En México, el porcentaje de escuelas que cuentan con infraestructura adaptada para estudiantes con discapacidad es de 23.2%, en primarias, 24.8% en secundarias y 35.9% en educación media superior, asegura la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

“Históricamente, los planteles escolares fueron construidos pensando en el común de la población, es decir, en estudiantes, docentes, personal y familias que caminan, escuchan, ven y hablan sin mayor dificultad”, señala la institución.

En su estudio Discapacidad y derecho a la educación en México, refiere que si bien en la sociedad ha crecido la conciencia y aceptación de que las personas son diversas y tienen diferentes condiciones y necesidades, todavía queda trabajo por hacer.

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“Uno de los principales retos en materia educativa es lograr que las políticas y normativas se traduzcan en la mejora de las condiciones en los planteles para garantizar el acceso de cualquier niña, niño, adolescente o joven con discapacidad”, destaca Mejoredu, que dirige Sylvia Valle Tépatl.

El diagnóstico de Mejoredu agrega que en los planteles del país se advierte que “en ningún caso se llega a 50%, lo que implica que la mayoría de las escuelas de educación primaria, secundaria y media superior carecen de las condiciones de accesibilidad indispensables para favorecer la formación de estudiantes con discapacidad y para otorgarles experiencias educativas y sociales en igualdad de condiciones”.

Agrega que en educación primaria existe una amplia diferencia en el porcentaje de escuelas con infraestructura adaptada, por tipos de servicio: 43.8% en las privadas, 26.3% en las generales públicas y 4.4% en las indígenas. Con respecto a secundaria, los porcentajes también son disímiles por tipo de servicio: 40.7% en escuelas generales, 42.3% en técnicas y 47.0% en privadas, pero en telesecundarias es apenas de 13.1%. Tanto en educación primaria como en secundaria, ninguna escuela comunitaria tiene infraestructura adaptada para alumnos con discapacidad.

Integrante del Departamento de Investigaciones Educativas (DIE) del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Alma Maldonado, considera que existe una gran deuda con los estudiantes con discapacidad porque no se les está brindando la atención ni las herramientas que requieren para su integración a escuelas regulares.

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“La tendencia mundial es integrar a este sector de la población, a que no haya escuelas especiales, que las escuelas tengan la capacidad de atender a quien sea y a no discriminarlos. Es terrible que no hayamos podido solventar este problema. Estamos en deuda con estas niñas, niños y adolescentes con discapacidad”, dice a EL UNIVERSAL.

Eliseo Guajardo Ramos, titular de la Unidad para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), opina que todas las escuelas que se construyan deberían de ser inclusivas y considerar rampas o elevadores para hacer más amables los planteles para los alumnos con discapacidad.

“Las adecuaciones para niños con discapacidad deberían realizarse también en todas las escuelas, previamente al inicio de los ciclos escolares, porque una rampa o cualquier adaptación es un mensaje de bienvenida a los niños con discapacidad, porque se ve que están dispuestas a recibirlos”, expresa.

Expone que en algunos países europeos los ciudadanos marcan con una X el lugar donde debe haber una adaptación para ese sector de la población: “Eso es una denuncia y al mismo tiempo es un diagnóstico, y eso induce a las autoridades a mejorar esa infraestructura y eso es sano”, dice.

Erik Avilés, académico del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos, destaca que la política educativa nacional en materia de infraestructura física educativa se ha caracterizado por su inconsistencia, fugacidad, discriminación, corrupción y por no ser inclusiva.

“Para las generaciones en formación en situación de discapacidad aún no ha habido una transformación en materia de infraestructura incluyente. Las violaciones a los derechos humanos de las niñas, niños, jóvenes y maestros con discapacidad merecen mucho más que recomendaciones. Es momento de presupuestar dignamente la construcción y adaptación de infraestructura física educativa para hacerla inclusiva”, afirma el especialista.

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