El constitucionalista César Astudillo considera que la ampliación de mandato del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aprobada por el Congreso de la Unión en un artículo transitorio, constituye una transgresión a la independencia judicial.
Subraya que con esto el Poder Legislativo se constituye en sustitución de los 11 ministros, al quitarles la facultad de elegir a su presidente conforme a lo que ordena la Constitución.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM afirma que no existe justificación legal para que los legisladores modifiquen un mandato a través de un artículo transitorio.
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Advierte que, de impugnarse la reforma ante la SCJN, si los ministros no la declaran inconstitucional, el asunto podría llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde hay precedentes de declaratorias de que este tipo de injerencias en los Poderes son violatorias del Estado.
¿Qué opina usted sobre ampliar el mandato del presidente de la Corte?
—Estamos ante una inconstitucionalidad evidente por varios argumentos. Desde el punto de vista jurídico, porque una ley no puede ir contra lo que dice la Constitución, que expresa en el artículo 97 cómo se elige al presidente de la Corte, quién lo elige, por cuánto tiempo y que no hay reelección.
Estos elementos han sido transgredidos por el artículo transitorio, pues donde dice que la elección del presidente de la Corte le corresponde a los 11 ministros que conforman el pleno, las dos Cámaras están sustituyéndolos, haciendo una elección directa.
Hay una transgresión a la independencia judicial que exige que no haya ninguna injerencia de otros Poderes respecto al Judicial, y aquí se están metiendo los legisladores en un tema esencial: quién es el presidente de la Suprema Corte.
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Si la elección del presidente se da internamente entre los 11 [ministros], es para salvaguardar la independencia, pero también porque todo aquel que llega a ser ministro de alguna manera tiene la posibilidad de presidirla. Con esta ampliación también se estarían negando las posibilidades que tienen otros ministros.
¿Hasta dónde puede escalar este asunto?
—No hay ningún argumento que lleve a sustentar que esta reforma, desde el punto de vista constitucional, es buena, ni desde el convencional, pues este tipo de asuntos pueden escalar al conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha conocido asuntos parecidos.
¿Políticamente qué significa esta ampliación?
—Es un mensaje muy inadecuado. Es verdad que (...) el Presidente de la República, Morena y la 4T están muy cómodos con los menores controles al ejercicio del poder, lo hemos visto, han ido suavizando la fortaleza de los órganos autónomos porque a este Ejecutivo no le gustan los controles, los equilibrios y los contrapesos.
Es claro que tiene al Congreso de su lado y ahora también quiere, parece que ese es el mensaje, tener un contrapeso, menos en el Poder Judicial.
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¿Qué puede pasar?
—El asunto podría ser impugnado ante la Suprema Corte de Justicia mediante una acción de inconstitucionalidad. Eso abre otra discusión de si [Arturo] Zaldívar tendría que participar o retirarse de la discusión para dejar que los otros 10 sean quienes definan el asunto.
¿El Poder Judicial necesita ser moralizado, como afirma el Presidente?
—Todos los Poderes necesitan ser moralizados, empezando por el Ejecutivo federal.
El sólo hecho de que él tenga en sus intervenciones expresiones que minan la independencia judicial hay muchos que podrían ser considerados inmorales, antiéticos, pues él es jefe de gobierno y jefe de Estado y como tal tiene un deber de neutralidad, de gobernar para todos, sin distingo de colores.
Esa parte del Presidente está muy ausente porque todos los días en la mañanera atiza la polarización, las diferencias, le da a los partidos políticos de la oposición con esta idea de que todo lo del pasado fue malo y que lo de ahora es bueno.
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¿Se rompió el equilibrio entre Poderes?
—Sí, pero no por lo que está pasando en el Judicial, sino por lo que ocurre con el Legislativo.
Este escenario ya lo vivimos cuando el PRI estaba en su apogeo, pero entonces el Presidente no tenía que salir a pedir que no le movieran sus iniciativas. Ahora que están pasando todas, después de que sale a pronunciarse, hay un desfase, pues no sólo es cabeza del Ejecutivo, sino líder del Congreso.