Los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) no avalarán reformas sin sustento y poco realizables sólo para cumplir caprichos personales, respondió el líder de esa bancada, Juan Carlos Romero Hicks, a las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador al voto panista en contra de las reformas al artículo 4 para constitucionalizar los programas sociales.
Elevar a rango constitucional proyectos sin soporte económico es atractivo, pero engañoso, y crea falsas expectativas en quienes menos tienen, por eso “proponemos el impulso al crecimiento en beneficio de la economía familiar, seguridad y defensa del Estado de derecho y de las garantías sociales.
“Los diputados del PAN somos progresistas en lo social y es el Presidente quien resulta anacrónico, dogmático, intolerante, polarizante, conservador y ejerce una presidencia fallida”, acusó el panista.
Romero Hicks aseguró que el PAN respeta los programas sociales de esta administración, no está en contra de un proyecto de gobierno que atienda a los más pobres, modernice la administración pública y fomente el crecimiento económico, “pero no vamos a acomodar las leyes a caprichos electorales o para agradar a una figura política”, atajó.
Se sumó a la crítica del diputado de Morena Porfirio Muñoz Ledo, respecto a que la presente legislatura vota dictámenes “por consigna o por quedar bien, aunque se trate de proyectos poco sustentados y hasta irrealizables”.
Así, destacó que 93% de las iniciativas presentadas por el Ejecutivo federal “han sido discutidas y aprobadas sin atender a otras voces que no sean las de la Cuarta Transformación (Morena, PT, PES y PVEM)”.
En contraste, el PAN ha presentado 470 iniciativas y se ha aprobado sólo 11%, “una productividad que habla del gran obstáculo que ha sido el trabajo en comisiones y luego en el pleno, donde los partidos de la coalición Juntos Haremos Historia han formado un muro contra la democracia y las otras ideas que no coinciden con ellos”, se quejó.
Esas cifras muestran que hay un “constante mayoriteo de Morena” y éste es para avalar “ocurrencias, como quedó evidenciado en el nuevo episodio de la venta del avión presidencial” y la aprobación al artículo 132 de la Ley General de Bienes Nacionales.