San José.— Enfrentada a una trifulca partidista interna que, aunque ya se resolvió, ensombreció el escenario interno en los últimos seis días, la empresaria izquierdista hondureña Iris Xiomara Castro Sarmiento de Zelaya asumirá hoy la presidencia de para el periodo 2022-2026 con un menú de gigantescos retos políticos. 

Castro deberá aplicar su voluntad de sacar a Honduras del circuito clave del narcotráfico de Colombia y Venezuela a México y Estados Unidos, contener la masiva e incesante migración irregular de hondureños a suelo estadounidense y romper con la vieja espiral de pobreza, violencia, inseguridad, corrupción e impunidad que acosa a su país en más de 200 años de vida independiente. 

“El gobierno de Castro intentará darle un giro a un país abrumado por la corrupción y el narcotráfico”, planteó un análisis que Washington Office on Latin America (WOLA por sus siglas en inglés), institución no estatal de defensa de derechos humanos de EU, remitió a EL UNIVERSAL. El Poder Judicial de Honduras “no tiene independencia y la policía en gran medida continúa siendo ineficaz y se mantiene activa en actividades criminales”, aseguró. 

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“En Honduras, la corrupción endémica ha creado un estado cleptocrático compuesto por grupos clandestinos y élites (económicas, políticas, criminales y militares) que han infiltrado la mayoría de instituciones gubernamentales y causado graves amenazas a los derechos humanos y los valores democráticos”, describió. 

La inaccesibilidad a derechos socioeconómicos y culturales golpea “a las poblaciones vulnerables”, indicó. 

De 62 años, esposa del ex presidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales (depuesto en 2009), primera dama de 2006 a 2009 y del izquierdista Partido Libertad y Refundación (Libre), hasta hoy opositor, Castro asumirá como la primera presidenta de su país para gobernar cuatro años y suceder en el cargo a uno de los más poderosos políticos hondureños del siglo XXI: Juan Orlando Hernández, del derechista Partido Nacional (PN) y gobernante de 2014 a 2022.

Poder narco

Como parte de una oleada de extradiciones de narcotraficantes hondureños —políticos, policías, militares y empresarios— a Estados Unidos desde 2015, Hernández fue repetidamente señalado en cortes de Nueva York por los extraditados de tener presuntos vínculos con el contrabando internacional de drogas. 

Hernández rechazó reiteradamente los cargos, entre los que predominó el dato de que en 2013 habría recibido, de manera indirecta, un millón y medio de dólares del narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, condenado en 2019 a cadena perpetua narcoactividad más 50 años por violencia con armas y por lavado de activos. 

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“Entre los problemas más urgentes del nuevo gobierno está combatir la concentración de poder (heredada) del gobierno de Hernández”, afirmó la pedagoga y máster de género hondureña Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia de la (estatal) Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 

“Castro debe edificar una arquitectura que evidencie la independencia de poderes y fortalecer las instituciones estatales para que den los resultados que ella espera, como reducir la violencia, la criminalidad, la corrupción, el narcotráfico y la impunidad, y que sean más transparentes y rindan cuentas”, dijo Ayestas a este diario. 
“Es importante el acceso a la justicia para todos, no solo para los delitos de alto impacto o los que pueden pagarla. El nuevo gabinete debe ser honesto para que se permita recuperar la confianza en las instituciones”, señaló. 

Aunque los principales cárteles hondureños, como Los AA, Los Cachiros, Los Valle Valle, Don H o del Atlántico, entre otros, fueron desarticulados por la intensa presión de EU a Hernández, Honduras siguió siendo una base para recibir aeronaves y lanchas con cocaína. 

Los corredores marítimos y aéreos del Caribe de tráfico de drogas de Colombia y Venezuela a Honduras, sin descartar los del Océano Pacífico de Colombia, Ecuador y Perú por Centroamérica a suelo hondureño, operan como trillos cruciales del contrabando del sur al norte de América, con destinos principales en México y EU. 

Honduras es origen y tránsito (a veces destino) de las multitudes de migrantes irregulares de América, Asia y África que, sin visa, intentan entrar a EU y ocasionan un grave conflicto en Centroamérica y México. 

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Víctimas de la violencia, la inseguridad y la marginación socioeconómica en un país en el que, con 10.1 millones de habitantes, al menos el 60% sufre pobreza moderada o extrema, los hondureños engrosan los flujos de migrantes irregulares. El fenómeno es atizado por “coyotes” o traficantes de personas ligados a narcotraficantes y otras redes mafiosas. 

Ganadora en los comicios del 28 de noviembre anterior, Castro se topó desde el jueves pasado con un motín en la bancada legislativa de Libre que, al día siguiente, designó a un directorio parlamentario distante de la mandataria electa. La tormenta se prolongó el fin de semana con el nombramiento de una directiva leal a la futura gobernante. 

El contexto de dos directorios tendió nubarrones sobre Castro. El contexto de dos directorios tendió nubarrones sobre Castro. El pleito quedó anoche en ruta de arreglo, pero evidenció la agudeza de las tensiones institucionales en un país que apenas en 1982 inició el retorno a la democracia tras décadas de regímenes militares derechistas proWashington y exhibió la fragilidad de las alianzas que llevaron al triunfo electoral de Castro. En un hecho sin precedentes desde el restablecimiento democrático, Hernández rompió la prohibición constitucional de la reelección y se reeligió en 2017 para un segundo periodo consecutivo a partir de 2018. 

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Castro venció en las urnas a los partidos Nacional y Liberal (centro-derecha), que se alternaron la presidencia en los siglos XX y XXI hasta hoy hasta antes del mediodía, cuando se registrará un proceso histórico de ruptura del bipartidismo tradicional en un acto matutino en el Estadio Nacional de Tegucigalpa frente a un abanico pluralista de invitados internacionales.