Poder Judicial critica propuesta de rotación periódica de jueces

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Ante la propuesta de establecer la movilidad de jueces y magistrados federales cada tres y seis años, iniciativa impulsada por Morena, los servidores públicos que se ampararon contra la ley federal de remuneraciones señalaron que ni los poderes Legislativo y Ejecutivo son sometidos a este tipo de exigencias, a pesar de que están más expuestos a cometer corrupción.

El modelo de demanda difundido por la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Federación, que ha sido adoptado por más de 2 mil funcionarios, establece que este tipo de iniciativas forman parte de una campaña de desprestigio contra los juzgadores del país, perjudican más a los justiciables.

“La medida que propone la iniciativa es regresiva y por ello vulnera la independencia judicial, al tiempo que es inequitativa y desproporcional, si se tiene en cuenta que a los poderes Legislativo y Ejecutivo no se les imponen deberes de cambiar con regularidad de lugar sede de ejercicio del cargo, no obstante que están más expuestos a influencias externas que vulneren su campo de decisión, y que existen datos objetivos de que los servidores públicos que forman parte de esos poderes son notoriamente propensos a incurrir en actos de corrupción, como lo evidencian objetivamente resultados de auditorías y procedimientos administrativos de responsabilidades de servidores públicos.

“Despojándonos de cualquier postura egoísta, sin afán de mantener el status quo de lo que pudiera considerarse un área de confort del gremio, más bien en estricta observancia al interés generalizado de la sociedad por una mejor administración de justicia, consideramos que una reforma en el sentido propuesto, lejos de abonar al óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, la complicaría terriblemente”, indica el documento.

En una revisión realizada por EL UNIVERSAL, desde el inicio de la gestión del ministro presidente Luis María Aguilar Morales hasta la fecha, han sido suspendidos 38 funcionarios, inhabilitados 13 y destituidos 10 por cometer violaciones a la Ley Orgánica del PJF y de Responsabilidades de Servidores Públicos.

Entre ellos se encuentra el ex director de Adquisición de Bienes del CJF, a quien le fue hallada una bolsa con más de 4 millones de pesos y los funcionarios implicados en la venta ilegal de exámenes para juez.

Los juzgadores afirmaron que la posible aprobación de una iniciativa como esta provocaría un retraso en la prestación de la impartición de justicia y resolución de los asuntos.

“No soslayamos que en algunos casos los cambios de adscripción de titulares son necesarios, pero ello debe hacerse sólo cuando haya causa fundada y motivada, pues de manera periódica y generalizada crearía más perjuicios que beneficios”, agregan.

“Se corre el riesgo de que el Congreso de la Unión, dominado por el partido político al que pertenece el Presidente de la República, legisle sobre la elección de juzgadores federales, como también está en riesgo qué procedimiento pudiese elegirse”.

Las iniciativas y la promulgación de la ley federal de remuneraciones, que prevé una reducción salarial a quienes ganan más de 108 mil pesos mensuales, afirmaron, se traduce en ataques a la independencia judicial que se acompañan de las declaraciones de personajes públicos allegados al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.