La Lotería Nacional para la Asistencia Pública (Lotenal) reservó por cinco años el expediente sobre el hackeo y chantaje económico del que fue objeto en mayo pasado por parte de Avaddon, un grupo de hackers que robó y filtró cientos de documentos sobre la dependencia federal.
En respuesta a una solicitud de información hecha por EL UNIVERSAL, y aun cuando se le pidió una versión pública, la Lotería justificó la negativa a entregar cualquier documento, y argumentó que se encuentran dentro de una carpeta de investigación en trámite ante la denuncia que se presentó a la Fiscalía General de la República.
“La información solicitada se encuentra reservada por un periodo de cinco años, ya que se ubica dentro de una carpeta de investigación en trámite por virtud de una denuncia presentada ante la FGR, relacionada con hechos presuntamente constitutivos de delito, razón por la cual no es posible su entrega”.
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La Lotería Nacional añadió que la divulgación de la información requerida “entorpecería” la actividad de la autoridad ministerial para la investigación y persecución de los hechos, “ocasionando con ello que los indicados puedan anticipar las actuaciones judiciales y prevean de forma ilícita su defensa”.
El 16 de junio, en conferencia de prensa en Palacio Nacional, Margarita González Saravia, titular de la Lotenal, reconoció que el pasado 14 de mayo hubo un hackeo a la institución, pero rechazó que la Lotería haya pagado por el “rescate” de información, porque “no íbamos a caer en ningún chantaje”.
González Saravia dijo que no se comprometió información sensible de la Lotería Nacional, porque los hackers robaron la que es pública.
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“Efectivamente, hubo un hackeo el 14 de mayo y aprovecho para agradecer al gobierno digital, que de inmediato tomó cartas en el asunto junto con la gente de sistemas de la Lotería, la policía cibernética y se controló de inmediato.
“Estos son hackeadores internacionales que se meten a diferentes empresas en el mundo y hackean la información. En el caso de la Lotería, sacaron información básicamente administrativa y como es información pública, pues para nosotros no fue ningún problema en el sentido de que se conociera esta información; sin embargo, ya el propio Avaddon, que son estos hackeadores, bajaron su página, liberaron las claves y ya tenemos normalidad”, ahondó.
“Se obstaculizaría la actuación de MP”
La Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones de la Lotenal argumentó que entregar esta información conlleva “la existencia de un riesgo real”, al señalar que podría obstaculizar la actuación que realiza el Ministerio Público (MP).
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“La documentación solicitada se encuentra directamente relacionada con la investigación que se lleva a cabo, la cual resulta fundamental para el esclarecimiento de los hechos y eventualmente sustentará el ejercicio o no de la acción penal dentro de la carpeta de investigación actualmente en trámite”.
La Lotería afirmó que también existe “el riesgo de perjuicio”, el cual, aseguró, supera el interés público si se difunde.
“Ya que de dar a conocer la información relacionada con una carpeta de investigación en trámite, podría comprometer la integridad personal de los involucrados, al no haber sentencia condenatoria, vulnerando el principio constitucional de presunción de inocencia.
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“Los documentos que darían atención al requerimiento se encuentran integrados en la carpeta de investigación iniciada por la posible comisión de un delito, por lo que su difusión podría afectar las facultades del MP, de implementar acciones, estrategias y medidas para prevenir y perseguir delitos, la limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo para evitar un perjuicio”, adujo.
La Lotería indicó que el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 218, establece que los registros de la investigación, así como todos los documentos —independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados— únicamente las partes podrán tener acceso a los mismos.
“Conforme a los citados argumentos, en términos de los artículos 137 de la Ley General de Transparencia y 140 de la Ley Federal de Transparencia se solicita al comité de transparencia (...) que confirme la clasificación de la información requerida como reservada por cinco años”.