La jueza Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, Raquel Ivette Duarte Cedillo dictó esta tarde auto de formal prisión contra los 8 militares reaprehendidos por el caso Ayotzinapa, por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada.
Tras vencerse el plazo constitucional de 172 horas concedido a la defensa, la juzgadora determinó suficientes las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) para procesar a los soldados, quienes son acusados por los testigos protegidos “Carla” y “Neto” de recibir sobornos del grupo criminal Guerreros Unidos.
De esta manera, los elementos continuarán recluidos en la prisión del Campo Militar 1-A de la Secretaría de la Defensa Nacional, ubicado en la Ciudad de México.
Por el "cochinero" que han hecho de la investigación, los abogados de los ocho militares reaprehendidos por el caso Ayotzinapa anunciaron que interpondrán denuncias penales contra los servidores públicos involucrados en la integración de la acusación por delincuencia organizada contra sus defendidos, incluido el exsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez y el fiscal especial del caso, Rosendo Gómez Piedra.
César Omar González, uno de los abogados de los militares procesados, anunció que interpondrán ante un Tribunal Colegiado un recurso de revisión contra la resolución de la jueza, quien, dijo, "compró las falsedades" de la Fiscalía General de la República (FGR) y sus testigos protegidos "Carla" y "Neto", integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos y que participaron en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
"Desafortunadamente la juez compró las falsedades de la fiscalía. No obstante en este momento nos encontramos analizando técnicamente la resolución y desde luego la combatiremos en los tribunales", indicó.
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