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Limpia Palacio Nacional empresa "outsourcing"; paga el salario mínimo

Nación 10/12/2020 04:30 Raúl Olmos, Alejandra Barriguete y Valeria Durán Actualizada 05:46

El gobierno del presidente López Obrador subcontrata personal de limpieza mediante compañía que se ubica en un modesto inmueble en Iztacalco, donde no los conocen

El actual gobierno federal ha pagado 185 millones de pesos para la subcontratación de al menos 1,500 trabajadores de limpieza a través de Decoaro y Supervisión SA de CV, una compañía de outsourcing que aportó como su domicilio fiscal un mini-departamento en Iztacalco en el que según los vecinos nunca ha existido una empresa.

Entre 2019 y 2020, Decoaro ha recibido 23 contratos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), del Instituto Nacional de Migración (INM), de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y de las Secretarías de Turismo (Sectur), Relaciones Exteriores (SRE) y Comunicaciones y Transportes (SCT). Nunca antes había tenido asignaciones públicas.

Uno de esos contratos lo asignó la Presidencia de la República para la limpieza del interior de Palacio Nacional, donde reside y despacha el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha condenado en forma reiterada la subcontratación de empleados a través de outsourcing porque considera que es un mecanismo de explotación laboral, en el que los patrones se deslindan de sus responsabilidades.

En el contrato firmado el 3 de marzo de 2020 por la Presidencia de la República, ésta aceptó que Decoaro le pagara un sueldo de 123 pesos diarios a los trabajadores de limpieza de Palacio Nacional –que corresponde al salario mínimo oficial-- además de deslindarse de cualquier vínculo laboral con los afanadores.

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“El proveedor reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de sus trabajadores que intervienen en el desarrollo y ejecución de los servicios pactados en el presente contrato, en forma tal, que deslinda de toda responsabilidad a la Oficina de la Presidencia, respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores derivado de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social”, se lee en la cláusula décima segunda del contrato, obtenido por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

La empresa de outsourcing Decoaro asignó 31 empleados para la limpieza del interior de Palacio Nacional y de otros seis inmuebles que la Presidencia de la República tiene en avenida Constituyentes, en la colonia Roma, en la calle República de Guatemala y una mansión que perteneció a Manuel Ávila Camacho en el fraccionamiento La Herradura, en Huixquilucan.

La Presidencia se comprometió a pagar en 2020 a dicha empresa 7 millones 472 mil pesos por la subcontratación de los afanadores.

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Una empleada de la empresa Decoaro camina en el exterior de Palacio Nacional. Foto: MCCI

Francisco Javier Martínez Estrada, subdirector de Servicios Generales de la Presidencia y uno de los firmantes del contrato, aseguró que Decoaro ha ofrecido sin mayor problema el servicio de limpieza, el cual concluye en diciembre de 2020.

MCCI buscó a los dueños y al representante legal de la empresa, pero no se les localizó ni en los domicilios ni en el teléfono que aportaron a la Presidencia.
 

Reporta domicilio en departamento


El representante de Decoaro y Supervisión SA de CV, Gonzalo Arrevillaga Falcón, declaró en el contrato firmado con la Presidencia de la República que la empresa de outsourcing tenía su domicilio fiscal en la calle Azafrán 489, edificio C, interior 304, en la colonia Granjas México, en la alcaldía de Iztacalco.

El mismo domicilio aparece en las hojas membretadas, en las que la empresa presentó su propuesta económica, así como en otros procedimientos de contratación con otras dependencias federales.

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Sin embargo, ese domicilio corresponde a un departamento que habitan dos mujeres (madre e hija), y no a una empresa, constató MCCI en distintas visitas realizadas al inmueble.

El departamento que Decoaro reportó como su domicilio está en un conjunto habitacional de cuatro edificios, ubicado entre dos bodegas. Los vecinos del edificio C de ese conjunto confirmaron que en ese departamento nunca ha operado una empresa.

La administradora del edificio reconoció que en distintas ocasiones han acudido a preguntar por una empresa, pero ratificó que todos los departamentos son sólo de uso habitacional.

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Javier Martínez Estrada, uno de los funcionarios que participó en el procedimiento de asignación del contrato, confirmó que esa dirección fue la que presentó Decoaro en la Presidencia, pero que aportó un segundo domicilio en Calzada Vallejo 1148, en Tlalnepantla, en donde supuestamente tiene oficinas.

“Ese (el departamento de Iztacalco) es el domicilio fiscal que ellos dieron y lo corroboraron con documentos fiscales, pero me imagino que el centro operativo está en Tlalnepantla”, dijo el funcionario.

El domicilio de Calzada Vallejo corresponde a otro edificio de departamentos recién construido.

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Una empleada de Decoaro dijo que ella nunca se ha presentado en las oficinas que la empresa dice tener en Tlalnepantla, ya que desde que la contrataron todos los trámites los ha hecho directamente en Palacio Nacional.

