Adoptar un modelo de elección de ministros mediante voto popular restaría legitimidad a los integrantes del Poder Judicial, pues sus criterios serían con fines políticos y no constitucionales, advierte César Astudillo, doctor en Derecho Constitucional y coautor del libro Nombramiento de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Porrúa, 2019).
Refiere que en México no es necesaria una reforma al Poder Judicial como propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que ni siquiera se ha terminado de implementar la que se realizó hace dos años.
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En entrevista, el especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM explica que sólo en Bolivia se eligió a los jueces de su Tribunal Constitucional por votación popular, en 2011, pero con resultados negativos porque hubo una participación muy baja que les restó legitimidad y obtuvieron apoyos de diversos sectores, por lo que al final operó bajo criterios políticos.
Cuando se presentó la prueba de fuego para ellos, que fue la reelección del expresidente Evo Morales, decidieron avalar la aspiración del mandatario en contra de lo que marcaba la Constitución, por lo cual señala que no es recomendable que se siga ese modelo en México.
Además, afirmó que la propuesta del presidente López Obrador forma parte de una narrativa que busca deslegitimar el papel de la SCJN por las resoluciones en contra de sus políticas, que han sido aprobadas sin respetar las reglas establecidas.
¿México necesita una reforma al Poder Judicial?
—En este momento no. De hecho, apenas estamos en el proceso de implementación de la reforma constitucional de 2021. Ésta fue una reforma ambiciosa, profunda, y apenas el propio Poder Judicial, a través de las distintas instancias, sobre todo el Consejo de la Judicatura Federal, está dando los pasos necesarios para terminar de implementarla, por lo cual hoy no veo ninguna urgencia ni necesidad.
Lo que veo es una narrativa en contra del Poder Judicial, a partir de que la Suprema Corte de Justicia está ejerciendo el papel que le asigna la Constitución; eso no ha gustado al Poder Ejecutivo, se ha entendido que la Corte es opositora al proyecto de este gobierno, pero no es así.
¿Qué opina de la propuesta del Presidente para que los ministros de la SCJN sean elegidos por voto popular?
—El único caso que recientemente incorporó la votación popular es Bolivia. Tiene una nueva Constitución, a partir del año 2009, y en esa Constitución se determinó que el tribunal constitucional boliviano se iba a integrar con jueces electos por voto popular. Lo cierto es que la primera experiencia de integración fue en 2011, y lo que se advirtió fue que los resultados fueron totalmente insatisfactorios, negativos, porque realmente no se les permitió a los jueces hacer campaña. La campaña la hacía el órgano electoral, digamos el INE boliviano, que es el tribunal supremo electoral. Es el que presentó las candidaturas, pero esas candidaturas antes tuvieron que pasar por un filtro en el Congreso. ¿Y esto en qué derivó? En una bajísima participación del electorado y que realmente no tuviera legitimidad. Los magistrados que más votos obtuvieron lograron 5.26% del 100%; los segundos, 3.54%; los terceros, 2.43%, y los últimos, 1.84%, y con eso integraron el órgano jurisdiccional.
Entonces, desde el punto de vista de la legitimidad no funcionó. Tuvieron que pedir apoyos de las instituciones, y lo que se vio es que a muchos candidatos los apoyaron directamente el gobierno, los partidos políticos, los sindicatos, los grupos religiosos y los grupos empresariales.
Cuando hubo necesidad de atender un tema clave del orden constitucional boliviano ahí se vio que estaba funcionando a partir de criterios políticos.
¿Cuál fue ese caso? La reelección de Evo Morales. La Constitución boliviana permite una única reelección del presidente de la república y cuando le preguntaron al tribunal constitucional si era posible una adicional, lo que respondió fue que sí.
Esta ha sido una experiencia muy negativa que no dio los resultados y que hay que tenerla en cuenta ahora que se ha lanzado esta iniciativa. Me parece que esa no es la ruta que debemos seguir.
¿En México los ministros de la SCJN son una casta divina, como afirman Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador?
—No, me parece que para llegar a esos cargos hay que tener muy buenas cartas credenciales. Si bien dentro de los requisitos se pide únicamente tener el título del licenciado en Derecho, eso no es suficiente, hay que tener una verdadera especialización en el conocimiento de derecho constitucional, teoría del Estado, derecho internacional, derechos humanos, pero después también acreditar una experiencia.
Ahorita estamos viendo que quienes llegan sin experiencia están dando tumbos, porque no conocen la mecánica de participación; entonces, el problema es que esta narrativa populista está peleada con el mérito, privilegia la lealtad y el problema es que a esos cargos se llega sobre todo con el mérito y, de hecho, no con la lealtad.
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¿Los gastos, salarios y prestaciones de los ministros de la Corte son excesivos?
—Me parece que ese tema tiene que verse dentro de un contexto más amplio, de cuáles son las garantías que deben acompañar a ministros que deciden sobre temas muy relevantes y que tienen las mayores implicaciones económicas.
