En mayo son las elecciones presidenciales en Colombia, y los ojos están puestos en el candidato Gustavo Petro, favorito para ganar y quien daría una vuelta de tuerca al país hacia la izquierda. En Venezuela, el diálogo entre gobierno y oposición permanece estancado, con esta última dividida, sin saber cómo reinventarse, mientras la población sigue huyendo del país ante la falta de oportunidades. En Perú, las crisis no paran y, con apenas nueve meses en el gobierno, el presidente Pedro Castillo ha librado dos intentos de juicio político. En México, el mandatario Andrés Manuel López Obrador alista una gira por Centroamérica y el Caribe que lo llevará a Cuba, donde podría fungir como el interlocutor para un nuevo acercamiento entre la isla y el gobierno estadounidense. De estos temas hablan nuestros expertos
Carlos A. Romero. Politólogo y analista internacional venezolano
La permanente polarización en Venezuela impide ajustase a los nuevos tiempos con las características de un proceso que presenta un desgaste en sus principios, sus instituciones y en el propio juego político. Ni la presunta normalización entonada a todo pulmón por el oficialismo ni las condiciones para definir al país como un Estado fallido anunciado por la oposición, no entusiasman a una mayoría de ciudadanos que rechazan las palabras de cada sector, que se refugian en la vida personal o que se van al exterior. En verdad, lo que se percibe es un desánimo en casi todos los sectores sociales, con excepción de aquellos que por su cercanía al poder se sienten bien, o que simplemente flotan sobre un dinero acumulado de diversas maneras, bajo una fantasía consumista, exagerada y pecaminosa.
Esas verdades y mentiras tratan de volver ocultando veintidós años de angustias que no permiten lograr un consenso sobre lo que somos y lo que seremos. Mientras tanto, me atrevo a ejercer el papel de un ilusionista para analizar algunos temas que se encuentran en la agenda coyuntural de una nación que oscila entre un receso estable que no se puede ocultar y problemas estructurales que suenan como una campanita que nos recuerda que falta mucho por hacer.
Desde la óptica del régimen, este no ha podido superar sus desperfectos señalados desde hace mucho tiempo: el decrecimiento económico, la corrupción, la violación de los derechos humanos, la hiperinflación, el ventajismo electoral, la crisis de los servicios públicos, la presencia del narcotráfico, el Coronavirus; en fin, una incapacidad para lograr una eficiencia en el arte de gobernar, que se une con el obstinado esfuerzo de echar para un lado el principio de la alternabilidad.
Desde la óptica de la oposición, ella no encuentra un nuevo rumbo tras haber probado con toda clase de antídotos para curarse en casa y fuera de ella, tratando de reinventarse con base en viejos discursos aprendidos de textos abstractos, que no se vinculan con unas mayorías populares y que no apoyan a una dirigencia opositora que se la pasa dando declaraciones en acartonados escenarios reales y virtuales.
Así las cosas, la competencia entre estos dos sectores, ahogan la posibilidad de un consenso alcanzado a través de unas negociaciones, que a fin de cuentas se lanzan a la rueda de la fortuna a ver quién aguanta más. En cortas palabras, la agenda política no es sino el reflejo de quienes están detrás de su elaboración y que no les interesa en que se le vean sus cartas marcadas.
Queda por delante observar los más importantes puntos de la actualidad nacional: el retorno a la mesa de negociaciones a México, el crecimiento moderado de los precios del barril de petróleo y el incremento de la producción, la violencia en la frontera con Colombia, el éxodo que no se detiene, la continuidad o no de las sanciones económicas al régimen por parte del gobierno estadounidense, la pequeña pero visible mejoría económica, el control del país por los que ahora mandan y la lenta desaparición del gobierno paralelo de Juan Guaidó.
Estos y otros temas apuntan a pronosticar que la celebración de las próximas elecciones presidenciales en Venezuela, pautadas para el año 2024, se apoderará de esta historia, en donde cada sector se registra desde ya para participar en ellas, en medio de un resultado difícil de predecir.
