“AMLO busca beneficiarse a sí mismo”; opinan expertos sobre caso Zaldívar

¿Qué cambios se avecinan con la ampliación del mandato del ministro presidente Arturo Zaldívar al frente de la SCJN y de la Judicatura Federal? Expertos dan su análisis para EL UNIVERSAL

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Arturo Zaldívar Lelo de Larrea es el actual ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presidente del Consejo de la Judicatura Federal. Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL
Nación 28/04/2021 04:04 Expertos y analistas Actualizada 14:23
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Expertos analizan para EL UNIVERSAL el cambio que se impulsa para ampliar el mandato del ministro presidente Arturo Zaldívar al frente de la SCJN y de la Judicatura Federal. 

Advierten con esta reforma AMLO busca beneficiarse, que se profundiza la división entre un supuesto conservadurismo y el cambio que el mandatario encabeza o que se ha dañado a la división de poderes y al Poder Judicial.

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¿Cui Bono?

Por: José Ramón Cossío Díaz 

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Es evidente la inconstitucionalidad del artículo que amplía el plazo del encargo del presidente de la Suprema Corte y de varios integrantes del Consejo de la Judicatura Federal. ¿Por qué, entonces, lo aprobaron los legisladores morenistas? Cicerón y Lenin aconsejaban preguntarse, cui bono? Por quién se beneficia de una situación. La respuesta son López Obrador y su movimiento. Gracias a la reforma cuentan con una Corte dislocada por el conflicto que le internalizaron, un Consejo amenazante de la independencia judicial y una imagen de acompañamiento de la justicia a su proyecto político.

 El Presidente, los morenistas y sus secuaces buscan desequilibrar ministros, amedrentar juzgadores y desanimar litigantes. El beneficio de politizar a la justicia les puede ser enorme. El tiempo mostrará la magnitud de los daños causados por un artículo transitorio. Por una acción que expresó las vanidades y las necesidades de sus creadores y realizadores en demérito de la convivencia jurídica de todos los demás.

*Ministro en retiro

La casa rota

Por: Diego Valadés
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El maniqueísmo fue una doctrina que escindió a la sociedad entre buenos y malos. Los argumentos dicotómicos para segmentar a las comunidades han estado presentes a lo largo de la historia, por lo general con desenlaces conflictivos: tirios y troyanos, güelfos y gibelinos, moros y cristianos, proletarios y burgueses son ejemplos de rivalidades que exacerbaron pasiones destructivas.

En México se multiplican expresiones y posiciones para reforzar las identidades grupales, políticas o ideológicas a partir de tesis maniqueas. Ahondan la división del país. El episodio más reciente intenta convertir a la Constitución en un símbolo de conservadurismo y a la anti-Constitución en un emblema de cambio. En un ambiente ya crispado por la enfermedad, el desempleo, la pobreza, la violencia de género, la inseguridad y la retórica, promover además la fractura constitucional acentúa la percepción de que habitamos una casa rota.

*Investigador emérito de la UNAM

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Mal congénito en constitucionalismo 

Por: Ana Micaela Alterio
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Como cualquier enfermedad, si no se trata, con el tiempo empeora. En México, desde sus orígenes, la Constitución ha sido utilizada como instrumento de poder en manos de las élites y no como un límite al poder. En una lógica patrimonialista, donde el Estado “pertenece” al gobierno de turno, la Constitución ha sido el mecanismo de apropiación. Así, desde 1917 la constitución se subordinó a la idolatría revolucionaria y fue permanentemente instrumentalizada a los fines que los líderes “revolucionarios” decidían que tenía que servir. Esta subordinación sigue con más fuerza que nunca.

 El constitucionalismo, entre otras funciones, establece procedimientos de creación, reforma y derogación de normas. Para eso crea instituciones. Las instituciones, en tanto pretenden estabilizar un sistema político democrático, requieren tiempo, cuidado y sobre todo respeto, aunque esto signifique “tomar el camino largo”, el del diálogo y la negociación, el del voto mayoritario, pero dentro de lo legítimo constitucionalmente. Esto asegura que cualquier partido político en el poder pueda realizar su agenda de gobierno en tanto respete las reglas del juego, es decir, mientras no quiera clausurar los procedimientos democráticos para otros partidos con ideas diferentes. Esto garantiza el pluralismo y la continuidad democrática. 

Ahora, como desde 1917, necesitamos generar instituciones, consolidar los procedimientos democráticos, apostar por el constitucionalismo, pues si seguimos así, permaneceremos en el desamparo.

*Profesora del ITAM
 

El dominguillo en la Corte

Por: Francisco Valdés Ugalde
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Es de alarmar que el Presidente de la República afirme que “si no se amplía el periodo [del ministro presidente Arturo Zaldívar] va a ser más de lo mismo”. Ningún otro ministro le inspira confianza.

