El próximo miércoles, activistas en defensa de los derechos humanos pedirán ante el Senado de la República la destitución de Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por actuar a favor de los deudores alimentarios con una acción de inconstitucionalidad que presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“¡Ya estamos hartas! Irse en contra del derecho que tienen niñas y niños a recibir una pensión por parte del padre raya en una maldad sin límites. Esta señora está aliada a lo peor que tenemos, que son los deudores alimentarios. Son personas a las que la sociedad debería rechazar de entrada”, dice Patricia Olamendi, integrante de la red Nosotras Tenemos Otros Datos.

En entrevista con EL UNIVERSAL, asegura que en El Salvador los deudores alimentarios no pueden tramitar pasaporte ni licencia de conducir, mientras no cumplan sus obligaciones.

Afirma que en México abundan los hombres irresponsables, pues sólo dos de cada 10 niñas y niños logran una pensión alimenticia en un juicio.

“Tenemos una situación de complicidad donde a todo mundo le parece normal que alguien no pague pensión alimenticia. Y la acción de la CNDH es para favorecer a estos tipejos y deslegitimar las acciones que estamos emprendiendo. Ya estamos hartas de golpeadores, violadores y deudores alimenticios”, señala.

Expone que 40% de los hogares mexicanos son sostenidos por una mujer, porque si demandan pensión los juicios suelen ser muy largos. En este sentido, agrega que en Oaxaca, por ejemplo, un juicio de este tipo tarda siete años, mientras que en Yucatán, hasta 20.

“En promedio, un juicio de alimentación tarda cinco años y tienes que pagar a un abogado que te represente. Entonces, esta es una obligación moral, jurídica, al momento que alguien decide ser padre. Por eso nosotras insistimos en que tiene que haber requisitos para que estos hombres no lleguen a los cargos públicos y esto no es violatorio de la Constitución, sino defender los derechos humanos de las niñas y los niños”, explica.

Comenta que ante el recurso de inconstitucionalidad de la CNDH, organizaciones como Brujas del Mar, Nosotras Tenemos Otros Datos, Las Constituyentes Feministas, Red Nacional de Alertistas, Red por ti, por mí, por todas, Aquelarre Materna, Mujer Sola y La Manada, interpondrán un recurso jurídico conocido como amicus curiae.

“Vamos a ir a litigar a la Corte también con esta herramienta jurídica porque no aceptamos esta patraña de la CNDH”, precisa Patricia Olamendi.

Desde 2020, colectivos de mujeres impulsan la iniciativa 3 de 3 contra la violencia, para que un deudor alimentario no pueda acceder a una candidatura o puesto de elección popular, la cual ya se aprobó en Querétaro, Nayarit, Baja California Sur, Sinaloa, Estado de México, Morelos, Hidalgo y Yucatán.

En esa última entidad, la CNDH interpuso una acción de inconstitucionalidad, con el argumento de que esa iniciativa viola el derecho de igualdad y no discriminación, al tiempo que atenta contra la libertad de trabajo y de acceso a un empleo en el servicio público.

“Los preceptos controvertidos son discriminatorios por generar una diferenciación injustificada, exclusión, restricción o preferencia arbitraria e injusta para ocupar los cargos aludidos y participar en los procesos electorales como candidata o candidato de elección popular, por motivos de su condición social y/o jurídica, pues dicha distinción tiene como efecto obstaculizar el ejercicio del derecho a la libertad de trabajo y acceder a un cargo público de aquellas personas que buscan desempeñarse en el servicio público y participar en las contiendas por cargos de elección popular en igualdad de condiciones a las demás, por lo debe declararse su invalidez”, destaca la CNDH en dicha acción de inconstitucionalidad.

La exdiputada federal por Morena, Lorena Villavicencio, integrante de los colectivos Todas MX y Mujeres en Plural, argumenta que es preocupante que una institución como la CNDH recurra a una acción de inconstitucionalidad que refleja “su falta de compromiso con las mujeres, con las feministas y con la niñez mexicana”.

Considera que es inaceptable lo que está realizando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque atenta contra sus propios objetivos.