Raquel López-Portillo Maltos. Asociada Comexi
Según datos de IPSOS Perú, solo 50% de la ciudadanía está de acuerdo en que la democracia es mejor que cualquier otra forma de gobierno, mientras que únicamente el 21% está satisfecha con su funcionamiento. Esto es solo un síntoma más de la severa crisis que atraviesa el país andino que oscila entre el reciente paro de transportistas, el alza generalizada de precios, las inagotables investigaciones de casos de corrupción y los dos últimos intentos de juicio político que ha librado el presidente Pedro Castillo con apenas 9 meses de gobierno.
En este contexto, el presidente presentó ante el Congreso un proyecto de ley para que en las elecciones municipales y regionales del próximo 2 de octubre se someta a votación la convocatoria a una Asamblea Constituyente que encabece la redacción de una nueva Constitución. Pese a que probablemente no sea aprobada en el legislativo, retomar esta propuesta de campaña que había sido descartada repetidamente la reduce a una maniobra política para distraer de la marea que ahoga a la actual administración.
En el afán de evitar responsabilizar a actores del resquebrajamiento político, económico y social que padece el país, pareciera que la salida idónea es culpar a la Carta Magna como el origen de todo mal. Este argumento pasa por alto, por lo menos, dos cuestiones. Por un lado, que el sistema político fuertemente presidencialista de Perú hace que las riendas del país recaigan en gran medida en el Ejecutivo. Y por otro, que el actual arreglo constitucional no impide de manera alguna mitigar algunos de los problemas más apremiantes a través de medidas concretas. Por el contrario, permite tener un marco institucional que, aunque endeble, ha apuntalado a la democracia peruana pese a la improvisación que ha caracterizado a los 4 gabinetes de este periodo de gobierno.
Por su parte, en momentos de crisis la estabilidad constitucional representa un mínimo necesario de supervivencia. Tras el anuncio de la iniciativa, la Bolsa de Valores de Lima se desplomó 4% mientras que la cotización del dólar subió a 3.81 soles. Lejos de generar un efecto favorable, la incertidumbre sobre esta propuesta abonó al detonante principal del descontento actual: el alto precio de productos importados, como los combustibles y alimentos. En un escenario en donde se estima que la crisis de fertilizantes puede traducirse en hambruna ante una fuerte caída de la producción de cultivos en los meses venideros, un paquete de alivio económico de emergencia amerita mayor atención que una transformación constitucional.
Aunado a ello, preocupa también el tono crecientemente autoritario que ha cobrado la voz de Castillo, desde la imposición de un toque de queda ante protestas en su contra, hasta el acercamiento a grupos de ultraderecha. En una región en donde los autoritarismos han marcado la historia de distintos países, la posibilidad de una nueva constitución propicia una reflexión seria sobre el uso de este mecanismo por parte de liderazgos populistas para afianzar su poder.
Aunque las demandas por adelantar elecciones o la exigencia de la renuncia de Castillo son comprensibles, resulta improbable que su materialización permita una salida sin aspavientos a una crisis tan honda. En una embarcación sin dirección firme y en donde la insatisfacción con la democracia es la única constante, difícilmente exista un salvavidas que ponga a salvo a la presidencia de Pedro Castillo, o al devenir político de Perú.
Germán Pérez R. Comunicador social, periodista, profesor universitario y productor audiovisual, actualmente gerente del Canal Universitario Nacional ZOOM de Colombia.
Colombia se precia de ser una de las democracias más antiguas de Latinoamérica, pero más que jugarse este título, con las elecciones presidenciales que eligen mandatario para el periodo 2022- 2026, se está jugando el camino de la consolidación de la paz y el de abandonar más de sesenta años de violencia.
