A pesar de que el presidente ha ofrecido la entrega de información pública sin reservas y de manera fast-track, al considerar que “la vida pública debe ser cada vez más pública”, la Oficina de Presidencia informó que no revelará el costo de las pruebas Covid-19 que realizó y de qué institución fue el personal de salud que las aplicó en Palacio Nacional.

En respuesta a una solicitud de información hecha por este diario, en donde se pidió una versión pública, es decir, sin entregar datos sensibles o confidenciales, la Oficina de Presidencia señaló que tampoco detallará los funcionarios que, además del Ejecutivo federal, se realizaron pruebas contra el coronavirus.

En la solicitud con folio 0210000000321, la dependencia federal señaló que la Secretaría Particular del Presidente realizó “una búsqueda exhaustiva y razonable” de la información solicitada, tanto en los archivos, así como en todos y cada uno de los registros físicos y electrónicos que obran en la Oficina de la Secretaría Particular de Presidencia, pero dijo que no encontró ninguna información solicitada.

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La oficina señaló que aun y cuando se contara con la información solicitada, la misma no podría ser proporcionada, ya que ésta es de carácter confidencial: “La Secretaría Particular del Presidente manifestó que, derivado de una búsqueda exhaustiva y razonable en sus respectivos archivos, tanto físicos como electrónicos, no localizó evidencia documental que atienda los requerimientos del interesado.

“Es preciso señalar que aun y cuando se contara con la información que requiere el solicitante, la misma no podría ser proporcionada, toda vez que ésta es de carácter confidencial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 fracciones IX y X, 7, 22 fracción I, 31 y 42 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 45 de la Ley General de Salud”, detalló.

El pasado 8 de enero, el presidente López Obrador ofreció que, de aprobarse su propuesta de desaparecer organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), se entregaría información pública fast-track, sin reservas, “transparencia completa”, en un plazo máximo de 72 horas, y de no entregarse, se sancionaría al servidor.

“Fast-track, así, rápido, que se esté obligado a que en 72 horas se entregue la información, que no haya reservas, transparencia completa y que el funcionario que no lo haga en tiempo sea sancionado. Nosotros no tenemos nada que ocultar y la vida pública tiene que ser cada vez más pública”.

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El 19 de octubre, el presidente López Obrador reveló que semanalmente, cada martes, se practicaba una prueba Covid, de las cuales, hasta ese entonces, había resultado negativo.

“Afortunadamente no he tenido los síntomas desde el principio (...) Yo me cuido, guardo la sana distancia, eso es lo principal, no he tenido síntomas desde el principio (...) Me hago la prueba semanal de Covid, llevo como ocho”, reveló López Obrador.

La tarde del pasado 24 de enero, en su cuenta de Twitter, López Obrador informó que había dado positivo a Covid-19, esto, tras practicarse un par de pruebas para detectar coronavirus.

Ofreció entregar expediente clínico

El 10 de octubre de 2019, en conferencia de prensa, el propio presidente López Obrador ofreció hacer público su expediente médico y siquiátrico, pues aseguró que esto era un asunto de principios y de convicción.

“Ayer pidieron un informe al instituto de la transparencia (…) Miren lo que piden: ‘Solicita constancia médica y siquiátrica del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con los generales de una institución médica de nivel y sus visibles, tales como: papel membretado, timbrado, del médico o institución médica que expide la constancia con fotografía.

“También se solicita un análisis general de orina y de química sanguínea a la fecha actual del mes de octubre, así como el dictamen cardiovascular de la persona, especialmente consultando enfermedades coronarias, hipertensión arterial, enfermedades cardiorrespiratorias, cardiopatías, insuficiencia cardiaca, arritmia, enfermedad arterial periférica, cardiopatía congénita, y si dentro de su vida ha sufrido de parálisis facial, así como análisis toxicológicos y de enfermedades crónico-degenerativas o terminales. Imagínense, no se miden”, dijo.

—¿Se entregará esta información? —se le cuestionó.

—Sí, pues voy a tener que ir. Pero así están, ¿para qué? Estoy al 100 (…) Nosotros vamos a transparentar todo, es un asunto de convicción, es una cuestión de principios, no podemos ocultar nada absolutamente —dijo.

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Un día después, Joel Salas, entonces comisionado del Inai, detalló que de 2003 a 2019 el organismo autónomo había recibido 66 solicitudes para conocer el estado de salud de diversos presidentes, pero indicó que estos datos no se habían entregado por considerarse confidenciales.

Dijo que en diversos países el tema de salud de los jefes de Estado es un asunto relevante para la vida pública; por ejemplo, en Estados Unidos, Barack Obama informaba cada seis meses su estado de salud y en Francia se hizo público el expediente clínico de François Miterrand cuando murió.