Entre las facultades que la Constitución otorga al presidente de la república se encuentra el nombramiento de embajadores, con el carácter de representante personal ante el jefe del Estado receptor. Por representación personal se entiende que el otorgante se identifica con la persona merecedora de tal distinción y asume la responsabilidad de su conducta. Este compromiso es un aval de confianza con base, ya sea en el conocimiento personal de la persona o en la información fidedigna de su honestidad y prestigio, presentada por el canciller. Por ende, se supone que el jefe del Estado debe estar consciente de que su designado comparte aquellos aspectos de su personalidad que lo hacen merecedor de su alta investidura. Por lo tanto, es incongruente, aberrante e irreflexivo nombrar como su representante personal a una persona que, en su vida pública y privada no goza de excelente reputación.
Los recientes anuncios del Ejecutivo sobre los nombramientos de algunos embajadores -sin tomar en cuenta la discreción y el tacto que demanda el protocolo diplomático- han despertado un ambiente de condena por parte de actores políticos y miembros del servicio exterior mexicano. Y es que, la actitud desdeñosa de los procedimientos tradicionales para designar representantes personales ante los jefes del Estado de otros países, adoptada por el Ejecutivo, es inédita en la historia diplomática de México, si bien es evidente que algunos aspectos de la práctica diplomática ya no se toman en cuenta, por ejemplo, que la solicitud del beneplácito debe hacerse verbalmente y no por nota, precisamente para no dejar rastro alguno de la negativa para otorgarlo; mas nunca el presidente de la república había propuesto la designación de sus enviados sin antes haber recibido el beneplácito correspondiente.
Es importante destacar que los nombramientos de personas ajenas al servicio exterior ha sido una práctica inveterada durante todas las administraciones, más nunca el presidente de la república había propuesto públicamente la designación de sus enviados, sin antes haber recibido el beneplácito correspondiente. Es muy probable que, por ignorancia o sectarismo, nuestro locuaz mandatario no sepa distinguir entre lo propio y lo erróneo, pero eso no lo exime del respeto que debe a sus pares y mucho menos de lanzar juicios de mérito contra un secretario de relaciones exteriores extranjero. En cualquier país, el canciller, cuya función es asesorar a su jefe para no cometer semejantes disparates, por dignidad, ya hubiera renunciado pues lo ocurrido es ofensivo y humillante ya que pone de manifiesto la escasa atención que le otorga el presidente a sus consejos.
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Considero que las razones por las que estos desafortunados episodios ocurren en nuestro país se deben, en parte, a la abyecta sumisión del Senado a la voluntad del Ejecutivo. Si revisamos la historia diplomática de nuestro país veremos que nunca se ha desechado un solo nombramiento de embajador o de cónsul general, es más, para evitar una remota impugnación a la persona propuesta, por parte de los integrantes de la comisión de relaciones exteriores, se ha recurrido a degradar a los consulados generales, como ocurrió en Milán y Barcelona.
El papel que debe desempeñar el Senado en las cuestiones relacionadas con la política exterior, como lo marca la ley, es el de vigilar las decisiones del Ejecutivo y en su caso rechazarlas. Sin embargo, durante las administraciones priistas llegó a omitirse el requisito de comparecencia que solo volvió a observarse durante la administración del presidente Salinas de Gortari .
Para evitar que en el futuro se presenten situaciones embarazosas para nuestro país, en el ámbito diplomático, considero necesario que; primero, el senado actúe, asesorado por expertos, con diligencia y desinterés partidario en las comparecencias de los embajadores y cónsules generales, segundo; que se reforme la Ley del Servicio Exterior Mexicano para que se establezca un porcentaje máximo de designaciones políticas y dar preferencia a los miembros del servicio exterior; tercero que la cancillería respete el escalafón, la antigüedad y el rango de los diplomáticos de carrera en los nombramientos que se hacen, sobre todo de los jefes de misión.
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