Especialistas en materia de transparencia advirtieron riesgos de mayor opacidad en el gobierno federal luego de que el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) quedó inoperante desde el 31 de marzo pasado.
En entrevistas con EL UNIVERSAL, los expertos recordaron que desde el pasado viernes el Inai está imposibilitado de atender recursos de revisión, los que en los últimos años han permitido revelar casos de corrupción como el de Odebrecht, la casa blanca y la Estafa maestra, o de interés nacional como los expedientes del caso Tlatlaya y la matanza de San Fernando.
Calificaron como una “falta de respeto” que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya vetado dos nombramientos del Inai y que el Senado siga sin consenso para designar nuevos perfiles, e incluso sugirieron que puede tratarse de una estrategia para ir “desactivando” el funcionamiento de los órganos autónomos con la falta de nombramientos.
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Para el académico y consultor político Luis Carlos Ugalde, el hecho de que el Senado no cumpla con su obligación constitucional de hacer la designación que le corresponde “es reprobable”.
“Y aún más que al Presidente de la República le tenga sin cuidado. Parece ser parte de una estrategia de ir desactivando el funcionamiento de órganos autónomos mediante la falta de nombramientos, lo que es sumamente grave”, alertó.
El también expresidente del otrora Instituto Federal Electoral señaló que el principal riesgo de la inoperancia del pleno del Inai es que en el interior del gobierno federal crezca la opacidad.
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“El riesgo es que la opacidad del funcionamiento del gobierno siga acrecentándose, ahora sin consecuencias virales. El gobierno de López Obrador es un gobierno opaco, sin política de combate a la corrupción a pesar de su retórica de honestidad valiente, y eso significa que este gobierno seguramente en su interior está acumulando muchas malas prácticas y actos sistémicos de corrupción por la falta de transparencia”, aseveró.
Asimismo, dijo que las acciones por parte del Legislativo y del Ejecutivo mandan dos mensajes muy claros: “Del Senado, que hay sumisión frente al gobierno, y del Estado, que a este gobierno no le interesa la transparencia, es un gobierno personalista que tiene un programa de gobierno en su cabeza y lo demás no le interesa, lo tiene sin cuidado”.
Por su parte, la politóloga y socióloga María Marván Laborde consideró que haber dejado inoperante al Inai “es una falta de respeto tanto del Presidente como del Senado a los órganos constitucionales autónomos, y es una falta de respeto a la transparencia en el país”.
La también exconsejera del antes Instituto Federal Electoral detalló que hay un grupo de personas calificadas de donde el Senado podría escoger, “el problema es que no ha habido acuerdo político ni voluntad política”.
Al hablar sobre los riesgos que implica la falta de nombramientos, tras la salida del comisionado Javier Acuña Llamas, sostuvo: “El riesgo es que los ciudadanos vean mermado su derecho a que les sean resueltos los recursos de revisión. Afortunadamente, la Plataforma Nacional de Transparencia sigue abierta al público, pero cuando los sujetos obligados se nieguen a transparentar o reserven la información, los recursos que interpongan los ciudadanos no podrán ser resueltos”, aseguró.
Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de la organización Transparencia Mexicana, recordó que el proceso para nombrar a un consejero del Inai, “no arrancó la semana pasada, arrancó desde marzo de 2022; incluso, hay un segundo proceso para otra consejera que está corriendo en paralelo, pero no hay acuerdo y esto habla de responsabilidades, y toda la responsabilidad es del Senado.
“Sí manda una señal de falta de compromiso con la apertura gubernamental y el derecho de los mexicanos a saber cómo se gasta su dinero”, aseguró.
A pesar de que los comisionados del Inai podrán seguir trabajando en otras áreas, puntualizó que la atención a todos los recursos impugnados quedan suspendidos, lo que formará un embudo y un dique sobre los asuntos más sensibles del país.
“Casos como Odebrecht y otros se dieron a conocer gracias a resoluciones que surgieron del pleno del Inai. Es bastante delicado. A veces no es fácil de entender desde la lógica del ciudadano cómo esto puede afectar su derecho a saber, es una cuestión abstracta, pero sí hay que decir que en términos de la vida de la República son los asuntos más delicados los que van a quedar suspendidos”, explicó.
Eduardo Bohórquez también expuso que otra facultad conculcada en este momento es la interposición de controversias constitucionales, “que para iniciarse necesitan el voto del pleno. Ahorita hay una abierta alrededor de la propia designación, pero en caso de que fuera necesario activar otras no podría hacerlo porque no tendrían quórum”.
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