Los privilegios de apellidarse Lozoya: la FGR y el trato diferenciado

Excepto Lozoya, en casos emblemáticos la FGR ha litigado para mantener a los inculpados en prisión preventiva justificada

Los privilegios de apellidarse Lozoya: la FGR y el trato diferenciado
Fotos: ARCHIVO EL UNIVERSAL
Nación 13/10/2021 02:55 Diana Lastiri Actualizada 05:52
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En casos emblemáticos de combate a la corrupción, la Fiscalía General de la República (FGR) ha actuado de manera diferenciada, pues contra personas en condiciones similares a las del exdirector General de Pemex, Emilio Lozoya Austin, ha solicitado imponer prisión preventiva al argumentar que los imputados tienen el poder económico y los contactos suficientes para fugarse.

En los juicios contra el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, el exsenador panista Jorge Luis Lavalle, la extitular de Sedesol, Rosario Robles y el empresario Alonso Ancira, quienes están acusados por delitos que no merecen prisión preventiva de oficio, la FGR ha litigado para mantenerlos en la cárcel.

EL UNIVERSAL informó que Lozoya, quien fue vinculado a proceso en julio de 2020 por asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero en los casos Odebrecht y Agro Nitrogenados, permanece en libertad condicional que le permite transitar en la Ciudad de México y zona conurbada, y que la FGR nunca solicitó sujetarlo a prisión preventiva.
 

Permanece en negociaciones con la fiscalía para que se le otorgue un criterio de oportunidad.

Ancira es coacusado de Lozoya en el caso Agro Nitrogenados y, al igual que el exfuncionario, se dio a la fuga y desde la audiencia inicial en la que la FGR lo imputó por lavado de dinero, los fiscales del asunto solicitaron sujetarlo a prisión preventiva justificada por el riesgo de fuga.

La defensa de Ancira pidió cambiar la medida cautelar que mantenía al empresario preso en el Reclusorio Norte, pero no tuvo éxito debido a que el juez determinó que aún existía riesgo de que huyera. En abril de este año recuperó su libertad al firmar un acuerdo reparatorio con Pemex en el que se comprometió a pagar 216 millones 664 mil 40 dólares.

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Alonso Ancira.

El exsenador Lavalle es uno de los 70 personajes que Lozoya denunció en agosto de 2020 como parte del criterio de oportunidad que negocia con la FGR.
En su denuncia, Lozoya lo señaló como parte de un grupo de legisladores panistas que exigían sobornos a cambio de votar a favor de las reformas del expresidente Enrique Peña Nieto.

Lavalle Maury no estuvo prófugo de la justicia, sino que se presentó por su propio pie ante un juez de control que en abril pasado lo vinculó a proceso por cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero, mismos delitos de los que se acusa a Lozoya. En este caso, la FGR también pidió prisión preventiva justificada al argumentar que tiene los medios suficientes para darse a la fuga.

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Jorge Luis Lavalle.
 

Al igual que Lavalle, Rosario Robles compareció voluntariamente ante un juez del Reclusorio Sur para escuchar la imputación en su contra, lo que tampoco sirvió para evitar que el juez accediera a la solicitud de la fiscalía de mantenerla en prisión preventiva justificada, pese a que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la disposición del imputado a comparecer debe ser tomada en consideración para buscar una medida cautelar alterna a la prisión.

Robles está acusada de un delito menor a los de Lozoya, Ancira y Lavalle, pues se le imputó ejercicio indebido del servicio público por supuestamente no informar a su superior jerárquico de las irregularidades observadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que derivaron en el caso de la Estafa maestra.

Para mantenerla en prisión, la FGR señaló que Robles no tiene un domicilio fijo y exhibió una licencia de conducir que ha sido refutada por la defensa como falsa y que tiene un domicilio distinto al de su credencial para votar; también indicó que la exfuncionaria cuenta con dinero suficiente y contactos para fugarse.

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Rosario Robles.

Los casos antes citados ocurrieron en la presente administración de la FGR encabezada por Alejandro Gertz Manero.

Aunque al exgobernador priista Roberto Borge le tocó ser vinculado a proceso durante la administración de Peña Nieto, también fue sujeto a prisión preventiva justificada.

El exmandatario estatal estuvo prófugo de la justicia: llegó extraditado a México y, aunque tenía daño renal, no ingresó a un hospital, sino que fue trasladado directamente al Centro de Justicia Penal Federal de Nezahualcóyotl, Estado de México, donde su audiencia de 16 horas fue interrumpida constantemente porque debía acudir varias veces al baño.

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Roberto Borge.
 

Borge fue vinculado a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita y la PGR pidió sujetarlo a prisión preventiva justificada por riesgo de fuga. 

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