En vilo, policías en prisión por fuga de "El Chapo"

Después de tres años y medio en prisión, la madrugada de Navidad el policía federal Herminio González regresó a su casa en Toluca, Estado de México. No llegó en el trineo de Santa Clos, sino en un autobús que partió del Cefereso número 4 en Nayarit donde fue recluido, acusado del delito de evasión de reo del narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán en el penal del altiplano, en julio de 2015. El camión lo traslado hasta la entidad mexiquense, donde su familia le recibió para celebrar su regreso y la natividad. “¡Fue un logro!”, cuenta a el Universal Magnolia López, esposa de Herminio. “Desde un principio era complicado ganar al cuarto tribunal colegiado, pero ahora él ganó la medida cautelar para llevar su proceso en libertad, sin salir del país. El pago de garantía fue de 150 mil pesos; el magistrado puso la cantidad con ganas de no dejarlo salir. Fue necesario vender algunas cosas materiales”. Cuando Herminio llegó a su casa, lo primero que hizo con su familia fue orar y después cenar antojitos mexicanos. Hoy su futuro laboral es incierto frente a la probable integración de la policía federal a la guardia nacional. Por eso antes de salir del penal, también cenó con los otros ocho policías federales que aún siguen recluidos y que, desde el cambio de administración federal, han dejado de recibir la visita mensual de sus familiares pues el autobús que la Policía Federal puso al servicio de sus familiares para tal fin dejó de brindarles este apoyo. “Herminio me comentó que esa Nochebuena cenaron, convivieron, se despidieron y brindaron para que pronto llegue la liberación de los demás pues para ellos, cada salida es como una esperanza más”.

Desconcertadas y tristes

Así afirman encontrarse las ocho familias restantes (de un total de 12) que en los últimos cuatro meses han buscado por diversas vías, entablar contacto con el gobierno del presidente López Obrador en un intento de que sus familiares queden en libertad; o bien para que a falta de sentencia, se les permita continuar sus procesos legales en libertad como lo lograron sus compañeros Herminio González, Miguel Ángel Flores Mirafuentes, Emanuel García Conchillos y Amyr Mota Carrillo que en los últimos 16 meses salieron de prisión de manera diferida. Se acercaron a la entonces senadora Olga Sánchez Cordero -actual secretaria de Gobernación-; y al entonces candidato López Obrador, a quien entregaron documentos y cartas, algunas en propia mano; otras en la casa de transición de la colonia Roma. “Seguimos tocando puertas para que esto ya termine porque no es justo que nuestros familiares continúen como chivos expiatorios pese al cambio de sexenio”, asegura Edith Mojica familiar del policía Jaime Galindo Hernández. “A la ministra en retiro Sánchez Cordero la buscamos para ver si nuestros familiares podían ser incluidos en el proyecto de ley de Amnistía que anunció; pero no recibimos respuesta de los oficios que le enviamos al Senado. Por teléfono nos informaron que ella ya se había ido a Gobernación y que habían tramitado nuestra carta a donde corresponde”. La misiva, de la cual El Universal tiene copia, precisa “desde el primero de octubre pasado, el Juzgado Cuarto a cargo de este caso, donde se daba cauce legal a los asuntos más relevantes del presidente Enrique Peña Nieto, desapareció. Es decir, fue desintegrado este órgano jurídico por lo que los expedientes de los policías federales fueron turnados a diferentes juzgados que inician de cero con este caso que lleva tres años sin sentencia. Esto, como usted comprenderá, retrasa considerablemente la impartición de justicia en este proceso de la causa 48, acumulando 55 y 58, turnados al juzgado segundo ubicado en Toluca, Estado de México”. Como segunda opción contactaron al senador sin partido Emilio Álvarez Icaza, para analizar el caso desde una perspectiva de la violación a los derechos humanos frente la tardanza del Poder Judicial para emitir una sentencia. Tampoco obtuvieron una respuesta concreta del legislador quien sí les otorgó audiencia y solo les apoyó con asesoría jurídica. El 19 de diciembre el abogado Alberto de la Cruz, defensor de algunos de los policías que siguen en prisión, entregó una carta al equipo de AMLO para exponer, entre otras ideas, que hay suficientes elementos “para que la Procuraduría General de la República desista de la acción penal y con esto queden en inmediata libertad los policías en prisión”. En esencia es la misma petición que Manelich Castilla, ex comisionado de la PF, hizo en 2018 y de la cual tampoco tuvo respuesta. Martha Maldonado, esposa del policía Vicente Flores, abunda en el mismo tema mediante entrevista telefónica. “Como es sabido a nuestros familiares les han negado el cambio de medida cautelar para que puedan seguir su proceso en casa. Por eso solo nos queda esperar la resolución de los amparos interpuestos. Fuimos a la Corte a exponer los innumerables pretextos que los jueces ponen para no sentenciar; nuestra queja fue turnada al Consejo de la Judicatura, donde ya se revisa cada uno de los expedientes para pronunciarse al respecto, pero no sabemos cuánto tiempo más tarden. Ahora con el juicio de El Chapo en Estados Unidos, se ha revelado información importante que no se conocía, pero no hemos encontrado algún dato que nos pueda ayudar en nuestra estrategia jurídica”. Desde Chiapas Rocío Figueroa, hermana del policía Luis Alberto Aguilar Morales, habla de su desesperanza pues sus acercamientos al presidente López Obrador (cuando sus giras como candidato a la presidencia y la gira de agradecimiento) no dieron resultados pese a que en uno de los encuentros le prometió a Rocío tomar cartas en el asunto. “Mi hermano y los otros policías quieren salir, pero parece que seguimos en las mismas porque nadie quiere tomar el caso. Esperamos conseguir una cita con el secretario de seguridad, Alfonso Durazo”, adelanta. Su abogado, Vidulfo Rosales (conocido también por el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa) dio un viraje a su estrategia jurídica para contactar con la senadora Nestora Salgado, responsable de elaborar la lista de presos políticos que el gobierno estudiará liberar o no, en los próximos meses. En entrevista, la senadora por Morena (conocida por su papel en las autodefensas en Olinalá, Guerrero), dijo “entregamos ya una primera lista de 199 personas. Entre organizaciones, abogados y un equipo de nosotros, hicimos un desglose caso por caso, pero también realizamos una clasificación y encontramos un patrón que se utilizó para criminalizar a muchas personas, principalmente por los delitos de secuestro y homicidio. El caso de los policías federales acusados de la fuga de El Chapo, no ha llegado a mi mesa, pero la puerta de mi oficina esta abierta para revisar el caso”.