Detención de Aguirre saldará deuda con la justicia: Centro Prodh; padres de los 43 de Ayotzinapa no han sido notificados, dice
En un mensaje, la asociación civil agregó que no se conocen los extremos de la imputación contra el exgobernador de Guerrero
La detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, en el marco de las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", en Ayotzinapa, podría ayudar a saldar una deuda de justicia con las familias de los estudiantes, consideró el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
En un mensaje difundido este jueves, esta asociación civil indicó que las madres y los padres de los normalistas y sus representantes no han sido notificados oficialmente acerca de la acción de la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que aún desconocen los alcances de la imputación.
“Los padres y madres de los normalistas y las organizaciones que les hemos acompañado no hemos sido notificadas de la misma y por lo tanto no conocemos aún los extremos de la imputación”, reveló.
Dicho Centro refirió que, de acuerdo con información difundida en medios de comunicación, la acusación estaría relacionada con la presunta omisión de preservar evidencia y el posible ocultamiento o desaparición de pruebas vinculadas con los hechos ocurridos en septiembre de 2014.
“Ha trascendido en medios que con base en testimonios de testigos colaboradores, se conoce que quien era gobernador de Guerrero en 2014, en su carácter de titular del Ejecutivo, presuntamente no preservó y ordenó ocultar o desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos”, refirió.
Agregó que si la acusación está sustentada en pruebas sólidas y el proceso se conduce conforme a derecho, podría representar un avance en la búsqueda de verdad y justicia para las familias de los estudiantes desaparecidos.
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La desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", localizada en Ayotzinapa, Guerrero, ocurrió entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, y representa uno de los casos más emblemáticos de violaciones graves a derechos humanos en México.
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