Decreto de AMLO lleva un toque de abuso y puede abrir la puerta a corrupción, advierten

La decisión presidencial de hacer asunto de seguridad nacional las obras de infraestructura del sexenio refleja la filosofía de este gobierno que es la opacidad, coinciden especialistas

Decreto de AMLO lleva un toque de abuso y puede abrir la puerta a corrupción, advierten
Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL
Nación 23/11/2021 22:38 Ángel Delgado Actualizada 22:39
Guardando favorito...

El decreto presidencial por el que las obras de infraestructura del sexenio de López Obrador podrán ser asunto de seguridad nacional confirma el toque de este gobierno para concentrar el poder y abren la puerta a lo que quiere sacar: la corrupción, advierten especialistas.

“Este decreto lo único que refleja es la filosofía de la actual administración del presidente de ser proclive a la opacidad, al abuso y la discrecionalidad”, considera en entrevista Lourdes Morales Canales, experta en rendición de cuentas, politóloga y profesora del Centro de Docencia e Investigación Económicas (CIDE).

El lunes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) publicó un decreto por el que toda obra de infraestructura del gobierno federal en diversos sectores como vías férreas, energético y aeroportuario serán asunto de seguridad nacional.
 

“Es contrario a las libertades fundamentales y ha concentrado excesivamente el poder”, añade Morales Canales.

El acuerdo no lo menciona, pero las más grandes obras de infraestructura del presidente son la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles.

Con esta decisión presidencial, la autodenominada cuarta transformación evidencia la prisa que tiene para concluir justo esas obras insignia pero sin piedras en el camino que pudieran estorbarle.

“Es una mala noticia que el presidente pretenda pasar por encima de las leyes en aras de la eficacia que está buscando para las obras públicas de su gobierno”, dice Mauricio Merino, experto en rendición de cuentas y exconsejero electoral del entonces Instituto Federal Electoral (IFE).

Para Morales Canales el decreto de López Obrador refleja la filosofía de su administración “proclive a la opacidad, al abuso y la discrecionalidad”, por lo que prevé que “se avecina un caos en donde, por supuesto, los incentivos están alineados para que haya corrupción”, ya que según la politóloga, con base en información de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) “las obras públicas son siempre el semillero de actos de corrupción”.
 

Lo anterior contrasta con la bandera principal de este sexenio que es el combate a la corrupción en todos los niveles y en todas las obras públicas.

Con este decreto, el presidente lleva una ventaja pues como indica el politólogo Mauricio Merino,cualquier acción legal que se pueda tomar en contra del decreto del presidente toma tiempo “y mientras esto sucede, el presidente irá avanzando muy rápido en las obras públicas autorizadas por él mismo”.

Justo el martes pasado, en su conferencia “mañanera”, AMLO defendió con beneplácito lo que calificó como “un acuerdo para agilizar trámites burocráticos”, y realizar de forma más expedita sus obras, lo que a decir de Lourdes Morales son decisiones que amenazan la democracia y no tienen justificación ni razón de ser.

Lourdes Morales y Mauricio Merino coincidieron en que declarar asunto de interés público y seguridad nacional las obras de la administración actual es violatorio del artículo sexto constitucional y de la normatividad en materia de transparencia y acceso a la información.

Lo anterior porque en asuntos de seguridad nacional se restringe la información de en qué, cómo, por qué, mediante qué procesos (licitaciones, adjudicación directa) además de que deja de lado estudios de impacto ambiental y socio-económicos (como en el caso del Tren Maya).

Asimismo, la profesora del CIDE comentó que si bien hay excepciones claras sobre qué información, por seguridad nacional, no debe ser revelada “de ninguna manera el desarrollo de obras públicas y ejecutadas con dinero público entra en el supuesto de ser tema de seguridad nacional”.
 

De ese modo, López Obrador estaría eliminando las posibilidades de vigilancia social por parte de otros entes, como el INAI, en cualquier intento de detectar distorsiones, mala ejecución y el mal uso de los recursos públicos e identificar a los responsables de estas acciones” apuntó Lourde Morales.

En tanto, el exconsejero electoral del INE prevé que se pueda iniciar una controversia constitucional contra el decreto del presidente por invasión de facultades legislativas; también ve la posibilidad de que los pueblos originarios -por los que se proyecta pase el Tren Maya-, “al verse afectados por una obra pública que invada su espacio territorial” inicien acciones legales por medio de un amparo colectivo que llegue directo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lee también: Coparmex ve "violación constitucional y opacidad" en decreto para blindar obras

aosr