el atentado contra el Estado de Derecho que aplastó al Movimiento Estudiantil de 1968.

Durante el Movimiento Estudiantil de 1968 la sociedad quedó indefensa ante el autoritarismo del Titular del Poder Ejecutivo debido a la colusión que recibió de los poderes Legislativo y Judicial.

Se cometió un crimen de Estado porque los Tres Poderes de la Unión, desde las atribuciones de cada uno, rompieron el Estado de Derecho, lesionando así los fundamentos de la República.

El crimen de Estado cometido durante el Movimiento Estudiantil de 1968 requiere de una respuesta de Estado; no se ha dilucidado a los mexicanos lo ocurrido; su significado, origen, evolución, actuaciones de autoridades militares y civiles y responsabilidades gubernamentales.

El Poder Legislativo no ha retirado sus acusaciones de “…traición a la Patria y conjura contra las instituciones…” que lanzó contra comunistas y opositores ni sus denuncias de que el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Javier Barros Sierra, actuó contra los intereses nacionales.

El Poder Judicial no ha investigado ni sancionado a los jueces y magistrados que violaron la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al infamar, perseguir y encarcelar a cientos de estudiantes y opositores del autoritarismo, por acatar los dictados del Poder Ejecutivo.

Los crímenes cometidos en el Movimiento Estudiantil de 1968 pueden repetirse hoy o mañana, con similar impunidad, porque no se ha cumplido el mandato de ley que ordena implantar medidas para garantizar que no se repetirán.

Al negarle a la sociedad su derecho a conocer lo que ocurrió, los sucesivos gobiernos han impedido la aplicación de la justicia a los responsables: tan soez impunidad es producto de la omisión de aquellos a quienes se encargó aplicar la ley.

Para escamotear la verdad y hacer aparecer a la impunidad como parte de la normalidad democrática, se habla del 68 como una serie de “cruentos acontecimientos”; como si hubiera sido una catástrofe natural donde no hay responsables; como una rebelión juvenil ante el autoritarismo paterno-familiar y como una pirotecnia que subió, estalló en mil colores entre música estridente y ahora es tema de “conversatorios” en asilos para seniles.

La represión destruyó la vida familiar y social de cientos de mexicanos y la omisión cómplice ha impedido la reparación del daño, derecho que está contenido en la ley.

Participando en el enorme caudal mundial impulsor del fortalecimiento y la protección a los derechos humanos, en México se decretó la Ley General de Víctimas el 9 de enero de 2013 y el 3 de mayo de ese año se creó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), como garante principal de la observancia de esa ley.

Esa base jurídica y esas capacidades institucionales han sido manipuladas por los funcionarios de esa institución, al grado de que, junto con la Procuraduría General de la República (PGR) impiden la aplicación de la Ley General de Víctimas.

La CEAV obstruyendo deliberada y pertinazmente la aplicación de esa ley durante casi cuatro años y la PGR negando a los denunciantes el acceso a la averiguación previa AP/SIEF/CGI/262/2007, integrada por el delito de genocidio, y que ella dice mantener “en trámite” desde hace doce años para impedir que las víctimas la conozcan y puedan fundamentar y motivar sus denuncias.

Luego de 50 años sigue pendiente la restitución del Estado de Derecho en México: la divulgación de la verdad, la aplicación de la justicia y la reparación al honor y los intereses de las víctimas sobrevivientes es la trilogía indispensable e inmediata.

El rescate de la memoria histórica del 68, la exigencia de tener acceso a la averiguación previa AP/SIEF/CGI/262/2007 y la defensa jurídica de las víctimas sobrevivientes de la represión, estudiantes o no, son imprescindibles para impedir el olvidó y acabar con la impunidad

Los mártires y caídos del 68 están presentes en cada joven que se esfuerza para formar una familia y vivir con bienestar y tranquilidad, a las víctimas sobrevivientes nos corresponde honrarlos empeñándonos en que la ley se cumpla.

Igual que en el 68: democracia y cumplimiento de la ley.

 

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