La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) advirtió que desaparecerla —como busca el presidente Andrés Manuel López Obrador en una iniciativa de reforma que pretende además fusionar 16 organismos descentralizados— violaría diversos tratados internacionales en materia anticorrupción que ha firmado el Estado mexicano.
En un documento interno al cual tuvo acceso EL UNIVERSAL se indica que algunos de los acuerdos que serían transgredidos serían la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE.
Se detalla que la Convención Interamericana contra la Corrupción, la cual destaca que fue el primer instrumento jurídico internacional en su tipo, y de la que México es parte, señala que para combatir la corrupción es necesario que los Estados adopten medidas para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas.
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“Cualquier retroceso en la materia puede significar una transgresión a los compromisos del Estado mexicano”, indica el documento del que este diario tiene copia.
La SESNA también recuerda que el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesicic), sistema anticorrupción de la OEA —que se enfoca a analizar los marcos jurídicos e instituciones de los Estados miembro de acuerdo con las disposiciones de la convención— enmarcó como “un avance destacado” la promulgación en julio de 2016 de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que fueron derivadas de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en mayo del año 2015.
“Así que cualquier cambio que desarticule, fracture o merme esta legislación será percibida como un retroceso”, señala.
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En el documento también se recuerda que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción establece como una de sus disposiciones que cada Estado parte garantizará la existencia de un órgano u órganos, según proceda, encargados de prevenir la corrupción, así como que cada Estado parte otorgará al órgano o a los órganos mencionados la independencia necesaria para que puedan desempeñar sus funciones de manera eficaz y sin ninguna influencia indebida.
En esta convención se enfatiza que “deben de proporcionárseles los recursos materiales y el personal especializado que sean necesarios, así como la capacitación que dicho personal pueda requerir para el desempeño de sus funciones”.
Colaboración con organizaciones internacionales
En el documento también se destaca que la SESNA ha consolidado su colaboración técnica con la Oficina en México del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y como resultado de ello se ha desarrollado el “Modelo para la Gestión de riesgos de corrupción en el sector público”, la “Metodología sectorial para la gestión de riesgos de corrupción en programas sociales” y la herramienta “Autodiagnóstico de riesgos de corrupción”.
Se afirma que estos instrumentos han permitido fortalecer la agenda de riesgos de corrupción en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción.
“La colaboración técnica con el PNUD en México ha permitido también consolidar agendas de trabajo en temas como integridad empresarial, ética púbica, perspectiva de género en el combate a la corrupción, entre otras”.
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Además, en el ámbito del desarrollo de políticas anticorrupción, la SESNA ha recibido el apoyo de la Cooperación Alemana (GIZ) y de la Agenda Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) en el marco del Fondo Conjunto México-Alemania.
“Dicho apoyo ha permitido a la SESNA desarrollar proyectos clave centrados en la implementación, seguimiento y evaluación de políticas anticorrupción; el desarrollo de capacidades de las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Nacionales y Estatales Anticorrupción, así como el fortalecimiento de la capacidad de dialogo entre las secretarías y organizaciones de la sociedad civil para el desarrollo de proyectos anticorrupción”.
El pasado 27 de enero se confirmó que el Presidente alista una reforma con la que busca que 16 órganos desconcentrados se fusionen con secretarías y dependencias federales, y desaparezca la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción; lo ahorrado se destinará a programas sociales.