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El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) advirtió que la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de llevar la situación de México ante la Asamblea General de la ONU evidencia la gravedad de una crisis marcada por miles de desapariciones y la posible participación de autoridades en distintos niveles.
En su cuenta de X, señaló que el Comité identificó un contexto “preocupante” caracterizado por un número masivo de desapariciones, muchas de ellas consideradas desapariciones forzadas, ya sea de forma directa o mediante la connivencia entre el crimen organizado y agentes del Estado.
De acuerdo con el análisis del organismo internacional, estas conductas se han presentado como ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil, lo que permite clasificarlas como crímenes de lesa humanidad en diversas regiones del país.
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Ante ello, el Comité decidió activar el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención y solicitó al secretario general de la ONU remitir el caso a la Asamblea General para impulsar medidas de apoyo internacional, entre ellas cooperación técnica en búsqueda, análisis forense e investigación, así como la creación de mecanismos eficaces para esclarecer la verdad y proteger a las familias.
El organismo subrayó que el Comité también documentó que, en algunos casos, autoridades tenían conocimiento previo del riesgo de desapariciones, lo que fue interpretado por actores criminales como una forma de consentimiento.
Destacó que el organismo internacional concluyó que no existe una política nacional integral capaz de prevenir, erradicar y sancionar las desapariciones, además de que la carga de la búsqueda recae principalmente en las familias de las víctimas.
El Comité también señaló la falta de medidas eficaces frente a la crisis forense y los altos niveles de impunidad, pese a reconocer que las desapariciones no forman parte de una política de Estado.
En este contexto, el Centro Prodh criticó la respuesta del gobierno mexicano, que calificó el informe como “tendencioso” y carente de rigor jurídico.
“La respuesta del Estado no está a la altura de la crisis que vive el país en materia de desapariciones”, sostuvo la organización, al considerar que reproduce posturas de administraciones anteriores que desacreditaron a organismos internacionales.
La organización enfatizó que la decisión del Comité se sustentó en años de análisis, información aportada por víctimas, colectivos y organizaciones, así como en evaluaciones previas sobre la situación en México.
También recordó que el Comité no actúa como una instancia de investigación penal, sino que determina si existen indicios bien fundados de prácticas sistemáticas o generalizadas, lo que en este caso derivó en una acción internacional de carácter urgente.
El Centro Prodh insistió en que los hallazgos confirman la necesidad de fortalecer las capacidades del Estado, garantizar la verdad y justicia para las víctimas, y asumir con seriedad la dimensión de una crisis que continúa sin resolverse.
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