El departamento que Decoaro dio como su domicilio fiscal tiene una superficie de 67 metros cuadrados, distribuidos en dos recámaras, cocina, sala-comedor y un baño. Un inmueble de características idénticas en el mismo edificio se ofrece en renta en 7 mil pesos.
 

Entregan cotizaciones al secretario del presidente


Cuatro días antes de darse el fallo a favor de Decoaro, la empresa había enviado su cotización a la Secretaría particular del presidente, que está a cargo de Alejandro Esquer Verdugo.

Lo anterior, pese a que el procedimiento de asignación estaba a cargo de Jael Hernández Hernández, director general de Recursos Materiales de la Presidencia de la República.

En el oficio de invitación del 7 de febrero se especificó que la presentación de proposiciones debería hacerse a la Dirección de recursos materiales, dependiente de la Unidad de Administración y Finanzas de la Presidencia.

La propuesta entregada a Esquer –de la que MCCI tiene copia- está fechada el 14 de febrero de 2020 y el fallo se anunció el 18 del mismo mes.

El pasado 9 de noviembre, MCCI publicó que Esquer Verdugo había contratado a dos empresas identificadas por el SAT como “fantasma” para la campaña electoral de 2018, cuando fue secretario de Finanzas de Morena.

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Desde hace tres décadas, Esquer es un hombre muy cercano a López Obrador. Ha sido su secretario particular en distintos momentos; primero cuando fue líder nacional del PRD, entre 1996 y 1999; luego, entre noviembre de 2002 y julio de 2005, cuando fue Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y a partir de diciembre de 2018, cuando asumió la Presidencia de México.

En noviembre de 2015 Esquer asumió la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, cargo en el que permaneció hasta finales de 2018, cuando pasó a ocupar su actual puesto en la Presidencia de la República.

Jael Hernández y Francisco Javier Martínez Estrada, los dos funcionarios de la Presidencia que firmaron el contrato con Decoaro, trabajaron como subordinados de Esquer Verdugo cuando éste se desempeñó como Secretario de Finanzas de Morena; el primero era el contador del partido político y el segundo su auxiliar, con la responsabilidad de presentar los reportes contables al Instituto Nacional Electoral.
 

Acumula $185 millones en contratos


El domicilio de Decoaro en un departamento de Iztacalco contrasta con los millonarios contratos que ha recibido de parte de la actual administración federal.

Entre 2019 y 2020 ha recibido al menos 24 asignaciones de contratos por más de 185 millones de pesos para la limpieza de inmuebles federales.

Además de la Presidencia, los afanadores subcontratados por Decoaro dan servicio de limpieza en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la zona metropolitana de la Ciudad de México y en al menos 15 estados; en las estaciones del Instituto Nacional de Migración en 7 estados del sur; en inmuebles de la Fiscalía General de la República en 5 entidades, en el puerto de Lázaro Cárdenas, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y en las instalaciones de las Secretarías de Turismo y de Relaciones Exteriores en la capital del país.

El mayor monto de los contratos fue asignado por el SAT, que en 11 contratos se comprometió a pagar 102 millones de pesos a Decoaro.

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En cada uno de los contratos, las distintas dependencias se deslindan de cualquier vínculo laboral con los afanadores que son subcontratados. Por ejemplo, en la cláusula décimo sexta de responsabilidad laboral, el contrato de la FGR aclara:

“Queda expresamente estipulado que el proveedor será responsable única y directamente ante el personal que ocupe para la prestación de los servicios y por lo tanto, en ningún momento se considerará a la Fiscalía como patrón sustituto no tampoco a el proveedor como intermediario por lo que la fiscalía no tendrá relación alguna de carácter laboral con dicho personal y consecuentemente queda liberada de cualquier responsabilidad en materia de trabajo y/o seguridad social, obligándose al proveedor a responder de cualquier acción legal que se pudiera presentar en contra de la Fiscalía por este concepto”.
 

La denuncian ante el IMSS


En los contratos firmados con el Gobierno federal, Decoaro y Supervisión se ha comprometido a proporcionar al menos 1,500 empleados de limpieza con todas las prestaciones de ley. Tan sólo en 5 asignaciones del SAT suman 868 afanadores subcontratados.

Sin embargo, la empresa ha sido acusada ante el IMSS por la Asociación Sindical de Obreros y Empleados del Mantenimiento, Conservación y Limpieza por supuestamente no cumplir con sus obligaciones laborales.

Dicha asociación solicitó desde inicios de 2020 ante la Coordinación Nacional de Fiscalización y Cobranza del IMSS que se revise y verifique el cumplimiento de las obligaciones laborales de Decoaro y de su asociado Molt Net SA de CV, ya que “existen indicios de que no inscriben a los trabajadores en el Sistema Único de Autodeterminación del IMSS”.

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En la licitación realizada el 17 de marzo de 2020 por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Decoaro fue descalificada por no presentar la relación de personal asegurado con fecha no mayor a un mes de antelación a la fecha del concurso, además de haber presentado un comprobante de domicilio vencido.