 La imposición de esta medida inconstitucional por Morena, primero deslizándola a hurtadillas en la iniciativa, sin tiempo para discutirla y votándola a costa de una ruptura interna, revela la intensidad con que AMLO ansía que sea su mano la única que controle la reforma judicial y que el presidente de la Corte actúe en calidad de dominguillo.

Los epígonos de AMLO insisten en que esta violación a la Constitución es democrática, pero son y serán siempre incapaces de explicar por qué, teniendo la fuerza de que disponen en el gobierno y ambas cámaras no pueden imaginar un camino de transformación que no se corresponda con un manual de instrucciones para la autocracia. La razón es muy simple: porque su proyecto es la autocracia y todo autócrata se presenta con la bandera de la libertad y el gorro frigio debidamente ajustados.

*Académico de la UNAM

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Reforma que no tiene sentido

Por: Pedro Salazar Ugarte
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He manifestado en diversos espacios las razones por las cuales, desde mi perspectiva, el artículo transitorio mediante el que se amplían los mandatos del Presidente de la SCJN como tal –no como ministro, lo que me parece irrelevante- y de las personas que ocupan actualmente los cargos de consejeros de la judicatura es inconstitucional. He escuchado con atención los –muy pocos, habrá que decirlo- argumentos que aducen lo contrario y no me convencen ni me hacen dudar. La norma legal es inconstitucional porque colisiona con lo que textual y teleológicamente dice la constitución. Lo primero porque el texto del artículo 97 es claro en el sentido de que el mandato de las personas presidentes de la SCJN dura cuatro años y lo segundo porque el fin que persigue la segunda parte de la norma –“(el Presidente) no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior”- es claro y cancela la posibilidad de prolongar el mandato. Es cierto que la norma habla de reelección y lo que han intentado las y los legisladores de MORENA y aliados es otra cosa, pero es peor. Se trata de una invasión de competencias y de un acto indebido por incompetencia.

El Congreso de la Unión no puede decidir quién presidirá a la SCJN, simple y llano. Pero lo que me interesa advertir en este breve comentario es algo más simplón y no por ello banal. ¿Por qué es grave dejar pasar una violación tan clara a la constitución? Mi respuesta es sencilla pero severa: si una decisión como esta prevalece, el derecho se vuelve irrelevante. Deja de tener sentido apelar a la constitución y acudir a la justicia para resolver controversias y procurarse amparo. De hecho, si el transitorio surte efectos, ¿para qué sirve la ambiciosa y necesaria reforma judicial que lo cobija? Se habría fortalecido al poder encargado de defender a la constitución con una reforma coronada con una artículo transitorio que la desfonda.

*Director del IIJ-UNAM

Garantizar la Tutela judicial

Por: Esmeralda  Arosamena de Troitiño
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Es importante el análisis de aspectos claves en el mejoramiento de la Administración de Justicia para la efectividad y eficacia de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en las propuestas de Reforma Constitucional. 

En la discusión de reformas a leyes impactadas por ésta, se aprueba un artículo transitorio relativo al mandato presidencial de la SCJN y del CJF, respecto del cual existe reserva constitucional, con aplicación a su actual Presidente y un grupo de consejeros.

Puntos que destacar: La compatibilidad constitucional del artículo transitorio y la afectación a la independencia del Poder Judicial en su aplicación siendo la propia SCJN a quien corresponde su designación. Y el CJF como órgano de control en los aspectos administrativos y sancionatorios para los operadores del sistema, se afecta la transparencia en las actividades propias de Contraloría.

Desde la CIDH algunos estándares interamericanos en la materia.

Garantías suficientes para que el Sistema de Justicia no esté sometido a restricciones por otros poderes del Estado.

Los procesos de designación, ratificación o reelección de los operadores de justicia no estén sujetos a la discrecionalidad de las autoridades encargadas ni a interferencia alguna. 

La selección de la presidencia de las Cortes, hecha por sus pares, fortalece su actuar independiente.

La duración de los mandatos directivos en la SCJN y CJF deben ser compatibles con la Convención Americana y la Constitución Nacional.

*Comisionada Relatora CIDH/OEA

Captura indirecta del Poder Judicial

Por: Erika Bárcena
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Mucho se ha escrito ya sobre la inconstitucionalidad de dicho transitorio, sobre sus implicaciones para la democracia constitucional que pretende construirse en México y sobre la atroz anulación de la división de poderes que supone. A todas estas cuestiones, yo sumaría el hecho de que la concentración de poder en quien preside Corte y Consejo, en este caso el ministro Zaldívar, hasta ahora parece sólo haber resultado en una cacería de brujas con procesos abiertos a distintos jueces por supuestos actos de corrupción, de los cuales sólo sabemos que existen.