En medio de una condición de inseguridad y violencia generalizadas, con una polarización que se ha agudizado cada vez más y donde los medios desarrollan en la misma un papel protagónico, el país se encuentra frente a la situación de tener que elegir entre dos principales fuerzas, una de tendencia de centroizquierda representada por la coalición denominada Pacto Histórico, encabezada por Gustavo Petro, exalcalde de la capital del país y actual senador de oposición, y la otra coalición política que lleva por nombre Equipo Colombia, que encabeza Federico Gutiérrez, también exalcalde, pero de Medellín.
Con índices altos de desempleo y bajos salarios, que inciden en que sea considerado como uno de los países más desiguales del mundo, Colombia se encuentra ante una encrucijada. Literalmente la actual contienda por la presidencia ha estado salpicada de ataques verbales por parte de todas las candidaturas, más allá de las propuestas de agendas de gobierno y de principios y valores. En estos últimos se destacan los intereses particulares de las partes, más que los intereses de los colombianos.
Ante un “todo vale”, el sentimiento de desconfianza es generalizado y de nuevo se rumora la famosa frase: “Hay que votar por el menos peor, porque no hay uno mejor”. Tampoco favorece al actual clima electoral de Colombia la crisis económica generada por la “interpandemia”, después del Covid, como define la actual situación del mundo el maestro y filósofo especializado en medios, Alejandro Piscitelli. En este panorama, coinciden los tiempos para que Colombia se juegue una excelente oportunidad: la de que a partir de los postulados adoptados por lo que de común acuerdo llamamos una comunidad universal, se genere en la actual coyuntura su propia paz y confianza en sí misma, donde el respeto por la vida y el otro, permitan reconocerse en la diferencia, propias de una sociedad pluriétnica y por ende pluricultural como la colombiana, que precisa más educación, para que en equidad se pueda alcanzar una nación aún posible.
Al final de cuentas, en las palabras del escritor colombiano William Ospina que se consignan en uno de sus ensayos, Colombia es parte fundamental de “Nuestra América, que es todavía el reino de la perplejidad, y a ello contribuyen por igual las tensiones y los desajustes entre la realidad y el lenguaje, los mestizajes y los sincretismos”.
Alejandro Guerrero Monroy. Asociado Comexi y maestro en Derecho Internacional por la Universidad Complutense de Madrid
Colombia celebrará el próximo 29 de mayo la primera vuelta electoral para elegir presidente del periodo 2022-2026, sin posibilidad de reelección. El escenario se vislumbra complejo en esta nación de 51 millones de habitantes. Son dos las fórmulas favoritas para llegar a la Casa de Nariño. La primera de ellas es el Pacto Histórico, encabezada por Gustavo Petro y la popular Francia Márquez como candidata a la vicepresidencia. Esta coalición de izquierda lleva la delantera y va en “caballo de hacienda”. Todas las encuestas en Colombia otorgan a Petro el primer lugar con un 35% en los sondeos. Se encuentra a nueve o diez puntos por encima de su principal contrincante de la derecha, “Fico” Gutiérrez. No obstante, no logra por ahora superar el 43% necesario para llegar a la presidencia en la primera vuelta.
En los últimos días, Petro ha tenido piedras en el camino que vale la pena mencionar, como el señalamiento del jefe del Ejército -institución que históricamente se ha mantenido neutral- al candidato de no tener pruebas para decir que algunos generales “están en la nómina del clan del Golfo y aprovechar la muerte de soldados para hacer campaña”. Por otro lado, la población ve con buenos ojos cómo se ha ido deshaciendo de lastres como Piedad Córdoba -su aliada histórica- por tener presuntos vínculos con las FARC.
Su compañera de fórmula, la líder ambiental Francia Márquez, se ha convertido en un fenómeno político. “Yo represento a los nadies y las nadies de Colombia” ha expresado en sus actos, recordando el emblemático poema de Eduardo Galeano.
