Columnistas de EL UNIVERSAL , colaboradores y analistas coinciden en la importancia de haber llevado a cabo el ejercicio democrático, pero critican el discurso del Presidente y morenistas , quienes desacreditaron la labor de organización y difusión del INE. Cuestionan desde la ambigüedad de la pregunta hasta el desperdicio económico y aseguran que la baja participación refleja los errores del proceso
Un ritual absurdo
Por: José Woldenberg
La consulta fue resultado de un capricho del presidente que la Suprema Corte no supo o no quiso detener a tiempo. La pregunta inicial pretendía que los ciudadanos votaran sobre eventuales delitos cometidos por los expresidentes con nombre y apellido. Por supuesto eso no solo era un circo era un linchamiento público que pasaba por encima de los derechos de los “inculpados”, violaba la presunción de inocencia y el debido proceso. Pero en vez de decirle que no al presidente, la Corte decidió enmendarle la plana y redactó una pregunta innecesaria, necia y confusa.
La organización de la famosa consulta resultó bien porque el INE tiene capacidad para ello y más (a pesar de que no existió un presupuesto para la misma). Hizo lo que le marcaba la Constitución y la ley . Y la jornada transcurrió sin mayores incidentes. Por fortuna la inmensa de la mayoría de los ciudadanos (el 93% de los inscritos en las listas nominales de electores) le dimos la espalda. Mi lectura es que cuando se nos convoca a participar en un ritual absurdo la mayoría dice no.
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Lo preocupante es que, en lugar de reconocer sus gafes, el presidente y Morena han pretendido culpar al INE de la baja participación. Hay o una incomprensión o una lectura interesada de la función que debe cumplir el INE. Y eso a todos debe inquietar. Porque el país necesita una autoridad administrativa en materia electoral cabalmente autónoma y no alineada a los designios del presidente. Y eso es lo que al parecer no soporta el titular del Ejecutivo.
Politólogo y académico
Lo bueno, lo malo, lo feo…
Por: Alberto Aziz Nassif
Lo bueno: La democracia representativa da muestras de agotamiento que necesitan ser corregidas a través de formas de participación directa, como las consultas.
La consulta popular permite una ampliación de derechos y un mecanismo de participación ciudadana complementario, para tener una democracia integral.
La primera consulta en México, que se hizo dentro de las reglas constitucionales, fue positiva, a pesar de todos sus inconvenientes y factores negativos; mostró cómo se pueden hacer estos mecanismos de participación directa.
El INE -de nuevo- tuvo buena capacidad para organizar este ejercicio.
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Lo malo: Esta consulta tuvo muchos obstáculos, desde la fecha que se cambió y no se hizo con las elecciones intermedias, con lo cual se volvió anticlimática, hasta el cambio de la pregunta original, que fue modificada por la SCJN, una instancia que no tenía facultades para hacer esta adecuación, y cuyo resultado fue una galimatías inentendible.
La consulta se pintó de los colores de la polarización por los que atraviesa el país, por una parte fue ignorada o abiertamente saboteada por la oposición y, por la otra, fue impulsada por el partido gobernante.
El porcentaje de participación fue bajo para los requisitos de un resultado vinculante.
Lo feo: AMLO , iniciador de esta consulta, tuvo una actitud muy ambivalente, por una parte declara que la consulta fue un éxito y, por la otra, culpabiliza al INE de la baja participación y de que no promovió con entusiasmo la consulta.
Lo esperable: Ahora sería positivo la creación de una comisión de la verdad para esclarecer los crímenes y abusos del Estado mexicano en las últimas décadas, y establecer mecanismos de justicia, memoria y reparación a las víctimas.
Una manipulación populista
Por: José de Jesús Orozco Henríquez
Es lamentable que un valioso instrumento de democracia participativa se manipule de manera populista y demagógica. Si lo que se deseaba son mecanismos de verdad, justicia y reparación para las víctimas, la pregunta debió haber sido otra. Es claro que la interrogante original del presidente de la República era violatoria de derechos humanos, como lo estableció la Suprema Corte. No obstante, la pregunta que se sometió a consulta resultó ambigua y se tradujo en un ejercicio oneroso (por innecesario y absurdo), desairado (la participación más baja en Latinoamérica en ejercicios equivalentes) e intrascendente, en donde el Ejecutivo y su partido pretendieron confundir y burlar al electorado, al insistir en que el objeto de la consulta supuestamente era enjuiciar a expresidentes, lo cual había sido rechazado por la misma Corte. De ahí que, si bien hubo respetables participantes de buena fe, la inmensa mayoría de la ciudadanía la consideró una farsa y no se prestó.
Si el propósito era “garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas” -como rezaba la pregunta-, ello era ya y sigue siendo una obligación de la Fiscalía General de la República y demás autoridades competentes de investigar, procesar y sancionar a las personas responsables (incluidos, en su caso, los expresidentes), de acuerdo con la Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos, sin necesidad de consulta alguna y con independencia de su resultado y carácter no vinculatorio.
