Un enorme cuadro de Benito Juárez mira de frente al escritorio de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, la primera presidenta en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien logró romper lo “que parecía un inaccesible techo de cristal”.

Su amplia oficina en la avenida Pino Suárez, en el Centro Histórico, está rodeada de héroes de la patria, y luce como nunca: decorada con flores que dan cuenta que el espacio más importante del Poder Judicial de la Federación (PJF) es ahora ocupado por una mujer.

Desde ahí, la ministra de carrera judicial “toma las riendas” para llevar al Poder Judicial a una “reingeniería” al servicio de los mexicanos, bajo los principios de independencia judicial y unidad.

Desde su despacho, la presidenta del alto tribunal decide y realiza nombramientos que anticipan que las mujeres tendrán un papel fundamental en la SCJN y en el Consejo de la Judicatura Federal durante su presidencia de cuatro años.

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Así lo dejó de manifiesto con la designación de la magistrada Taissia Cruz Parcero como directora del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), y de Josefina Cortés Campos al frente de la Escuela Federal de Formación Judicial (EFFJ).

A un mes de asumir la presidencia de la Corte, Piña Hernández hará este domingo su presentación oficial ante los representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, en el marco de la conmemoración del 106 aniversario de la Constitución de 1917, en la ciudad de Querétaro.

No le gustan los reflectores ni la autopromoción, prefiere un bajo perfil, pues a decir de ella, le cuesta escribir sobre sus atributos y cualidades. Siempre pugna por decisiones colegiadas.

Sin embargo, como presidenta del Poder Judicial le toca encarar un momento de definiciones en lo inmediato y en el largo plazo.

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Justo en el arranque de su presidencia, deberá encabezar los esfuerzos para que el Máximo Tribunal haga hincapié sobre la constitucionalidad de temas tan importantes como el paquete de reformas en materia electoral impulsada desde el Ejecutivo federal, conocidas como el plan B , y que ha generado el rechazo de la oposición.

Así como el tema de la militarización, derivada de la cada vez más preponderante presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública y en tareas civiles.

Después de la pandemia de Covid-19, Piña Hernández revivió en la UNAM su primera profesión: la docencia, que estudió por imitación familiar, ya que su abuelo paterno, Malaquías Piña Jusué, fue maestro misionero en la época del exsecretario de Educación Pública, José Vasconcelos.

Su abuelo estableció la primera escuela rural federal en Hidalgo, y su padre comenzó su carrera de maestro normalista a los 15 años, pero la abandonó para irse a la entonces Escuela Nacional de Jurisprudencia.

Su madre también estudió en la Escuela Normal, pero enviudó joven con tres niñas, por lo que su profesión de maestra se convirtió en el medio de subsistencia que permitió sacar adelante a su familia.

Por influencia de su madre, y porque la docencia le aseguraría un empleo y una vida digna en el futuro, a los 18 años, Norma Lucía Piña ya era maestra. Su presentación como profesora fue dura y aleccionadora.

Se le dificultó ejercer autoridad ante un grupo de quinto, integrado por alumnos de hasta 15 años, en su mayoría hijos de trabajadores del Mercado de Santa Julia, con experiencias de vida vinculadas a la pobreza extrema.

Una lección inolvidable para una joven que apenas empezaba la docencia en el turno vespertino de la Escuela de Experimentación Pedagógica Manuel M. Acosta , anexa a la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Su máxima pasión como maestra era enseñar a leer y escribir. Impartir clase en la tarde le permitió comenzar a estudiar la carrera de Derecho en la UNAM, por lo que pasó de una pasión a otra.

Se cruzó en su biografía, como en la de su padre, el Derecho, a través del cual logró convertirse en la primera mujer presidenta del Máximo Tribunal del país. “Tanto una maestra como una juez desempeñan funciones transformadoras para la sociedad”, es uno de sus lemas.

Recién titulada de la Facultad de Derecho, inició su carrera en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y posteriormente ingresó al PJF como secretaria proyectista en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, entre 1988 y 1992.

Con poco tiempo de casada, Piña Hernández sufrió violencia de género, luego de que al ingresar al PJF le preguntaran si planeaba embarazarse pronto, a lo que respondió que no.

Al inicio de su carrera judicial, combinó sus labores profesionales y familiares, pues tuvo la suerte de que su jefe se iba temprano del tribunal, por lo que las tardes las ocupó para conciliar sus responsabilidades.

A la SCJN llegó como secretaria de Estudio y Cuenta en la Primera Sala, cuando era encabezada por la ahora ministra en retiro y senadora Olga Sánchez Cordero.

A propuesta del expresidente Enrique Peña Nieto, fue designada por el Senado como ministra de la SCJN en diciembre de 2015; su elección la define como producto de su carrera judicial, pero también por ser mujer, porque en ese momento concluía su mandato Sánchez Cordero. “Soy una orgullosa cuota dentro de la SCJN”.

Admiradora de la escritora y activista hindú Arundhati Roy, la ministra considera que la violencia contra las mujeres se basa en la imposición del sistema patriarcal y en la supremacía que las mujeres han otorgado al modelo de la masculinidad hegemónica.

La abogada egresada de la UNAM con 9.6 de promedio ha sido enfática en señalar la necesidad de contar con una legislación y políticas públicas adecuadas para garantizar que las mujeres cuenten con mecanismos para ascender a puestos de decisión dentro del PJF y los poderes judiciales locales, así como medidas que les permitan conciliar su vida laboral con la familiar.

Para la ministra, los jueces no son máquinas aplicadoras de la ley, sino seres sociales con diversos perfiles éticos, que deben ser juzgados, entendiendo la independencia judicial como garantía de la sociedad a la que sirven.

Días después de asumir como titular de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández se comprometió a trabajar por un Poder Judicial unido e independiente.

Bajo la ponencia de Piña Hernández se han definido criterios trascendentales en materia de perspectiva de género, y ha destacado en sus intervenciones en debates en torno a la tutela judicial efectiva; el derecho a la educación; el derecho al libre desarrollo de la personalidad; la libertad de expresión, tanto con relación a los discursos de odio, como también a la luz del derecho de réplica; el derecho a la información; la filiación, la violencia obstétrica, los derechos de la niñez y de las personas con discapacidad, de la comunidad LGBT+.

También sobresalen la regulación del derecho de réplica; el respeto al derecho de la identidad de los menores que provengan de un proceso de inseminación artificial; la exclusión del delito de homicidio del fuero militar; el consumo lúdico de la marihuana; la inconstitucionalidad de normas que establecen obligaciones diferenciadas en razón del género; el reconocimiento de la figura de la comaternidad; el derecho de reasignación sexogenérica en el acta de nacimiento, y la pensión compensatoria en el concubinato.

Además, fijó su posición respecto de la violencia obstétrica institucional definiendo, por primera vez, que esta forma de violencia de género se expresa a través de un conjunto de prácticas deshumanizantes.

Cabe destacar que como parte de su aportación en materia de perspectiva de género ha sido su rechazo a la criminalización de la mujer por abortar. Diversas organizaciones de la sociedad civil han resaltado la frase pronunciada en su participación: “Las normas antiaborto lo que están [también] castigando es la conducta sexual de la mujer”.

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