Acuerdo pone blindaje a al menos 500 mil mdp destinados a obras

Nación 24/11/2021 02:51 Alberto Morales y Pedro Villa y Caña Actualizada 08:55
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En 2022 el gobierno tendrá al menos 525 mmdp para obra pública; expertos ven opacidad y afectación al acceso a información y tratados internacionales

Mientras que el gobierno federal cuenta con una bolsa de más de 500 mil millones de pesos para gasto de inversión en obra pública en 2022, expertos advirtieron que el acuerdo presidencial que declara de interés público y seguridad nacional los proyectos y obras federales es contrario a la Constitución, abre el paso a la corrupción y cierra la puerta a la transparencia.

Entrevistados por EL UNIVERSAL, los especialistas alertaron que no sólo las obras insignia del gobierno federal, como el Tren Maya o el Aeropuerto Felipe Ángeles, estarían amparadas por este acuerdo, sino todas las que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador considere “prioritarias”.

Para 2022, el gobierno federal tiene un presupuesto de 7 billones 88 mil 250 millones de pesos, de los cuales 45 mil millones serán para Dos Bocas, 62 mil millones para el Tren Maya, 11 mil 450 millones para el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y 10 mil millones para el proyecto del Corredor Transístmico.

Algunos de los montos que tiene el gobierno federal para gastos de inversión pública son: en Pemex, con 372 mil 120 millones 294 mil 159 pesos; en educación pública, con 935 millones 239 mil 28; en salud, con 218 millones 244 mil 357; turismo, 63 mil 737 millones 78 mil 331; SCT, 39 mil 551 millones 197 mil 301; en la CFE, 28 mil 351 millones 677 mil 421; en Semarnat, 18 mil 95 millones 723 mil 294, y para cultura 3 mil 823 millones 590 mil pesos.

El IMSS tendrá un presupuesto para gasto de inversión de mil 513 millones 307 mil 222 pesos y el ISSSTE 902 millones. En total, por sólo estas 10 dependencias el monto será de 525 mil 428 millones 584 mil 703 pesos.

Especialistas y constitucionalistas alertaron que además de que el acuerdo presidencial es contrario a la Constitución y da paso a la opacidad tendrá un impacto en diversos aspectos de la sociedad, pues podría violar y pasar sobre derechos y convenios en materia internacional que México ha firmado en diversas áreas, como en materia indígena y medio ambiente, entre otros.

Señalaron que con la opacidad se impide el acceso a la información pública y con esto se abre la puerta a la corrupción.

Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), destacó que el primer artículo del acuerdo presidencial es muy claro al señalar que no sólo son las obras insignia actuales del gobierno federal las que estén bajo este acuerdo, sino todas aquellas obras que se decida que son prioritarias.

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Marcos Pérez Esquer, académico de la Universidad La Salle, afirmó que con este acuerdo el gobierno podrá violar derechos concretos de personas o comunidades que puedan resultar afectados con sus proyectos.

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Señaló que, por ejemplo, en la construcción del Tren Maya, para obtener algún permiso se requiere la consulta a comunidades indígenas o un estudio de impacto ambiental, por lo que con el decreto se podrían eludir estos requisitos.

“Puede haber muchos efectos muy perversos para la sociedad; uno muy importante es la falta de respeto a la legalidad, pero se pueden violar derechos concretos, por ejemplo, de comunidades y pueblos indígenas en obras como la del Tren Maya.

Para obtener algún permiso se requería una consulta. A partir del acuerdo ya no se tendrá que esperar a hacer esa consulta para tener que expedir el permiso.

“En materia ambiental ni se diga, este acuerdo estaría por encima de los compromisos internacionales en México en materia de medio ambiente, por ejemplo, el Acuerdo de París y otros tratados, pero también de la Constitución, de nuestras propias leyes. ”, senteció.

Francisco Burgoa, constitucionalista y académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, calificó como “lamentable” y “grave” el acuerdo presidencial, pues afirmó que busca ir más allá o en sentido contrario a la Constitución y a la legislación de la administración federal.

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“Me parece algo muy grave porque da paso a la opacidad y la opacidad abre la puerta a la corrupción, además de que nos estaría impidiendo a nosotros como ciudadanos que podamos ejercer nuestros derechos de acceso a la información pública y exigir la transparencia”, precisó.

Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, subrayó que la discrecionalidad del acuerdo abre la puerta a quienes prefieren esconder proyectos, contratos y documentos.

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