Juan Manuel ha trabajado sin parar en la megaobra del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ubicada en la Base Militar de Santa Lucía, desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo.
Aunque su familia vive en Tecámac —el municipio donde está localizada la construcción— pocas veces llega a verlos por las amplias jornadas y para completar sus gastos con las horas extras.
Juan Manuel —cuyo nombre es falso para proteger su identidad por temor a represalias— dice que su familia lo apoya y tiene donde quedarse a dormir. Sin embargo, narra que ha encontrado a compañeros suyos, con puestos más abajo, sobre todo en albañilería, viviendo en pequeñas casas compartidas con colchones en la sala, sin posibilidades de bañarse a diario y haciendo una comida al día porque los moches los afectan.
“Ganas mil 700, le das mil a la familia y sobrevives con 700”, expone el entrevistado, quien reclama que los están presionando para acabar la obra, ya que el Presidente quiere inaugurar el aeropuerto a principios de 2022.
Lo anterior ha llevado a que compañeros suyos se accidenten y a que no se les atienda por completo en la posterior rehabilitación en casos de traumatismos y otras lesiones graves.
Los entrevistados también relatan que las condiciones de la vivienda son indignas y que el ritmo de las jornadas, por la prisa de la inauguración de la obra en 2022, los ha puesto en riesgo de fallecimientos y accidentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional no cuenta con un padrón de trabajadores. Sólo indican que se han generado 95 mil 998 empleos, de los cuales, hay un registro de bajas equivalente a 73 mil 34 personas.
Aunque aclaran en la solicitud: “Las bajas de trabajadores ocurre como consecuencia del contrato, bajo el esquema en el que se encuentran contratados, toda vez que los contratos se realizan de conformidad con las necesidades en el avance del proyecto (…) asimismo, una vez que concluye la etapa de ejecución, los trabajadores cuentan con la oportunidad de ingresar en otra etapa”.
Pagos y moches
Cada semana llegan desde zonas alejadas decenas de personas a formarse para buscar empleo. Se instalan en la entrada principal con papeles oficiales en mano y esperan algo de suerte: “Hay gente que viene de Hidalgo; de Toluca, en el Estado de México, y de Puebla”, refiere una exempleada.
En el caso de que sean contratados, es prácticamente un requisito que vivan cerca de la obra o que encuentren una vivienda improvisada en la que puedan instalarse con los servicios mínimos, ya que la jornada laboral comienza a las 8 de la mañana. Tampoco será una estancia cómoda, ya que por los costos de las rentas, las casas de 50 metros cuadrados se comparten con más personas.
Desde que comenzó la obra, los alrededores de Santa Lucía se han convertido en una pequeña colonia de trabajadores que difícilmente salen de la zona, salvo los sábados cuando acaban la jornada a las 14:00 horas. Aunque de igual manera, para quienes se trasladan desde otros estados, resulta inviable por los costos, ya que los pagos son insuficientes, dicen los inconformes.
De acuerdo con los testimonios, los pagos a un maestro albañil van de los 2 mil 500 a los 2 mil 700 pesos mensuales, mientras que el de un ayudante es de unos mil 700 pesos. En el caso de algunas mujeres, a quienes las comisionan a trabajos de recopilación de cascajo, como “fierreras” o de limpieza, se les paga unos mil 200 a mil 400 pesos. La hora extra se paga entre 50 a 70 pesos.
A los trabajadores que cuentan con estudios profesionales, como ingenieros, se les asigna en puestos de jefaturas de cabos con un pago de 12 mil pesos mensuales; sin embargo, consideran que terminan trabajando más tiempo debido a que realizan más actividades que no están en sus facultades o experiencia profesional.
Un trabajador promedio que vive dentro de Tecámac, según las fuentes, al menos debe gastar diariamente unos 60 pesos, lo que incluiría su pasaje de ida y regreso, así como una comida de 25 pesos que vende el servicio de cocina del Ejército. Sin embargo, esas son las cifras conservadoras para quienes viven entre unos tres a cinco kilómetros a la redonda.
Los trabajadores y exobreros subrayan que los pagos están más controlados en contraste con las fugas de dinero en el NAIM.
Las fuentes aclaran que se paga menos: “Se ganaba el triple de dinero antes [en el NAIM]”, insiste un trabajador.
“En Santa Lucía está más ordenado, pero es menos dinero”, agrega otro.
Según los trabajadores, el pago se entrega cada sábado mientras los soldados los forman y sólo les pasan lista para darles los sobres de dinero, sin un recibo que acredite la operación.
Sin embargo, los trabajadores y exempleados coincidieron en entrevista con este diario en que una parte de su sueldo se va como moche a través de cada representante de las cuadrillas de trabajadores. Se desconoce el destino final de estas cuotas o dádivas, aunque las fuentes atinan a decir que una parte se la quedan intermediarios, mientras otra supuestamente se la embolsan miembros del Ejército.
Por ejemplo, un maestro albañil gana 2 mil 700 pesos y le quitan de moche unos mil pesos, reclaman los afectados.
De acuerdo con los trabajadores, estas condiciones no permiten que una o dos personas renten una vivienda, así que, en los alrededores del Conjunto Urbano de Real Granada, a unos cinco minutos de la entrada principal, es donde acostumbran rentar entre cinco y ocho trabajadores una sola casa de aproximadamente 50 metros cuadrados con dos o tres recámaras y un baño.
Prisas, accidentes, decesos
La inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en la Base Militar de Santa Lucía, será el 21 de marzo de 2022, fecha en la que se celebrará el 106 Aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM).
A decir de los trabajadores y los exobreros de Santa Lucía, las presiones por parte de los responsables de la obra han causado que se generen accidentes, pues en varias ocasiones se trabaja aunque las condiciones no sean las adecuadas.
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EL UNIVERSAL obtuvo la relación de accidentes y decesos vía la Ley de Transparencia, donde se da cuenta que, de los 59 registros, uno se suscitó en 2019; 49 en 2020, y ocho hasta junio de 2021. Aunque habría que sumar el reciente fallecimiento que ocurrió el 17 de agosto pasado.
El último de estos acontecimientos fue en la tercera semana de agosto sin que las autoridades militares informaran en detalle. De hecho, han dado información dosificada desde que comenzó la obra y se desconocen las edades y sexos, así como otros aspectos de las condiciones laborales de los trabajadores, datos que no entregaron en una petición de información de este medio.