Ha pasado recientemente, ha tenido que ver todo lo relacionado con el espectro radioeléctrico, con el tema de energías, en donde hay muchos intereses, y claro, están ahí. Si no tuvieran un sueldo digno, claramente que la tentación por recibir ingresos no regulares, no autorizados, se podría incrementar.
Justamente, el hecho de tener un sueldo digno y adecuado, como lo marca la Constitución, es un sueldo que les permita no preocuparse por el sostenimiento de sus actividades diarias para que resuelvan en un entorno de neutralidad.
¿Las críticas insistentes de parte del Presidente hacia los ministros son parte de la democracia?
—Nunca nos había pasado esto, lo cierto es que nuestro sistema se caracteriza porque el Presidente de la República tiene una doble connotación, que en otros países está separado, que es jefe de Estado y que es jefe de gobierno al mismo tiempo.
Y como jefe de Estado, uno lo que pensaría es que es un representante de la unidad nacional y sus discursos tienen que ser todo menos discursos que vayan a dividirnos, a polarizarnos.
Después está el jefe de gobierno, que ese sí deriva de un partido político; está marcando las diferencias, pero son papeles distintos. Aquí el problema es que el Presidente tiene esas dos investiduras, pero sobre todo funciona con la de jefe de gobierno, porque todos los días está marcando sus diferencias con los demás partidos, con los gobiernos anteriores y con los poderes que no puede controlar.
En esta última administración de (el ministro Arturo) Zaldívar, realmente el Presidente no tenía este discurso tan negativo, porque de alguna manera lo que sucedió en esa administración es que los temas claves de la cuatroté no se discutieron, se postergaron.
Ahora, como ya llevamos mucho tiempo ahí, la Corte necesita sacarlos porque además hay una expectativa: los han empezado a sacar, ha empezado a decidir que las decisiones que se tomaron no fueron correctas y entonces empieza toda una andanada que ahorita le toca curiosamente a otra presidenta.
Amenazas, quema de figuras, amenazas de muerte contra la presidenta de la Corte, ¿son indicios graves?
—Si esto sigue avanzando, esos son los efectos indirectos. Hay personas que creen totalmente en lo que dice el Presidente y que sienten que el Presidente por haber llegado con un amplio respaldo popular puede hacer lo que quiera, al margen de la Constitución. Eso no es así.
Entonces, este es un llamado a la tolerancia, a la prudencia, porque no va a faltar que después de esto algunos extremistas, que así lo pueden considerar, se puedan salir de control por algo que digamos, que esperemos que no pase, y que pueda terminar en actos de violencia.
¿Tiene sustento la afirmación de que la SCJN sustituyó al Congreso al invalidar la primera parte del plan B?
—No tiene ningún sustento, ese es el papel que la Constitución le asigna al Poder Judicial, y en particular a la Suprema Corte, de tal suerte que decir que no les gusta lo que hace la Corte cuando es lo que la Constitución le permite y le pide que haga, es decir, que no les gusta la Constitución, ese es el punto. Esto no es de ahorita.
Los actos de los Congresos no pueden ser discrecionales, no pueden ser arbitrarios, porque tienen que cumplir con lo que dispone la Constitución para garantizar que se cumpla con lo que dispone la propia Constitución.
Debe haber un órgano que verifique a ese órgano; es hoy la Corte y eso lo ha venido haciendo desde hace mucho tiempo, de tal suerte que decir hoy que es que no es adecuado, que no es posible porque el Congreso deriva del voto popular y dónde está la representación es desconocer la historia y desconocer sobre todo el texto constitucional.
¿El Senado puede llamar a comparecer a los ministros para que rindan cuentas?
—No, los ministros están sujetos a un régimen de responsabilidades, esto forma parte del conjunto de derechos, obligaciones y garantías que tienen los ministros. Académicamente, forma parte de una categoría que se llama el estatuto constitucional de la magistratura. Ahí están sus derechos, obligaciones y garantías.
Regularmente, un ministro ve pasar a tres presidentes de la República, y eso justo es para que se sienta con independencia, con libertad dentro de eso. En el régimen también están las responsabilidades, los ministros tienen responsabilidades administrativas, pueden tener responsabilidades penales y pueden tener responsabilidades civiles y políticas.
Tendría que haber razones justificadas para iniciarles un juicio político, y eso está regulado, no es discrecional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, como esto ya ha pasado en otros países, ha tenido que intervenir y ha previsto en qué supuestos, muy específicos, procedería el juicio político para destituirlos.
¿Tiene sustento la afirmación de que en la época del presidente Benito Juárez se elegía a los ministros por voto popular?
—No tenemos en la historia un mecanismo en donde en México se haya previsto la elección popular de los jueces, eso es una incorrección histórica del Presidente. Lo que ha sucedido es que antes se daba mayor participación a las legislaturas locales de los estados de la República para que ellos propusieran a los ministros ante el Congreso y ante el Senado de la República. Ese es otro mecanismo, pero el voto popular en este país para los ministros no ha existido.