En abuso infantil, silencio de autoridades, advierten

Hay ocultamiento o incompetencia de funcionarios en los procesos de denuncia e investigación de casos de violación o pornografía en escuelas del país, asegura

En abuso infantil, silencio de autoridades, advierten
Margarita Griesbach Guizar. Directora de ODI. Foto: CORTESÍA
Nación 02/06/2021 04:35 Luis Carlos Rodríguez Actualizada 14:20
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El informe Es un secreto. La explotación sexual infantil en las escuelas, elaborado por la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, A.C. (ODI), revela actos de incompetencia o encubrimiento por parte de funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de las distintas fiscalías del país, incluida la General de la República (FGR), en los procesos de denuncias e investigación por casos de violación y pornografía infantil en al menos 18 escuelas de siete estados del país.

Advierte lo anterior la directora de ODI, Margarita Griesbach Guizar, quien en entrevista con EL UNIVERSAL destaca que hay desaseo en los procedimientos y rechaza realizar una investigación criminal no fragmentada para desmantelar a los grupos dedicados a la explotación sexual y pornografía infantil en las escuelas mexicanas. Expuso la gravedad de la falta de una adecuada investigación. 

“Encontramos en una primera red superficial en información pública todo esto, nosotros que somos una organización pequeña. Creo que hay indicios para pensar que sólo estamos viendo un cachito de un problema más grande, pero no lo podemos saber porque no hay investigación criminal. Los ciudadanos no podemos sustituir al Estado, necesitamos un Estado que funcione”, dice.

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Advierte que hay hallazgos de la investigación que involucran al menos a 18 escuelas, sobre todo de preescolar, en el país y la forma similar en que los niños fueron abusados, videograbados, sacados de los planteles por grupos de hasta de 10 adultos, la mayoría profesores, pero no se atreve a afirmar que se trata de una sola red de delincuentes.

“No me atrevo a decir si es una red, muchas redes o simplemente un nuevo modus operandi de una nueva forma de criminalidad. Lo que queda claro es que estamos frente a criminalidad compleja y que ante ello se requiere de una investigación con una mirada amplia para entender lo que está pasando en México con estos delitos”, señala.

Sobre la actuación de la Fiscalía General de la República y de otras fiscalías estatales y autoridades educativas cuando se denuncian estos casos, subrayó: “Yo sí creo que la incompetencia es el mejor amigo de la corrupción y la impunidad, porque lo que nos pasa una y otra vez, tanto con la investigación criminal como con la intervención de la SEP, es porque hay incompetencia en términos de profesionalización en la selección de docentes, en los expedientes, en el resguardo institucional o es doloso y hay encubrimiento”.

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La licenciada en Pedagogía por la Universidad de Austin, Texas, y con maestría en Investigación Educativa por la Universidad Iberoamericana señala que es lo mismo en el hecho de que la FGR tenga conocimiento de estos hechos y se niegue año tras año a investigarlos cabalmente, “y cuando buscamos obligarlos a investigar nos saca de la jugada, [entonces] es incompetencia o encubrimiento, no se sabe”.

Como lo informó este diario en sus ediciones del 30 y 31 de mayo, el informe documenta casos ocurridos desde 2001 a la fecha en escuelas de la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Baja California, Oaxaca, Morelos y San Luis Potosí. Hay más de un centenar de niños de entre tres y cinco años entre las víctimas de abuso, violación sexual y pornografía infantil.

Sobre la fragmentación de casos, el informe refiere que cuando se denuncia uno de estos casos de abusos masivos en escuelas el Ministerio Público opta por investigar delitos individuales de pederastia o violación equiparada, por lo que no se profundiza en una indagatoria completa sobre todos los maestros involucrados en cada una de las escuelas y de todas en su conjunto se ha visto limitada por una mirada parcial y fragmentada de la investigación o simplemente se detiene o sentencia a un maestro como autor material, y no se investiga para qué redes o qué personas trabaja en el tema de la pornografía infantil.

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Es tal la falta de preparación de los agentes investigadores que en el caso del cateo en domicilios de acusados de abusos y pornografía ni siquiera revisaron o se llevaron las computadoras, que era el lugar donde podían estar las fotografías o videos de las víctimas como evidencia del delito.

Para superar las limitaciones de la fragmentación de los casos, la ODI decidió alterar el orden de cómo se denunciaban los hechos. En lugar de pedir que a partir de un caso se investigara el conjunto, se denunció al conjunto y los casos servirían como indicios del posible delito a investigar.

Para ello, se presentó una denuncia colegiada por posibles delitos de pornografía infantil cometidos en escuelas. La denuncia se presentó por la ODI junto con un grupo de denunciantes solidarios. Se trata de activistas, académicos y empresarios, entre otros, profundamente comprometidos con los derechos humanos.

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La ODI les presenta los hechos conocidos del caso y pide su participación solidaria para denunciarlos. En el caso particular, los denunciantes solidarios son Lucila Servitje Montull, María Azuela Gómez, Lydia Cacho Ribeiro, Manuel Gil Antón y Juan Martín Pérez García. 

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