El deseo del Presidente Andrés Manuel López Obrador de desaparecer los organismos autónomos no es imposible pero tampoco sencillo, advierten especialistas.

La llamada “reforma administrativa” que pretende absorber las funciones de organismos autónomos a las secretarías del Gobierno se enfrentará con algunos muros que sortear: la propia Constitución y la defensa de una parte de la sociedad civil.

Para absorberlos no hay ninguna alternativa más que reformar la Constitución, explica Francisco Varela, Director de Gobernanza del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en entrevista para EL UNIVERSAL.

Una reforma de ese tamaño requiere una mayoría calificada en las dos cámaras del Congreso de la Unión y luego, la aprobación por una mayoría de los Congresos Estatales, añade Varela. Esa es la ruta para sortear los candados legales.

Y es necesario pasar este deseo por una reforma constitucional porque la autonomía de estos organismos está consignada en la Carta Magna.

"La pretensión de la reforma es claramente regresiva, no solamente violadora del artículo primero constitucional, sino de convenios y tratados que ha firmado México en la región. Aunque se reformara el artículo sexto, siempre queda lo que está previsto en el artículo primero constitucional", señala Jacqueline Peschard, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, en entrevista con EL UNIVERSAL.

Y además de los cambios a la Constitución, el plan del Presidente tendrían que sortear litigios tanto domésticos como internacionales que podrían llegar a ocurrir ante la desaparición de los organismos autónomos, señala Luis Carlos Ugalde, ex consejero del Instituto Nacional Electoral en entrevista para EL UNIVERSAL.

¿Fácil o difícil desaparecer a los autónomos?

Francisco Varela considera que en principio, el camino a la desaparición de los organismos autónomos es un proceso complejo, sin embargo, no es imposible que el presidente lo logre .

"Si el presidente toma esto como un tema que de verdad quiere impulsar potencialmente lo va a lograr. Estamos en un año electoral y la realidad es que el debate que ha planteado el presidente es que la existencia de estos órganos autónomos fuera contraria a la austeridad , como si fueran un despilfarro, un malgasto del dinero.

Entonces, es un argumento engañoso que realmente no debería de ser el centro del debate , el centro del debate es qué tipo de Estado queremos", apunta Varela.

"El terreno político que plantea este año electoral hace que algo que debería ser inaceptable, es decir, la eliminación de los órganos autónomos y su reconfiguración dentro del Poder Ejecutivo pueda llegar a ser políticamente viable", añade.

Al respecto, Luis Carlos Ugalde señala que aunque es un proceso difícil, no es imposible .

"Es un proceso difícil por la resistencia que habría en grupos de la sociedad civil , por la crítica que habría dela opinión de círculo rojo, los litigios que habría internacionales y domésticos".

Jacqueline Peschard apunta que el camino a la desaparición de los organismos autónomos no es un camino fácil y refiere a la fuerte y contundente respuesta de la sociedad civil y de la opinión pública que ha salido en defensa de dichos organismos.

¿Se ahorraría con su desaparición?

En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido que la desaparición de todos los organismos autónomos representaría un ahorro de alrededor de 50 mil millones de pesos. Sin embargo, Francisco Varela enfatiza que todos los órganos autónomos juntos en realidad representan menos de 1% del gasto establecido en el Presupuesto Federal.

"El Inai más o menos cuesta mil millones, mientras que el Programa de Pensiones para Adultos Mayores cuesta cien mil millones, es decir, en 2021 vamos a gastar en pensiones para adultos mayores lo que el Inai gastaría en cien años" señala Varela.

Por su parte, Jacqueline Peschard señala que en las estimaciones del presidente hay una confusión conceptual entre organismos autónomos y aquellos organismos que tienen cierta autonomía, además de una mala conceptualización de las funciones de dichos organismos.

Asimismo, la académica critica que se atropellen derechos fundamentales de los mexicanos por una cuestión de austeridad y expone que "con todo y la reducción en el ejercicio de derecho, la función pública tendría que crecer para poder atender las funciones de los organismos".

Para Luis Carlos Ugalde, el argumento del ahorro simplemente es un argumento falaz, ya que "en términos reales el ahorro es totalmente irrelevante" .

Fusionar organismos autónomos, un retroceso

Al respecto, varios especialistas, entrevistados por EL UNIVERSAL hace unas semanas, han denunciado que la eventual desaparición o fusión de órganos autónomos con secretarías y dependencias del gobierno federal sería un retroceso, un mero atentado contra la democracia con visos de concentración de poder.

Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, señaló que en democracia, la austeridad es necesaria, pero la concentración de poder no. De manera que hay que revisar con cuidado qué tanto de austeridad y eficiencia hay en dicha propuesta, y qué tanto de concentración de poder en la Presidencia de la República.

Por su parte, la directora de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC), Lourdes Morales Canales, subrayó que en el caso del Inai es un organismo políticamente incómodo para los poderes, pues los órganos autónomos son mecanismos de control y añadió que desde hace 30 años inició la pugna por defender el derecho de acceso a la información y la desaparición del órgano garante significa un retroceso democrático ganado a lo largo de décadas.

Mientras que Fernanda Ballesteros, coordinadora del Área de Regulación y Competencia Económica de México Evalúa, consideró que es una “muy mala idea” que el Presidente anexe el IFT a la SCT, ya que esto contraviene con acuerdos internacionales y se beneficiará a grandes empresarios.

Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), consideró que la desaparición de la SIPINNA dejaría en vulnerabilidad a los menores de edad, ya que el DIF tiene un perfil asistencialista que protege a menores desamparados, a diferencia de la SIPINNA que vigila y participa en la creación de políticas públicas en favor de la niñez.

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