Activistas y senadores destacaron la recuperación por parte de autoridades de la Ciudad de México de dos menores que fueron sustraídas ilegalmente por su padre, delito que forma parte de la llamada en donde los progenitores utilizan esa práctica para presionar y chantajear a sus parejas.

En rueda de prensa, Dania Michelle Casillas Zea, narró que su ex pareja Germán “N” sustrajo ilegalmente a sus hijas menores Leonora y Amelia, las cuales mantuvo escondidas con el apoyo de familiares y que finalmente con fallos del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México y la intervención de la fiscalía capitalina y del secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, se lograron recuperar.

“Para mí fue una tortura. Todos los días que yo las buscaba, que iba a la casa de sus abuelos en las noches a gritarles para que las pudieran asomar, los vecinos llamaban a la patrulla, me corrían, me decían que me fuera a mi casa, que ellas estaban bien, y yo lo único que les decía: no van a estar bien hasta que yo las vea. Yo sé la calidad de persona que es con la que están”.

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“Lo que fue capaz de hacerme a mí, que no haga a sus propias hijas. No es algo que pasa cuando se las llevan. Esto venía siendo desde años antes, pero nos da miedo, nos sentimos solas, la dependencia económica, la , el miedo que nos causan estas personas”, indicó en la sede del Senado.

“Todas las veces que nosotras queremos huir de ahí escuchamos el: “si te vas te voy a quitar a los niños”, ¿no? Y ese es nuestro mayor miedo que enfrentamos cuando decidimos romper con esta violencia que viene de años, o de una historia atrás. Para mí fue un milagro poder volver a ver a mis hijas”, apuntó acompañada de senadores.

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Por su parte, la activista Cynthia Bravo Moore, impulsora de la Ley Camila, expuso que el caso de Dania no es aislado porque diariamente se reporta la desaparición de 14 niñas, niños y adolescentes según la REDIM, mientras que en el caso de Estados Unidos, Missing Children Center estima que el 60% de desapariciones infantiles se trata de secuestros parentales cometidos por padres o familias extendidas.

El abogado Pablo Huerta, destacó la labor de las autoridades de la Ciudad de México en este caso y dijo que el acceso a la justicia no debe condicionarse a la capacidad económica y que deben los abogados litigantes realizar un ejercicio ético de la profesión, pues además de las autoridades, algunos abogados han sido identificados como irregulares o abusivos.

Con información de Víctor Gamboa

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