El conocido exalcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, lidera la coalición Centro Democrático y va en segundo lugar. Cuenta con el apoyo del expresidente Álvaro Uribe y le ha bastado con ser la antítesis de Gustavo Petro -resquemor de la derecha colombiana- para confiar que esos votos serán para su coalición. El candidato conservador –que lleva como compañero para al exalcalde de Neiva Rodrigo Lara para la vicepresidencia- ha venido creciendo notablemente en los sondeos y confía que los votos del centro –segmento que aún se encuentra indeciso por quién votar– lo favorezcan.
El proceso electoral presenta retos importantes. El electorado pide conocer las propuestas de manera sencilla y concisa. Reclama respuestas concretas a sus problemas y no está dispuesta a leer robustos planes de gobierno de las coaliciones. Por ello los debates resultan imprescindibles en esta recta final, particularmente entre los candidatos a la vicepresidencia, porque se sabrá si tienen la capacidad técnica más allá de la retórica.
La ciudadanía en Colombia tiene plena confianza en sus instituciones electorales a pesar de la tensión política por las inconsistencias en el conteo de votos y denuncias de fraude en las recientes elecciones legislativas del pasado 13 de marzo. Por ello, el gran desafío es que el discurso de las y los candidatos abone a la certeza y la legalidad. La democracia en “el país que tiene un pie en el Caribe y el otro en los Andes” en palabras de García Márquez, se encuentra en una fase delicada y requiere nutrirse de una mayor legitimidad y plena transparencia.
La mayoría absoluta en la primera vuelta de las presidenciales colombianas sólo la ha logrado Álvaro Uribe en 2002. Veinte años después la última palabra la tienen los poco más de 38 millones de colombianos habilitados para votar, de los cuales casi un millón lo podrán hacer desde el extranjero.
Emerson Segura Valencia. Asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi)
El presidente López Obrador realizará una gira por Centroamérica y el Caribe del 5 al 9 de mayo en la que visitará Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y que concluirá en Cuba. La Cancillería mexicana ha señalado que la gira “forma parte de la estrategia del país para atender los orígenes del fenómeno migratorio y evitar que los centroamericanos y los cubanos se vean forzados a abandonar sus países”.
Atender “las causas de fondo de la migración para evitarla”, ha sido el mantra que el gobierno mexicano ha utilizado para destinar recursos a la región centroamericana y enviar a la Guardia Nacional a las fronteras. Sin embargo, los flujos migratorios han continuado y la persecución e intimidación a los migrantes se ha exacerbado. El presidente solo ha viajado a Estados Unidos, para reunirse con los presidentes Donald Trump y Joe Biden. El primero, como en tiempos de campaña electoral, ha reactivado su beligerancia hacia el gobierno de México y ha recordado la genuflexión mexicana ante el amago de incrementar tarifas arancelarias y el segundo, ha minado las posibilidades de una reforma migratoria de gran escala, una de sus principales promesas de campaña.
En la antesala del viaje del presidente López Obrador a Cuba, el gobierno cubano ha acusado a Estados Unidos de excluirlo de la próxima Cumbre de las Américas que se celebrará en Los Ángeles, California, del 8 al 10 de junio, en la que el gobierno estadounidense busca llegar a un acuerdo con países latinoamericanos en materia migratoria. Según datos de la oficina de Aduanas de Estados Unidos, entre octubre del 2021 a marzo del 2022, más de 78 mil cubanos entraron al país por la frontera con México siendo el segundo grupo más grande después de los hondureños. La semana pasada, Washington y Cuba retomaron el diálogo bilateral de asuntos migratorios, el primero de alto nivel desde la llegada del presidente Joe Biden a la Casa Blanca. El papel de México como enclave en la interlocución entre Cuba y Estados Unidos ha sido histórico y la cercanía de López Obrador con el régimen de Miguel Díaz-Canel puede ser una ventana para este nuevo acercamiento con el gobierno estadunidense.