Exigimos que, sin manipulaciones demagógicas ni populistas, las autoridades competentes cumplan con su obligación constitucional e internacional de proporcionar justicia efectiva y garantizar los derechos de las víctimas a fin de erradicar la impunidad.
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Degradar para destruir la democracia
Por: Francisco Valdés Ugalde
La figura constitucional de la consulta popular ha sido envilecida entre el presidente de la República y la Suprema Corte de Justicia. Si no fuera grotesco hacer una teoría de la conspiración, sería obvio que la hay y contendría el siguiente y malévolo plan imaginario: 1) se promete en campaña consultar sobre el enjuiciamiento a expresidentes, 2) se modula la figura de la Consulta Popular en la Constitución con la venia de la oposición y el parecer general -que concurren en buena fe con la propuesta-, 3) se propone una pregunta que a sabiendas es anticonstitucional por inquisitorial o, lo que es lo mismo, 4) se avienta la papa caliente a la Suprema Corte para que resuelva, 5) la Corte “resuelve” haciendo de la pregunta un galimatías que se imprime en la boleta, 6) el presidente reitera que no hay que enjuiciarlos (aunque del asunto ya nada queda en la pregunta), 7) los votantes se percatan de que esto es un circo y se abstienen de votar en 93 por ciento, y 8) se culpa del vacío a la autoridad electoral y prepara una reforma para desaparecerlo.
¿Cómo se llamó la obra? Degradación deliberada de la democracia para imponer una voluntad despótica. Demasiados actos para un “compló”, pero excelente cosecha para el siguiente paso: apropiarse del control de las elecciones para conservar el poder. Estricto apego al libreto del buen populista. ¿Los mexicanos lo vamos a permitir?
¿Para esto querían la consulta?
Por: Lourdes Morales Canales
Los mediocres resultados de la primera consulta popular realizada a nivel nacional en México, han generado reacciones preocupantes que confirman cómo un mecanismo supuestamente destinado al fortalecimiento de la democracia puede jugar en su contra. La ambigüedad de la pregunta y la obsesión del Presidente de culpar al pasado para no responsabilizarse del presente no concitó a una movilización masiva, tampoco produjo nutridos debates, ni sentó las bases para un necesario proyecto político que logre sortear con éxito la crisis actual. La consulta que nació de y para continuar con una permanente y agotadora campaña electoral generó un escaso 7 por ciento de participación ciudadana lo cual se aleja a zancadas del 40 por ciento requerido para hacerla vinculante. Con la soberbia de quien no acepta nunca una derrota, los promotores políticos de la consulta se contradicen. Por un lado, dicen que el ejercicio fue un éxito y que representó un parteaguas. Por el otro, descalifican al árbitro con falacias como: la falta de promoción, la reducción del número de mesas receptoras, la aceptación de irregularidades, la selección amañada de la fecha y la inexistencia de mesas extraordinarias. Quienes con estos argumentos atacan al INE no solo hacen gala de su mala fe sino que además le endilgan al árbitro la responsabilidad de un ejercicio contrahecho. En un tiempo de apenas 15 días, porque así lo decidió el Congreso, con una mala pregunta, porque así lo decidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un mal momento porque así lo establece la ley y sin la aprobación del presupuesto que se requería, el INE logró capacitar al 99.9 por ciento de funcionarios requeridos, instaló 57 mil 070 mesas receptoras, registró a más de 30 mil observadores y suspendió el escrutinio y cómputo ahí en donde se registraron irregularidades. A pesar de no contar con un presupuesto específico, logró producir más de 330 jornadas de diálogo nacionales, 933 publicaciones específicas, 6 millones de mensajes en redes sociales, casi 2 mil materiales para medios ofrecidos por el gobierno de la Ciudad de México y 45 comunicados de prensa con casi medio millón de impresiones. Todo esto en la tercera ola de contagios por Covid-19. Los primeros saldos de la consulta se traducen en la promoción de un juicio político a dos consejeros electorales incómodos para el poder. ¿Para esto querían la consulta?
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Las lecciones que debemos aprender
Por: Erika Bárcena Arévalo
Llama la atención que tras 15 años de guerra, esa que llamamos “contra el narco” pero que sin duda ha sido contra todxs nosotrxs, las voces que claman por justicia todavía parecen sectorizadas en movimientos sociales, donde destaca el movimiento por nuestrxs desaparecidxs. En este contexto, la dificultad que muchxs mexicanxs enfrentamos para ubicar y dimensionar los problemas que nos ha traído esta guerra y hacer algo al respecto, es un hecho, y el ejercicio de consulta popular nos confrontó con ello desde el principio pues no pareció quedar claro dónde radican realmente esos problemas.
Es de destacarse que desde sus inicios la discusión fue dominada por si la pregunta era constitucional o no, si el juicio a los expresidentes era jurídicamente viable o no, si la ley se consulta o no, pero en el trasfondo de estas cuestiones parecía estar en buena medida si apoyamos al presidente de la República y su partido o no. Error.
