Bruselas.— Al inicio de la pandemia los líderes de la Unión Europea (UE) prometieron que la vacuna contra Covid-19 sería accesible para todos como un bien público universal.
“Debemos desarrollar una vacuna. Debemos producirla y hacer que llegue a cada rincón del planeta”, aseguró en abril pasado la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen.
“Si la vacuna contra Covid-19 se descubre, será un bien público global, al que todos deberán tener acceso. Es una cuestión de principios: la salud humana no se puede discutir, no se puede reservar, no se puede monetizar”, fue el mensaje del presidente francés Emmanuel Macron durante la Asamblea Mundial de la Salud del 18 de mayo.
“Tendremos que avanzar de distinta manera, por un lado en lo que respecta a la investigación y el desarrollo y, por otro lado, en paralelo, en la creación de capacidades de producción para dicha vacuna en tantos lugares del mundo como sea posible”, declaró la canciller alemana, Angela Merkel.
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Tres meses después de que Reino Unido se convirtiera en el primer país en vacunar contra Covid-19, es evidente que los enfoques del pasado prevalecieron y las promesas de los líderes europeos quedaron en papel mojado.
La UE, que de acuerdo con la Fundación KENUP habría aportado 24% de la inversión pública global destinada para el descubrimiento y desarrollo de vacunas y terapias contra Covid-19, en lugar de establecer una hoja de ruta clara sobre la distribución y las condiciones de suministro, otorgó a las farmacéuticas un cheque en blanco que les permite tener la última palabra sobre quién, cuándo y bajo qué condiciones un país recibe el biológico.
A falta de un programa de vacunación planetario, como el delineado por los mandatarios europeos en las horas más desconcertantes de la pandemia, reina el desorden respecto a la repartición del antídoto.
“La ley del mercado ha entregado a las farmacéuticas la llave de la supuesta salvación sin pedirles nada a cambio. A día de hoy, 95% de las dosis han sido repartidas y aplicadas en países de altos ingresos”, afirma el eurodiputado Miguel Urbán, miembro del Grupo de la Izquierda del Parlamento Europeo (GUE).
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“Las instituciones europeas se pusieron en manos de las farmacéuticas privadas, que sólo ahora, muchos meses después, están comenzado a suministrar vacunas, muchas veces con retrasos y en volúmenes muy inferiores. La fe ciega en el mercado se ha mostrado incompetente, inoperante para solventar la crisis ante la que nos encontramos”.
El resultado, detalla, es una carrera de vacunas ilógica e irracional, debido a que el virus no conoce fronteras y mientras la población mundial no sea inmunizada la amenaza prevalecerá ante la aparición de nuevas variantes.
El reclamo del eurodiputado español emergió durante una videoconferencia convocada por el GUE para explorar las alternativas para permitir que la vacuna contra el coronavirus sea de acceso universal.
Los ponentes, entre los que hubo políticos, sindicalistas y miembros de organismos intergubernamentales, coincidieron en que no es posible sólo apelar a la buena fe de las farmacéuticas, solo liberando las patentes será posible corregir los desequilibrios existentes.
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Ni siquiera es opción el Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 (COVAX), un instrumento que es usado por la UE y Estados Unidos para manifestar su solidaridad con el mundo en desarrollo, señala Benny Kuruvilla, experto del Transnational Institute, centro de investigación con sede en Ámsterdam.
“COVAX ha sido una gran desilusión, es un paso en la dirección equivocada y está siendo un fracaso”, afirma.
Señala que mientras la UE tiene el objetivo claro de vacunar a 70% de la población adulta antes de que concluya el verano, por la vía COVAX se prevé que la cobertura llegue en junio a 3.3% de los adultos en 145 países. Para finales del año se espera que sume 20%.
Explicó que COVAX no está cumpliendo su función debido a acuerdos financieros complejos, la ausencia de los países receptores en la toma de decisiones, así como por su limitada cartera, porque excluye las vacunas de manufactura china, rusa y próximamente de India.
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“A la velocidad a la que vamos con COVAX tardaremos de cinco a seis años para vacunar a toda la población por los ajusten que deberán realizarse por la aparición de nuevas variantes”, anticipa Sangeeta Shashikan, consejera legal de la ONG Third World Network.
“No cambió nada”, añadió, haciendo referencia a los mensajes esperanzadores emitidos en su momento por Macron y Merkel, “prevaleció el comportamiento habitual, estamos viendo disparidad y problemas de acceso”.
Ruta universal
Carlos Correa, profesor y director Ejecutivo del instituto suizo South Centre, está convencido de que es posible hacer de la vacuna un bien público al que todos puedan tener acceso a gran escala.
La vía más corta, explica, sería avalar la iniciativa presentada inicialmente por Sudáfrica y la India el 2 de octubre, y que consiste en conceder a todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) una exención de determinadas disposiciones del acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) como respuesta a Covid-19.
El objetivo es suprimir los obstáculos que impiden la transferencia de conocimiento y tecnología para la fabricación de las vacunas patentadas por farmacéuticas como Moderna, Pfizer y AstraZeneca, en laboratorios localizados en otras latitudes, como podría ser Brasil, Vietnam, Paquistán y Kenia.
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La medida se aplicaría por un periodo determinado, hasta garantizar la cobertura de la vacunación a nivel mundial. Para su aprobación requiere del consenso de todos los miembros de la OMS.
La próxima reunión formal del Consejo de los ADPIC está programada para los días 10 y 11 de marzo de 2021. El encuentro fue convocado a fin de seguir buscando un punto en común con los países menos favorables a la iniciativa, como EU, Japón, Australia y los miembros de la UE
Correa sostiene que hay otras alternativas al planteamiento hecho en la OMS, pero son procesos más lentos, como los acuerdos de exención entre países. Aquí suelen presentarse obstáculos, debido a que la propiedad intelectual es sólo un aspecto de tantos que afectan la fabricación y distribución de las nuevas vacunas.
Otras opciones en la palestra son Open Covid y la iniciativa promovida por Costa Rica para crear una plataforma tecnológica destinada a facilitar el acceso a vacunas, medicamentos y otros productos sanitarios eficaces contra Covid-19. Ninguna de ellas ha logrado sumar la participación de alguna de las grandes farmacéuticas.
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Correa asegura que la democratización de la vacuna no sólo disminuirá el coste, el aumento de la producción generará incentivos para el sector privado.
En cuanto a la idea de las patentes son necesarias para seguir innovando, Benny Kuruvilla respondió: las vacunas están viendo la luz gracias a la inyección de fondos públicos. La Fundación KENUP estima que los gobiernos gastaron al menos 93 mil millones de euros en desarrollo de vacunas y terapias contra Covid-19 en un plazo de 11 meses. El 18% del financiamiento público se destinó a grandes fabricantes farmacéuticos.
“Vivimos tiempos extraordinarios en los que se requieren de medidas extraordinarias. Es una oportunidad para que los gobiernos hagan prevalecer el interés público”, resumió Kuruvilla.