Organizaciones pro defensa de los derechos humanos y libertad de expresión advirtieron que pese al cambio en el discurso del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el espionaje contra periodistas críticos u opositores, las cosas siguen igual y no hay certeza de que se haya desmantelado el sistema de inteligencia que realizaba esas actividades en el pasado.
El periodista Carlos Loret de Mola, colaborador de EL UNIVERSAL y quien ha sido identificado como uno de los periodistas espiados, lamentó que para el Presidente de la República sea más peligroso un periodista crítico que un narcotraficante.
“Ya quisiera cualquier periodista crítico mexicano recibir el preferente trato que le da el presidente López Obrador a los criminales; al Chapo Guzmán, cómo se refiere a él con cariño, suelta a su hijo, saluda a su mamá. No sea usted periodista crítico porque le avienta insultos”, señaló Loret de Mola en su programa Así las cosas, en W Radio.
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También recordó cuando fue espiado en el sexenio de Enrique Peña Nieto y el programa Pegasus usado para vigilar a activistas y periodistas, por su denuncia en torno al caso de la matanza extrajudicial de Tanhuato.
“Lo que quieren saber son las investigaciones que estamos haciendo. Quieren otra vez enterarse antes de lo de Pío, quieren saber con anticipación lo de Clara Luz y otros que hemos sacado y que de pronto nos enteramos que supieron antes”, señaló Loret.
Tras presentar el audio de la mañanera en el que López Obrador declara que no se persigue a nadie ni se censura, Loret de Mola expresó: “¡Ajá! ¿No se persigue a nadie? ¡Ajá! ¿Que no se censura a nadie? ¡Ajá!”.
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La representante en México de Reporteros Sin Fronteras, Balbina Flores, consideró que no hay certeza de que los sistemas de espionaje hayan sido desmantelados como lo prometió el presidente López Obrador en 2019, por lo que dijo en entrevista con EL UNIVERSAL, no es extraño que se estén haciendo señalamientos de espionaje contra periodistas críticos al actual gobierno.
La defensora precisó que López Obrador se comprometió en noviembre de 2019 a dar información sobre el sistema de espionaje Pegasus, utilizado en el sexenio anterior para espiar a periodistas, pero hasta la fecha no se sabe si fue desmantelado, puntualizó.
Flores calificó de preocupante que se espíe a periodistas, pues el trabajo de éstos no puede ser vigilado porque se inhibe el derecho a libertad de expresión: “No hay certeza de que los sistemas de espionaje de la administración anterior hayan sido desmantelados en su totalidad, por lo que hay que seguir insistiendo en que el gobierno informe sobre los resultados del desmantelamiento”, dijo.
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Consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) debe iniciar una investigación.
Edna Jaime, presidenta de la organización México Evalúa, exigió al gobierno federal investigar y externó su preocupación por que sea una indagatoria imparcial.
“Son temas que deben investigarse y llevarse hasta sus últimas consecuencias. Lo primero es que se debe determinar si estos actos existen, el enorme problema es que en nuestro contexto las instituciones de justicia no son imparciales, entonces, si acudimos a ellas no tenemos la certeza de que van a trabajar, y eso es lo que me preocupa, que no se llegue a conocer la verdad, porque no tenemos instituciones de justicia imparciales que beneficien al ciudadano”, puntualizó.
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La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) advirtió que pese a haber un cambio de discurso con el nuevo gobierno sobre las prácticas ilegales de intervención de comunicaciones privadas, no ha habido ningún cambio, pues persisten.
Ante ello, Luis Fernando García, director Ejecutivo de R3D, urgió a establecer controles democráticos en la vigilancia de las comunicaciones, debido al impacto que tiene su uso ilegal en la ciudadanía, su seguridad e incluso en la democracia.
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García Muñoz señaló que el espionaje con el sistema Pegasus es un caso paradigmático que demuestra la ausencia de una regulación suficiente sobre la intervención de las comunicaciones privadas, ya que no sólo se cometió el abuso, sino que la Fiscalía General de la República pudo mentir y ocultar las pruebas sobre la adquisición y uso del malware durante mucho tiempo.