La completa opacidad de dichos procesos no debiera ser ignorada, puesto que da lugar a serios cuestionamientos de su legitimidad ya que no sería la primera vez que el CJF utilice estos medios administrativos para disciplinar a los jueces particulares y al PJF en un sentido casi foucoulteano, como un panóptico que está atento a cualquier decisión que genere incomodidades y una autoridad que con sus castigos ejemplares manda mensajes específicos a la judicatura.

Esta situación se agrava con el discurso, de amplia legitimación social, que tacha a los jueces de corruptos por antonomasia. Así, todo cambia para que permanezca exactamente igual, o quizá ahora agravado en la medida en que pone este discurso en el centro como justificación. El transitorio también da lugar a una captura indirecta del PJF, lejos de una solución a sus muy reales problemas.

*Investigadora de la UNAM

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Sin espacio para derechos 

Por: Francisca Poum 
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Tras el claro refuerzo a la justiciabilidad de los derechos que supuso la reforma constitucional del 2011, era de esperar que, durante el gobierno de la 4T, la Suprema Corte gozara de las condiciones para dar impulso definitivo a la garantía de los derechos sociales y ambientales, donde queda mucho por hacer. Ese horizonte parece ahora lejano. 

El debate jurídico no está centrado en avanzar y profundizar, sino en impedir que se caiga lo más básico: la democracia y la Constitución. Cualquier tema debe confrontar la instalación del poder militar en el Estado y el mercado; la desaparición o incapacitación del aparato institucional y regulatorio; el avasallamiento del poder judicial, los organismos autónomos y otros resquicios de división de poderes; la amenaza o captura de las autoridades electorales; la deslegitimación continua de la sociedad civil; la violación indisimulada del orden jurídico.

El constitucionalismo permite dar por supuestas ciertas cuestiones básicas, liberando así tiempo y esfuerzos para hacer política en su marco. El gobierno actual ha condenado a la Corte a resolver asuntos de alto voltaje en los que, bajo enrome presión, se decide la supervivencia de ese marco. Ello no deja casi tiempo ni ocasión al poder judicial para evaluar la política pública a instancias de los ciudadanos y desarrollar criterios que abonen a la superación de la pobreza, la mejora de la educación, la vivienda, la salud, las reservas de agua o el ambiente. En ese contexto, las transferencias directas de dinero pueden seguir operando como simples herramientas de acción política y no como prestaciones integradas a esquemas de garantía constitucionalmente asegurados

*Profesora del ITAM

La intromisión genera ruptura

Por: J. Jesús Orozco Henríquez
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La reforma legal que amplía el periodo del presidente de la SCJN y varios miembros del Consejo de la Judicatura Federal viola tanto la Constitución como el derecho internacional de los derechos humanos.

1) Al usurpar las atribuciones del Poder Judicial, el Legislativo vulnera la división de poderes e independencia judicial, a través de una ley privativa que viola el derecho de los ministros a elegir y/o ser elegidos presidente de la SCJN y designar consejeros al concluir su periodo.

2) Al vulnerar la independencia judicial, se afecta el derecho humano de acceso a la justicia de las personas, como lo ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La indebida intromisión orgánica y la violación de los derechos humanos de los justiciables generan una ruptura constitucional. 

Cuando una mayoría legislativa viola deliberadamente la Constitución y los derechos humanos erosiona la democracia y deviene en tiranía. Confío en que la Suprema Corte defenderá la Constitución y hará prevalecer el Estado de derecho a fin de evitar que México incurra en responsabilidad internacional.

*Investigador de la UNAM

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Jueces y democracia

Por: Andrea Pozas Loyo 
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Todos, más allá de las fronteras que artificialmente delinea la polarización política, debemos preocuparnos por las consecuencias que las recientes reformas tendrán sobre quienes integran el Poder Judicial. ¿Por qué? 

La Democracia funciona siempre y cuando las fuerzas políticas consideren que la mejor opción es someterse a los resultados de elecciones periódicas. Pero este cálculo depende de que el costo de perder unas elecciones no sea demasiado alto, depende de que el juego electoral no sea una ruleta rusa en que uno se juega todo. Aquí es donde la independencia del Poder Judicial es clave.

Que nuestros jueces puedan decidir conforme a Derecho, sin miedo, permite que quien no está en el gobierno sepa que sus derechos están protegidos y por tanto acate el triunfo de la actual mayoría.

Por supuesto, ello implica límites a lo que el gobierno en turno puede hacer. Pero estos límites, dentro de los cuales puede implementarse la agenda política mayoritaria, son los mismos que hoy hacen posible la regulación pacífica de los conflictos y que mañana limitarán al gobierno protegiendo contra abusos a quien en el presente tiene el poder. 

*Investigadora de la UNAM
 

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