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El gobierno de Trump pidió el viernes a la Corte Suprema que despeje el camino para que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Elon Musk acceda a los sistemas de Seguridad Social que contienen datos personales de millones de estadounidenses.
La apelación de emergencia se produce después de que un juez en Maryland restringiera el acceso del equipo bajo las leyes federales de privacidad.
El Seguro Social conserva registros personales de casi todos los habitantes del país, incluidos registros escolares, detalles bancarios, información salarial y registros médicos y de salud mental de los beneficiarios de discapacidad, según documentos judiciales.
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El gobierno dice que el equipo de DOGE necesita acceso para identificar los desechos en el gobierno federal y solicitó a los jueces que suspendan la orden del tribunal inferior mientras se desarrolla la demanda sobre el tema.
El Procurador General, John Sauer, argumentó que las restricciones impuestas por el juez perturban el trabajo urgente de DOGE e interfieren indebidamente con las funciones del poder ejecutivo. "Si no se modifica, esta medida cautelar solo provocará más intromisiones judiciales en la toma de decisiones interna de la agencia", escribió.
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Musk se ha centrado en la Seguridad Social como un supuesto foco de fraude, describiéndola como un “esquema Ponzi” e insistiendo en que reducir el desperdicio en el programa es una forma importante de recortar el gasto gubernamental.
Un tribunal de apelaciones se negó a levantar de inmediato el bloqueo del acceso a DOGE, a pesar de sus divisiones ideológicas. Los jueces conservadores, en minoría, afirmaron que no hay pruebas de que el equipo haya realizado espionaje selectivo ni haya expuesto información personal.
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La demanda fue presentada originalmente por un grupo de sindicatos y jubilados representados por el grupo Democracy Forward.
El fallo de la jueza de distrito estadounidense Ellen Hollander en Maryland que bloqueó el acceso de DOGE a los sistemas de Seguridad Social permitió al personal acceder a datos que habían sido redactados o despojados de cualquier elemento personalmente identificable.
La apelación es la última de una serie de solicitudes de emergencia al tribunal más alto del país mientras la administración Trump enfrenta alrededor de 200 demandas que cuestionan varios aspectos de la amplia agenda conservadora del presidente Donald Trump.
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