Mapas de riesgo, obsoletos e insuficientes, advierten

Materiales se ven como requisito burocrático y no como necesidad, alertan especialistas

Mapas de riesgo, obsoletos e insuficientes, advierten
Rescatistas trabajan en la zona del deslave en el cerro del Chiquihuite, desastre que, según especialistas, pudo evitarse de contar con atlas de riesgos eficientes. Foto: Juan Armando Martínez/ EL UNIVERSAL.
Nación 12/09/2021 02:04 Luis Carlos Rodríguez Actualizada 14:57
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La mayoría de los atlas de riesgos que tienen las 2 mil 469 alcaldías y municipios del país están obsoletos o son insuficientes, por lo que no se pueden prevenir adecuadamente situaciones de desastre, además de que las autoridades locales los ven como instrumentos burocráticos, alertaron expertos en Geografía y Urbanismo de la UNAM.

La académica e investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM, Clemencia Santos Cerquera, y el especialista en Urbanismo y Geografía, Rafael Rodríguez González, señalaron que deslaves, taludes, lluvias, hundimientos, desbordamiento de ríos y otros fenómenos se agravan por los asentamientos humanos que derivan en casos como el del cerro del Chiquihuite.

Santos Cerquera dijo que los atlas de riesgos deben examinar y advertir sobre fenómenos hidrometeorológicos, geológicos, antropogénicos y ambientales que puedan derivar en taludes, explosiones, sismos, inundaciones, deslaves de barrancas, entre otros, donde la población, casi siempre de menores ingresos, está asentada en diversas zonas.

En entrevista con EL UNIVERSAL, expuso que la mayoría de los atlas son obsoletos, pues tienen una antigüedad de 10 años o más y fueron realizados por la desaparecida Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedatu), además de que están incompletos.

Destacó que este tipo de instrumentos deben servir para advertir y prevenir riesgos. Casos como el del Chiquihuite y Tula son recurrentes cada año, dejando cientos de fallecidos, mientras la política del actual gobierno es centralizar el gasto de Protección Civil y los fondos de prevención de desastres, lo que deja, indicó, a las administraciones municipales y estatales sin recursos.

“Lo que ocurrió en el Chiquihuite se pudo haber evitado, de contar con mapas de riesgo actualizados. Se supone que todos los municipios y alcaldías cuentan con estos mapas, pero los que se elaboraron por parte de la Sedatu no están completos, no tienen detalles ni advierten de todos los riesgos, no se elaboraron con equipo especializado.

“Están limitados a unos cinco riesgos, que casi siempre son sísmicos”, apuntó.

Afirmó que por ley todos los municipios deben contar con un atlas de riesgos actualizado y que los ordenamientos territoriales estén basados en ellos para evitar tragedias, que no se construya donde hay taludes, barrancas o riesgos de inundación.

“Que no se den permisos de construir y, en el caso de que exista un asentamiento urbano, establecer programas de reubicación”, agregó.

Por su parte, Rodríguez González dijo que desafortunadamente la mayoría de los estados, además de no actualizar los atlas, los ven como un requisito burocrático y no como un instrumento para prevenir tragedias.

“Ahí está el caso del río Santa Catarina, en Monterrey, que estuvo seco por años, se inundó a causa del huracán Gilberto y dejó como saldo más de 200 muertos en 1988; sin embargo, esa zona nuevamente está habitada, hay campos de futbol y hay un riesgo latente, pero de nada sirven las alertas si se anteponen los intereses políticos”, apuntó.

Indicó que la mayor parte de los heridos y fallecidos en este tipo de tragedias no son por los fenómenos naturales, sino por la corrupción y falta de planeación y atención de autoridades.

“En casi todos estos casos, previamente la población hizo denuncias, presentó quejas, evidencias de los riesgos, como en el caso del Chiquihuite o en el de la Línea 12 del Metro, que no fue por causas naturales, sino de construcción y corrupción”, indicó.

Lamentó que este tema de la prevención y gestión de riesgos sólo se hable cuando hay una tragedia y que generalmente no hay responsables por las muertes en cualquier gobierno. Es lo mismo, dijo, en un hospital inundado que en un alud en Chiapas donde mueren 25 indígenas o un deslave que deja una decena de fallecidos en la Sierra Norte de Puebla o en la Costa de Guerrero.

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