Este sábado concluye la XXX Feria del Libro de la Habana (FILH) y México ha sido uno de los países protagonistas como país invitado. El próximo 30 de abril, se inaugurará la nueva librería del Fondo de Cultura Económica (FCE) que será bautizada como Tuxpan, nombre del puerto del que partió en 1956, el yate Granma, para iniciar la revolución cubana con Fidel Castro a la cabeza. México envió 20 mil libros en un buque prestado por la Secretaría de Marina, de los cuales, muchos serán donados a instituciones cubanas. La periodista Yaiza Santos se preguntaba en una columna sobre este asunto. ¿Habrá eliminado La Habana la censura previa de los libros mexicanos? ¿Será el Fondo habanero, caballo de Troya de la libertad de pensamiento?
Guadalupe González González. Internacionalista
El arranque del gobierno de “la nueva izquierda” chilena ha sido más difícil y complejo de lo que se esperaba. Las primeras seis semanas en el poder del presidente más joven y votado en la historia de Chile han sido todo menos de luna de miel. La popularidad de Gabriel Boric se ha erosionando a una velocidad inédita, si se compara con sus antecesores, de 50 al 39% en menos de dos meses. Todo esto a pesar de su juventud, su talante negociador, su gabinete de coalición y de las grandes expectativas de cambio que representa.
No es un caso aislado, sino una muestra de lo complicado que hoy resulta gobernar en América Latina, en medio del malestar social, la fragmentación política y la impaciencia ciudadana. La gente está harta de la pandemia, de la precarización de las condiciones de vida, exige resultados concretos que no se ven venir en medio de la recesión económica y el alza de los precios. En Chile priva un ánimo de desafección política y descontento generalizado que desinfla las esperanzas puestas en una nueva Constitución. La confianza ciudadana en la Convención constituyente se encuentra en su punto más bajo.
El fracaso de dos iniciativas de ley para permitir retiros de ahorros de pensiones ha generado dudas sobre la capacidad política y técnica del nuevo gobierno para sacar adelante su agenda. A esto se suman los errores y cierta incompetencia de miembros del gabinete que han sido duramente criticados por una combativa oposición de la derecha. Boric no tiene mayoría parlamentaria, no cuenta con una maquinaria partidista ni con cuadros gubernamentales propios.
Todo esto lo obliga a un gradualismo que resulta incomprensible para los sectores más radicales de su coalición, pero que a la vez permite mitigar la polarización de ultraderecha y abrir espacios de diálogo al momento de definir políticas públicas. A pesar de las dificultades, Boric ha puesto en marcha su plan de reactivación económica “Chile apoya” y se ha anotado éxitos en el frente internacional con la ratificación del Acuerdo de Escazú, su compromiso con la defensa de la democracia en la región y su acercamiento con Argentina. Nada de esto es menor en condiciones adversas.
Luis Herrera Lasso M. Director del Grupo Coppan
La crisis política y social en Venezuela ha derivado en una de las mayores oleadas migratorias en la región en décadas recientes. Se calcula que cerca de tres millones de venezolanos han buscado refugio en los países vecinos, principalmente en Colombia, Perú y Bolivia. A pesar de los conflictos entre Colombia y Venezuela, la sociedad colombiana ha absorbido a dos terceras partes de esta población, con todo lo que esto implica. Si bien su situación económica y social dista de ser idónea, a nadie se le ha negado la entrada. Los flujos migratorios en América del Sur así han fluido durante la mayor parte de su historia. Las fronteras son dúctiles y los requisitos razonables.
Esta situación contrasta con lo que sucede en la parte norte del continente. Estados Unidos es el principal polo de atracción, pero sus requisitos para ingresar y permanecer están entre los más estrictos en el planeta. México es el principal lugar de origen y de paso de la migración hacia Estados Unidos. La gobernanza migratoria aparece así como uno de los retos más complejos para la cooperación entre los gobiernos del norte del hemisferio.