Caso Nuevo Laredo: Sedena paga a víctimas, pero no detiene a culpables

A un año del caso Nuevo Laredo los soldados involucrados siguen operando en calle, y las investigaciones judiciales no avanzan. La CNDH recibe quejas de familiares supuestos criminales muertos que reclaman ejecución arbitraria

Caso Nuevo Laredo: Sedena paga a víctimas, pero no detiene a culpables
Valentina va a la tumba de su hijo a toda hora. Pide al cuidador del panteón que la limpie y le ponga agua. Foto: Valente Rosas/ EL UNIVERSAL.
Nación 01/07/2021 01:57 Íñigo Arredondo Actualizada 18:27
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La Secretaría de la Defensa Nacional logró en once meses llegar a un acuerdo económico con la familia de los tres jóvenes, civiles, quienes murieron a disparos del ejército el 3 de julio de 2020, pero no ha detenido a un solo militar por sus asesinatos. Los soldados involucrados seguirán en labores normales hasta que se demuestre su responsabilidad. 

La madrugada del 3 de julio del 2020 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, hubo un enfrentamiento entre militares y civiles. Los soldados declararon ante el Ministerio Público que después de una agresión, a las dos de la mañana, repelieron el ataque disparando a civiles armados a bordo de una camioneta pick up y que el enfrentamiento terminó en 12 civiles armados muertos. Tres de ellos vestidos de civil y nueve con equipo táctico. 

A la siguiente semana EL UNIVERSAL reveló que tres de los 12 eran jóvenes secuestrados que murieron a manos del ejército y también un video del operativo donde no se ve reacción de los civiles armados, y a pesar de órdenes de cesar el fuego, los soldados continúan disparando. Hasta que al final del video se ve cómo una persona se mueve dentro de la caja del pick up, los soldados apuntan con su armas y lámparas, y se escucha gritar a un soldado, “mátalo a la verga”. 

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Los soldados declararon el mismo 3 de julio que sus cámaras no funcionaban, que estaban apagadas. Pero el video proviene de una de estas cámaras que los soldados tienen que portar cuando hacen operaciones en la calle. 

Los soldados fueron citados a declarar después de la publicación de este video luego que el General Secretario Luis Crescencio Sandoval ordenó la investigación interna y la plena colaboración con la Fiscalía General de la República. Varios de los elementos niegan saber quién es el soldado que grita, “mátalo a la verga”. Los soldados declararon que no estaban en la zona, que no veían por la poca luz o que no sabían de quién era esa voz. 

Y ninguno de los 24 elementos entrevistados precisa si la persona que se mueve en la caja fue atendida por servicio médico, u omiten mencionar que alguien se mueve en la caja. El ministerio público tampoco pregunta. Sólo les presenta el video con una duración de 4 minutos y 16 segundos y espera comentarios de los soldados.  

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A la par de las entrevistas a los 24 soldados que participaron en los hechos, tres familias de las víctimas que murieron a mano de soldados, fueron contactados por elementos del ejército para ofrecerles un acuerdo económico basado en el artículo 72 de la Ley General de víctimas que dice: La obtención de la compensación subsidiaria no extingue el derecho de la víctima a exigir reparación de cualquier otra naturaleza. De acuerdo con el abogado de las víctimas, Martín Alvarado. 

Después de semanas de negociación se acordó un monto, y dos de las tres familias aceptaron y meses más tarde aceptaría la última familia. Es en las reuniones celebradas en septiembre, octubre, noviembre y diciembre cuando hay mayor aportación de pruebas en la carpeta de investigación, consultada por este medio. 

Para ese momento dos familias ya habían aceptado el acuerdo. La última aceptaría meses más tarde, pero la aportación de pruebas ha sido más lenta. Dos terceras partes de la información recopilada en la carpeta de investigación está en los meses de julio a diciembre, después de esto, se integran muy pocas evidencias nuevas. 

El hecho de que elementos del ejército se acerquen con las víctimas a ofrecer un acuerdo económico representa para Santiago Aguirre, director del Centro ProDh, que no hay un mensaje institucional de cómo entender a las víctimas. “La Sedena, la Marina y la Guardia Nacional empiezan a apartarse de lo que generó la ley general de víctimas y la existencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Es una práctica institucional que va a bajar, quizá, los número de denuncias, recomendaciones, pero que no será efectiva para generar disuasores a estas violaciones a DH”. 

Todo el personal militar que integra el Bom Laguito II, quienes participaron en el evento del 3 de julio, ha estado en agresiones por parte de civiles armados del 2016 al 2020. Mínimo una y máximo 12. Los años con mayor número de enfrentamientos fueron  2016 y 2019. 

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La narración de los hechos, dentro de los documentos presentados por la Sedena a la defensa de las víctimas, es que en cada una de estas 185 agresiones entre 2014 y 2020, siempre los militares van circulando por la calle cuando un grupo de civiles les disparan, y ellos terminan, en defensa propia, repeliendo la agresión. En ninguna de las narraciones se precisa el saldo, pero en estos 15 años sabemos que lo más común, como ocurrió en Nuevo Laredo, son civiles armados muertos. 

Héctor, padre de Arturo, joven estudiante que murió la madrugada del 3 de julio, se sigue preguntando por qué los militares dispararon cuando ya no estaban recibiendo una agresión. “¿Por qué lo dañaron? Estamos hablando… es la adrenalina, están en defensa, pero por qué cuando ya una persona está inmovil, deshabilitada, por qué vienes tú a matarlo. No te da derecho. A nadie le da derecho… qué tan mal estamos”. 

La familia se mantiene viviendo entre Nuevo Laredo y Laredo, Texas, pero dice que ya está vendiendo todo para moverse de la ciudad tamaulipeca después de vivir por 50 años. No siente que sus otros hijos estén seguros. Sufre cada vez que alguno de ellos sale de la casa, y sigue preguntándose por qué les pasó esta desgracia. 

El padre de Ángel, otro de los jóvenes secuestrados muertos en el enfrentamiento, después del pago otorgado por la Sedena, se ha desvinculado de las otras familias; mientras que Raúl Tercero, padre del otro chico muerto, logró que el cuerpo de su hijo Damian fuera traslado a Chiapas, de dónde era originario, gracias a una petición que le hizo a la CEAV en los primeros meses de este año. 

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