En otra licitación realizada el 31 de julio de 2020 en la Secretaría de Relaciones Exteriores también omitió informar el número total de trabajadores y un documento vigente expedido por el IMSS sobre el cumplimiento de sus obligaciones patronales. La empresa argumentó que presentaría ese documento sólo si resultaba beneficiada con el contrato.
 

Cambia de razón social


Decoaro y Supervisión SA de CV incursionó apenas en 2018 en la limpieza de inmuebles y fue a partir de 2019 cuando empezó a recibir contratos del Gobierno federal.

Antes, la empresa se dedicaba a actividades vinculadas con la construcción y la comercialización.

Decoaro fue constituida el 8 de enero de 2009 en la Ciudad de México con dos objetos sociales principales:

a) La realización y ejecución de toda clase de estudios, trabajos, proyectos y supervisión en el ramo de la ingeniería y arquitectura y en general de la industria de la construcción, incluyendo la remodelación y mantenimiento, así como coordinación de los mismos.

b) La fabricación y comercio en general de toda clase de muebles de madera, tela, metal, fibras de vidrio para el hogar y oficinas, así como de todo lo relacionado con herrería, carpintería y decoración de interiores, suministro y fabricación de mobiliario, artículos decorativos, accesorios para baño, importación y exportación de artículos para acabados y decoración.

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El 11 de julio de 2018 se amplió el objeto social de la empresa a la prestación de servicios de mantenimiento, limpieza y reparación en toda clase de inmuebles. En aquella fecha se nombró apoderado y representante legal a Gonzalo Arrevillaga Falcón, que es quien ha firmado todos los contratos con el gobierno federal.
 

Paga salario mínimo a afanadores de la Presidencia


El contrato de limpieza de la Presidencia de la República con Decoaro fue formalizado el 3 de marzo de 2020, por un monto máximo de 7 millones 472 mil pesos y con vigencia hasta el 31 de diciembre.

En su propuesta económica, Decoaro ofreció pagar 123 pesos diarios a cada afanador u operario, monto que corresponde al salario mínimo.

El salario integrado se eleva a 132 pesos diarios con el pago de prestaciones.

En el contrato se incluye la aplicación de una pena del 1% del monto total de las facturas, en caso de que el proveedor no entregue bimestralmente a la Presidencia el comprobante de las cuotas obrero patronales.

En otras dependencias federales en las que también obtuvo contratos, Decoaro ofreció pagar mejores sueldos que en la Presidencia.

Por ejemplo, en el SAT de la zona metropolitana de la Ciudad de México, el salario diario integrado de los afanadores es de 207 pesos diarios y en el SAT de Nogales es de 244 pesos.
 

La presidencia invitó a cotizar a empresa fantasma


El procedimiento de asignación del contrato de limpieza fue bajo la modalidad de “invitación a por lo menos tres proveedores”.

Entre las empresas que la presidencia invitó a enviar cotizaciones estuvo Limpieza y Mantenimiento Xielsa SA de CV, la cual desde el 19 de noviembre de 2019 había sido incluida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el listado de contribuyentes con presuntas operaciones inexistentes, también identificadas como empresas “fantasma” o “factureras”.

El SAT incluyó el pasado 29 de junio de 2020 a esta empresa en su listado definitivo de simulación de operaciones.

Otras seis empresas invitadas a este procedimiento enviaron cotizaciones para tratar de obtener el contrato: Decoaro, Gott und Glück, Kamej, Likhom Services, Racso Proyectos Industriales y Tecnolimpieza Delta SA de CV.

Todas las propuestas cumplieron con las especificaciones técnicas requeridas, pero se eligió a Decoaro por haber presentado la cotización más baja por empleado subcontratado.
 

La crítica de AMLO al outsourcing


El 12 de noviembre de 2020, cuando presentó una iniciativa de ley contra el outsourcing, el presidente López Obrador calificó esa modalidad de subcontratación “como una forma de defraudación fiscal y sobre todo que afecta a los trabajadores, porque de esta manera les niegan sus prestaciones laborales, los despiden a fin de año, masivamente, y no les reconocen sus derechos laborales fundamentales, ni aguinaldo ni reparto de utilidades”.

Ese mismo día dijo que, además, el fenómeno de la subcontratación “está relacionado con empresas fachadas, empresas factureras, que evaden impuestos y defraudan al fisco y evaden las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social”.

Días antes, el 27 de octubre, el presidente dijo que la práctica del outsourcing afecta al trabajador y a la hacienda pública, además de que se fomenta la corrupción.

“Si un ciudadano, pero más un servidor público, sabe que una empresa de estas factureras o de outsourcing está defraudando a la Hacienda Pública y no lo denuncia y no hace nada pues es un encubridor. Yo no quiero ser, pasar a la historia como encubridor, como tapadera, como cómplice de la corrupción”, añadió en la conferencia mañanera de ese día.

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