El potencial de las consultas ciudadanas va mucho más allá de lo estrictamente jurídico y de la política electoral, y definitivamente no puede entenderse y desecharse como si sólo fuera un capricho senil. Su potencial está más bien en la capacidad que tiene para convocarnos a la reflexión colectiva, para entender cada vez mejor dónde están realmente nuestros problemas, y en esa medida apropiárnosla para exigir justicia.
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Desde esta posición, la consulta nos deja muchas lecciones por aprender, y no me centraría en opinar sobre lo que es “jurídicamente equivocado” del ejercicio porque es simplemente ocioso. Lo que nos muestra es que debemos exigir a la Corte, a Morena o a quien venga, se centren en qué debemos discutir y qué debe venir el día después. Porque ni la consulta popular mejor diseñada va a lograr algo si no nos involucramos. Esa es la mayor lección.
La chance que se perdió
Por: Jorge Cerdio
La consulta popular ha sido un ejercicio que merece mejorar. El poder ejecutivo debería usar la consulta con mayor soltura ahí donde se requiera mostrar consensos sobre cuestiones trascendentes para la vida pública. Hay decisiones que si se toman bajo el respaldo de un “Sí” democrático general llevan mayor fuerza y no tienen que esperar hasta el siguiente cambio de mandato. Hoy son las revisiones de las decisiones políticas, pero esto no debe limitarse a cumplir una promesa de campaña. La consulta popular debe ser vista con mayor frecuencia como una opción más de gobernanza democrática por parte del Presidente. Pero también debe haber un aprendizaje por parte de la Suprema Corte de Justicia. Su papel es el de revisar que la formulación de la consulta no sea contraria a la regulación, a los criterios que ha puesto la Constitución. Este papel no ha de ser confundido con el de un segundo redactor del texto; se corre el riesgo de que su curaduría elimine el sentido de oportunidad política; que frustre los objetivos de quien hace la política pública en el gobierno en turno. La actual formulación votada resultó tan amplia y vaga que de haber sido vinculante en la votación daría lugar a casi cualquier acción del gobierno. Por el contrario, una formulación precisa permite la contracara del ejercicio del voto, la rendición de cuentas. Aquí hay todavía por aprender. Finalmente está el aprendizaje del no desperdicio a cargo de la ciudadanía. Una consulta nos cuesta a todos dinero, mucho, del erario. Una baja participación es un desperdicio de 528 millones de pesos que gastó el INE. No somos una sociedad huérfana de necesitados, de personas desaventajadas. Son muchas y muy añejas las necesidades colectivas. Finalmente al desperdicio económico debemos sumar la pérdida de una chance. Se perdió la chance para que tome fuerza un instrumento que nos empodera frente al poder público. La consulta popular por el “Sí” refleja la legitimidad de una política; y por el “No” demuestra su desatino rotundo.
En la medida en que sigamos desairando la consulta en esa medida será una campaña publicitaria de los caprichos del gobernante en turno. En la medida en que seamos participativos, en esa medida su resultado tendrá eco en la conducción del país.
De democracia, participación, víctimas y pueblo… ausentes.
Por: Ana Micaela Alterio
En México hoy se cuentan más de 90 mil personas desaparecidas. No se han abierto procesos de justicia transicional, ni de memoria, ni de verdad, menos aún, de justicia.
En México nunca había habido una consulta popular, a pesar de estar establecida desde 2014 constitucionalmente. Su previsión se adosó a un sistema hiper-presidencialista y se estableció con tantos candados, que ha sido imposible para la ciudadanía llevar a cabo alguna.
México es una democracia representativa, es decir, un sistema en donde el pueblo, a través de sus representantes, toma las decisiones políticas fundamentales para la vida en común, mediante el voto mayoritario, cada 3 o 6 años. El adjetivo “participativa” alude a mecanismos por los que la ciudadanía expresa su voluntad, delibera sobre las opciones disponibles, configura dichas opciones, decide y/o controla al poder. La participación robustece la democracia. Sin embargo, el diseño institucional mexicano obstaculiza la democracia participativa. La función plebiscitaria de la participación, que implica la ratificación de la voluntad de un/a líder, a su solicitud y sin posibilidad de configuración, no es democratizadora; solo fortalece a quien activa esa fuerza a su contentillo.
El domingo pasado se realizó una “consulta popular” que, bajo cualquier lógica, debiera haber resultado en un sí rotundo, por abrumadora mayoría: “México dice SÍ al inicio de un proceso de MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA”. Pero no se preguntó lo lógico, esa respuesta no quiere escucharse. Entonces…alguien entendió desde la ingeniería constitucional que se activaba un mecanismo de apoyo al presidente (que inició el proceso “imposible” a su antojo y a quien la Corte no pudo decir no). Otras entendieron desde la legalidad que el llamado era una simulación (la justicia no se consulta). Otros entendieron desde la intención declarada que implicaba una persecución política a antiguas élites (y estarán festejando). Quienes no entendimos nada fuimos la mayoría, que nos debatimos angustiada cuál era la mejor forma de proceder; mientras queríamos estar al lado de las víctimas, buscando, al pueblo, de nuevo ausente.