San José.- Luego de que el régimen gobernante en Nicaragua asestó esta semana una de las más atrevidas maniobras represivas en la crisis nicaragüense que estalló hace más de 36 meses y confinó a la opositora a casa por cárcel en aislamiento, perduró una realidad: el presidente de ese país, Daniel Ortega, mostró que teme volver a pelear en las urnas… contra una viuda.

El nombre de Violeta Barrios Torres viuda de Chamorro—de 91 años y madre de la viuda de Lacayo—siguió siendo una pesadilla para el presidente, de 75, y su esposa, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, de 69. La sombra del fracaso volvió a aparecérsele en febrero de 2021 a la pareja presidencial… y de nuevo con apellido Chamorro y viuda.

Ortega siempre recordará la derrota que sufrió el 25 de febrero de 1990 tras comandar, desde el 19 de julio de 1979, una revolución izquierdista primero como coordinador de una junta de gobierno y, a partir del 10 de enero de 1985, como presidente electo en los comicios del 4 de noviembre de 1984.

Como candidato del exguerrillero e izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Ortega perdió con Barrios en las primeras elecciones libres en Nicaragua en el siglo XX y el 25 de abril de ese año debió entregarle la presidencia.

Barrios fue esposa de uno de los principales personajes de la política y del periodismo en Nicaragua en la segunda mitad del siglo XX: el periodista Pedro Joaquín Chamorro Cardenal (1924-1978), asesinado el 10 de enero de 1978 por pistoleros al servicio de la dictadura somocista, que gobernó de 1934 a 1979.

Nacida en 1954, la hija de la ex presidenta y del asesinado periodista es viuda del político y empresario Antonio Lacayo Oyanguren (1947-2015), pieza clave de 1990 a 1995 en el gobierno de su suegra como ministro de la Presidencia y, víctima de una tragedia como su difunto suegro, fallecido en un accidente aéreo en 2015

En un allanamiento que ejecutó el martes y el miércoles pasados con policías, la Fiscalía General de Nicaragua (Ministerio Público) y la abogada Karen Chavaría, militante del FSLN y jueza del Noveno Distrito Penal de Audiencia de Managua, el dúo gobernante inhibió a la viuda de Lacayo de participar como candidata presidencial en las elecciones del 7 de noviembre próximo en Nicaragua.

También lee: 

“Ortega le tiene miedo, rencor y odio a dos viudas. Su odio a doña Violeta, porque lo derrotó legalmente en 1990, lo trasladó a Cristiana”, dijo la abogada nicaragüense Vilma Núñez, presidente del (no estatal) Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).

“Retrocedió a 1990 cuando lo derrotó doña Violeta y ahora quiere defenestrar a Cristiana, una de sus principales adversarias políticas. Vivimos en Nicaragua en total y absoluta dictadura, una de las peores que he conocido en América Latina en mi larga vida”, explicó Núñez a EL UNIVERSAL.

“Es una burda maniobra. No hay investigación de ningún delito, porque ningún delito se cometió. Por lo infundado de la acusación, se desprende que lo que Ortega quiere es apartar del camino electoral a su más importante contrincante”, alegó.

La jueza acogió la orden de captura que pidió la Fiscalía contra la opositora por los presuntos delitos de Gestión Abusiva, Falsedad Ideológica en concurso real con el delito de Lavado de Dinero, Bienes y Activos, en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense.

Sometida a Ortega y Murillo, la Fiscalía y la jueza despojaron a Chamorro de sus derechos civiles y políticos en un caso ligado a las actividades de la (no estatal) Fundación Violeta Barrios, dedicada a promover el libre ejercicio del periodismo y dirigida, hasta febrero pasado, por la ahora opositora en arresto domiciliario.

También lee 

El tándem gobernante buscará en noviembre mantener el monopolio sobre los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral que construyó desde que, el 10 de enero de 2007, Ortega se instaló en la presidencia y logró dos reelecciones consecutivas, con opción de otro quinquenio de 2022 a 2027 y sumar cinco desde 1985.

El pleito con Chamorro agudizó la crisis que, a partir del 18 de abril de 2018, estalló en Nicaragua con mortales protestas contra las políticas oficialistas.

La Fiscalía justificó que las indagaciones a la Fundación son “por haber recibido recursos económicos financiados por fuentes extranjeras”.

El aparato gubernamental de prensa y propaganda todavía evitó responder a los ataques contra Ortega y se limitó a reproducir los comunicados de la Fiscalía, que aseguró que respetó “los derechos constitucionales” de los involucrados y “las normas de convivencia pacífica”.

En una declaración que envió a este diario, el estadounidense Geoff Thale, presidente de Washington Office on Latin America (WOLA), institución no estatal de defensa de derechos humanos en el hemisferio occidental, planteó que la actuación de Ortega “parece ser un esfuerzo impulsado políticamente para socavar a un oponente político, no una investigación seria de materia criminal”.