El Consejo Supremo Hñahñu, conformado por indígenas migrantes de Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y Puebla, propuso a los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, así como a los congresos de los dos países, retomar una iniciativa de plan migratorio presentada desde 2005, que incluye permisos para más de medio millón de mexicanos al año para que viajen a trabajar en el sector agrícola, construcción, servicios e, incluso, como profesionistas, de forma temporal y sin el riesgo de caer en las redes del tráfico de personas y de morir.
La iniciativa, elaborada por el entonces diputado federal Roberto Pedraza, se mantiene en la “congeladora legislativa” y surgió después de las negociaciones de un amplio acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos, que en su momento Vicente Fox calificó como “la enchilada completa”, pero que fracasó después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
La iniciativa de reforma constitucional pretendía facultar a los estados y municipios para signar acuerdos regionales de carácter migratorio con sus homólogos de Estados Unidos, a fin de lograr un mecanismo de trabajo temporal seguro, eliminar el uso de coyotes y traficantes y garantizar que no ingresaran terroristas al país vecino.
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La propuesta fue presentada también en 2005 a la entonces gobernadora de Arizona, Janet Napolitano, así como a congresistas de esa nación. Sin embargo, ni el gobierno de Vicente Fox, ni de Felipe Calderón se interesaron en la iniciativa que permitiría frenar cientos de muertes cada año en la frontera norte.
“Han pasado 21 años de promesas de acuerdo migratorio. Hemos visto tragedias como las de San Fernando, con cientos de migrantes asesinados, recientemente la masacre de Camargo, el accidente de un tráiler operado por coyotes en Chiapas, con una veintena de fallecidos, y hace unas semanas, lo ocurrido en San Antonio, Texas, con 55 migrantes muertos, la mitad de ellos mexicanos”, dijo Pedraza.
En entrevista con EL UNIVERSAL, expuso que en dos décadas se pasó de la promesa de “la enchilada completa” de Fox a las caravanas de migrantes reprimidas por la Guardia Nacional y al control de la delincuencia organizada de las rutas migratorias, todo ello ante la pasividad de los gobiernos de México y Estados Unidos, que ahora prometen unas 200 mil visas temporales, pero no explican cómo y cuándo se realizará.
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“Hay el riesgo de que nuevamente nos quedemos con la enchilada incompleta si no hay una iniciativa desde México que garantice que los migrantes, que nuestros jornaleros, sean certificados por los municipios, los estados, que sean transportados, que se cuiden sus derechos humanos, se garantice su salario y que no sea una nuevo Programa Bracero de la 4T”, explicó.
La iniciativa llamada “10-2 o 5-1” busca concretar acuerdos de trabajo temporales de 10 meses de labores en Estados Unidos y dos de descanso en México (10-2) o bien, dos bloques de cinco meses allá y dos meses de vacaciones aquí (5-1,5-1) y tiene el propósito de evitar la desintegración familiar, mediante la llamada “migración circular”.
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