El secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de la diputada Cilia Flores, puso en crisis el sistema internacional de solución de conflictos y evidenció la crisis de Occidente, en el cual “la geopolítica de las grandes potencias ya no se somete a ninguna restricción” como afirmó Mark Carney en el Foro de Davos. Esta acción, además, intenta aplastar toda posibilidad de que los países en el continente opten por vías diferentes a la lógica del capitalismo global.
La política exterior de Donald Trump ha trastornado el orden internacional y el Estado de derecho. Con sus acciones en Venezuela, Trump ha revivido prácticas coloniales, desafía la soberanía continental y despliega una peligrosa muestra de fuerza imperial. Mientras tanto, dentro de Estados Unidos, una minoría privilegiada (encabezada por el mismo presidente Trump) acumula fortunas billonarias, mientras la pobreza y la precariedad acechan a una gran parte de la sociedad estadounidense. Según datos de la oficina del censo 2024, casi 36 millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza.
A esta situación se suma una creciente erosión democrática, visible en la restricción de las libertades civiles y el avance de prácticas autoritarias por parte del gobierno de Trump contra la población, amparadas en la lucha contra la migración ilegal y en la supuesta necesidad de garantizar la seguridad interna. Con el apoyo de las élites y las facciones de extrema derecha de los partidos políticos, este gobierno estigmatiza y culpa sistemáticamente a las minorías, usándolas como chivo expiatorio de los problemas sociales, el costo de la vida, el desempleo y la delincuencia. Las plataformas mediáticas despliegan campañas que alimentan la xenofobia y el sentimiento antiinmigrante, al tiempo que justifican los abusos de las autoridades contra la población. Un ejemplo claro es el asesinato de Alex Pretti a manos de los agentes de ICE en Minneapolis, un crimen que funcionarios de la administración Trump intentaron justificar.
La política de terror, autoritarismo y violencia, de Trump, refleja el pensamiento oligárquico que gobierna en beneficio propio, que se opone a la democracia sustantiva, desprecia las necesidades colectivas y antepone el individualismo liberal y el mercado, conjugándose con una visión fascistoide. Esta lógica está dispuesta a imponer sus intereses transgrediendo los derechos civiles, el derecho internacional y la soberanía de los pueblos, ya sea mediante presiones arancelarias o amenazas intervencionistas.
Ante este panorama, los pueblos del continente enfrentan el reto de contener las ambiciones de Estados Unidos, que históricamente busca imponer sus intereses económicos, políticos y militares con el fin de asegurar su hegemonía regional. Las presiones sobre aquellos países que se resisten a subordinarse a sus planes amenazan su soberanía y condiciona su desarrollo.
En este contexto, es indispensable que gobiernos, ciudadanía, organizaciones populares y movimientos sociales se articulen a nivel regional para enfrentar tres problemas: el imperialismo, la desigualdad y la concentración de poder de las oligarquías. Esta articulación debe sustentarse en defender la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y la independencia económica para poner freno a las élites políticas y denunciar a los promotores de la intervención extranjera.
Estudiante de maestría en el Instituto Mora e integrante del Centro de Análisis de Coyuntura Económica, Política y Social, CACEPS. caceps@gmail.com
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