CDMX.- El gobierno de Andrés Manuel López Obrador heredó, entre otras cosas, un pendiente que permanece en el papel desde el sexenio de Felipe Calderón .
En el año 2011 cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ( CoIDH ) dictó la sentencia de “Campo Algodonero” estableció no sólo la obligación para el Estado Mexicano de tipificar los feminicidios .
Entre otras cosas, nos explican, también ordenó la creación de una página electrónica que debía actualizarse permanentemente con información personal de todas las mujeres, jóvenes y niñas que desaparecieron en Chihuahua desde 1993 y que continúan desaparecidas.
La página debía permitir que cualquier persona se comunique por cualquier medio con las autoridades, inclusive de manera anónima, para proporcionar información relevante sobre el paradero de la mujer o niña desaparecida o, en su caso, de sus restos.
La resolución fijó seis meses para cumplir este punto, han pasado nueve años sin que la CoIDH emita un pronunciamiento en el que considere que el Estado mexicano no sólo cumplió con este punto sino con toda la resolución.
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