La inicia este 2022 con más de 500 temas pendientes. Los legisladores necesitarían al menos un promedio de entre 17 y 18 reformas aprobadas por semana para terminar con este rezago.

La Constitución marca al menos dos periodos ordinarios. Para este 2022, el primero arranca el 1 de febrero y culmina el 30 de abril, para 13 semanas de trabajo legislativo. El segundo, se prevé del 1 de septiembre al 15 de diciembre, unas 16 semanas.

Sin contar con días de asueto o periodos vacacionales, se trataría de 29 semanas entre los dos periodos ordinarios de sesiones para resolver 518 pendientes.

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Entre los temas que quedaron en el tintero para ser vistos en San Lázaro destacan las reformas eléctricas y la político-electoral, las que tienen el sello de prioritarias para Morena, hasta las omisiones legislativas por mandato judicial, así como cientos de minutas que se avalaron en el Senado de la República y las cuales faltan por debatir en la Cámara de Diputados, y viceversa.

El tema prioritario será la reforma eléctrica, que estará sujeta a un amplio debate a través de parlamentos abiertos que iniciarán el próximo 17 de enero, y en los que participarán especialistas, académicos, empresarios, legisladores, así como representantes de la sociedad civil.

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco, ha reconocido que, al no contar con la mayoría calificada, deben buscar consensos con la oposición para lograr que la iniciativa presidencial en materia energética sea aprobada.

“Las reformas constitucionales serán nuestra prioridad y en eso vamos a trabajar. Haremos nuestra labor de convencimiento entre las demás fuerzas parlamentarias, es un trabajo que requiere tacto y oficio político, pero también mucha información”, declaró en entrevista.

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A la espera del Ejecutivo

En tanto, a la reforma político-electoral le aguarda un largo proceso de análisis, son más de 100 propuestas las que se han puesto en la mesa; sin embargo, se espera que sea el Ejecutivo quien mande una iniciativa en la materia, que sería acompañada por la bancada guinda y sus aliados de los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México (PVEM).

Además de esos temas, los legisladores deberán dar atención prioritaria a 15 resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con respecto a disposiciones jurídicas que tienen inconstitucionalidad, y cuyos plazos ya están vencidos o por vencer.

Destaca la expedición de la ley reglamentaria en materia de revocación de mandato, cuyo plazo venció el 30 de septiembre de 2021; también la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, cuya notificación llegó al congreso desde el 19 de febrero de 2019 y ya se prorrogó en tres ocasiones. El plazo para esta ley venció el 30 de julio de 2021.

De igual forma está en omisión la expedición de la Ley General de Comunicación Social, que regula y transparenta el gasto del Estado para publicidad en medios de comunicación, cuyo plazo para haberse expedido venció el pasado 15 de diciembre, entre otras.

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En la Cámara Baja se tiene una lista de 179 omisiones legislativas en torno a leyes que deben adecuarse a reformas realizadas en el pasado, como la armonización del Código Nacional de Procedimientos Civiles y la Ley Nacional de Justicia Cívica, por mencionar algunas.

Las atoradas en el Congreso

Del mismo modo, en el Congreso existen 324 minutas que se aprobaron en una de las Cámaras, pero que falta hacer lo propio en la otra. Destaca la armonizamos de la Ley Federal de Registros Públicos y Catastros, atorada en el Congreso desde 2014; también hay leyes para la detección de cáncer en la infancia y adolescencia, multas a quienes generen contaminación por ruido y castigo a quien altere, falsifique o adultere medicamento, entre muchas otras.

Al término del primer periodo de sesiones, el pasado 15 de diciembre, se instaló la Comisión Permanente, cuya primera sesión formal se realizará el próximo 7 de enero.