Miami.— En medio de los líos judiciales que enfrenta el expresidente estadounidense y casi seguro candidato presidencial republicano, Donald Trump, el magnate busca que la Corte Suprema de Estados Unidos confirme y apoye una presunta inmunidad que expresidentes y mandatarios del país gozan y a la que tienen derecho, según Trump; ello impediría que sea juzgado por delitos cometidos cuando era jefe de Estado.
“Lo primero que hay que dejar en claro, para que no haya duda ni confusiones, es que ninguna ley en Estados Unidos le otorga explícitamente inmunidad absoluta al presidente en turno y menos a un expresidente”, señala a EL UNIVERSAL el abogado internacionalista Jaime Ortiz, desde Texas. “Lo que tenemos en puerta es un debate de interpretación de la Constitución [estadounidense], incluso en referencias a situaciones históricas con otros presidentes, donde hubo diversas aplicaciones sobre este concepto de inmunidad”.
En sus alegatos, Trump quiere presionar al Poder Legislativo estadounidense argumentando que, de no ser protegido por la ley, lo que se conseguirá es sumir en un caos al gobierno de Estados Unidos, desatando temores entre cualquier aspirante presidencial, porque serían susceptibles de persecuciones y sometimientos de la oposición, a manera de “cacería de brujas”, por actos que les hayan disgustado o afectado.
Lee también: Biden ofrece nuevas garantías de que cerraría la frontera con México "ahora mismo" si el Congreso le envía acuerdo
Hasta ahora, las juezas que llevan el caso Trump han expresado sus dudas de que el acusado pueda gozar de algún tipo de inmunidad para cualquiera de las demandas en su contra. La pregunta es: ¿hasta qué punto y de qué modo Trump podría enfrentar a la justicia sin que se sienten precedentes para otros expresidentes o presidentes y se convierta en un acto de venganza política?
Para responder hay que señalar que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha sostenido durante mucho tiempo que los mandatarios no pueden ser acusados penalmente mientras están en el cargo; argumentando que ello “socavaría de forma inadmisible la capacidad del Poder Ejecutivo”. Sin embargo, cuando el acusado ya no está en esa posición de poder, nada está claro; especialmente si hay acusaciones de cuando estaba en la presidencia.
De acuerdo con la Constitución de Estados Unidos, los únicos funcionarios que gozan de inmunidad en ciertas circunstancias son los miembros del Congreso, quienes no pueden ser demandados por la responsabilidad de sus palabras ante sus obligaciones legislativas; y los jueces, quienes tampoco pueden ser demandados por sus decisiones judiciales. En el caso de los presidentes en funciones, tienen cierta inmunidad, no absoluta, sobre acciones ejecutivas inherentes a su cargo.
¿A qué le teme Trump?
Para el abogado Ortiz, la preocupación mayor de Trump es la posibilidad de que, en alguno de los casos judiciales abiertos en su contra, se le señale como posible responsable durante los actos criminales de la toma del Capitolio el 6 de enero de 2021, porque “ahí sí, podrían acusarlo de insurrección y es el único crimen expresado en la Constitución estadounidense que le quitaría el derecho a postularse como presidente de Estados Unidos y llegar otra vez a la Casa Blanca y, en todo caso, se quedaría en la cárcel. Repito, esto sí está explícitamente escrito en la Constitución y es a lo que realmente le teme Trump”.
Mientras los abogados de Trump han dicho tímidamente que “probablemente sí tiene inmunidad absoluta”, abogados constitucionalistas coinciden en que “una inmunidad absoluta para un presidente en funciones podría llevar a abusos de poder y socavaría el principio de que todos, incluso el presidente, están sujetos a la ley”.
Hay que subrayar que si Trump llegara a la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de 2024, tendría la autoridad para autocondonar los cargos en su contra, siempre que no se haya incluido acusación alguna de insurrección. “En ese caso ni siquiera podría contender a la presidencia”, subraya Ortiz.
En ninguna página de la Constitución de Estados Unidos y menos en la tradición de la legalidad estadounidense hay algún escrito o antecedente para dar inmunidad absoluta contra cargos administrativos o judiciales ejercidos hacia algún presidente o expresidente, mientras está o estaba en su cargo, ha advertido el fiscal especial de la causa contra Trump, Jack Smith. “Crear un escudo legal a los presidentes de Estados Unidos los pondría por encima de la ley”, asegura.
Lee también: Argentina "lamenta" la inhabilitación de candidata presidencial antichavista en Venezuela
Asimismo, varios abogados y expertos legales han expresado su oposición a la noción de inmunidad presidencial absoluta que ha planteado Trump. Algunos argumentan que esta idea va en contra de los principios fundamentales del sistema legal y constitucional de EU.
Académicos como Laurence Tribe, de la Universidad de Harvard, y Erwin Chemerinsky, de la Universidad de California, Berkeley, han sido críticos de la idea de que un presidente o exmandatario pueda tener inmunidad total frente a procesos legales.
Figuras de renombre como Preet Bharara, exfiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y otros exmiembros del Departamento de Justicia han expresado su preocupación de que “conceder inmunidad absoluta a un presidente podría socavar el Estado de derecho en todo el país”.
Responsabilidad y transparencia
Expertos en ética gubernamental, como Richard Painter, exasesor de ética de la Casa Blanca durante la administración de George W. Bush, y Norman Eisen, exasesor de ética durante la administración de Barack Obama, han argumentado en contra de la inmunidad presidencial absoluta, destacando la importancia de la responsabilidad y la transparencia en el gobierno.
“Hay demasiados argumentos sostenibles entre los expertos en el tema para que la búsqueda de Donald Trump de ser intocable tenga éxito; y así sacudirse los más de 90 cargos en su contra, de los cuales algunos son judiciales y al menos un par podría llevarlo a la cárcel. No va a suceder, no se los va a poder sacudir”, asegura el abogado Ortiz.
Hay un precedente en 2020, cuando la Corte Suprema falló en contra de la inmunidad legal de Trump al considerar que, el entonces presidente de Estados Unidos tenía que cumplir con la citación de un gran jurado para presentar sus declaraciones de impuesto.
“Ningún ciudadano, ni siquiera el presidente, está categóricamente por encima del deber común de presentar pruebas cuando se le requiere en un proceso penal”, escribió en aquel momento el presidente de la Corte Suprema, John Roberts.
Lee también: Biden apela al voto afroestadounidense en Carolina del Sur mientras Trump y Haley intercambian insultos
Abogados y expertos legales a favor de la inmunidad absoluta para un presidente en funciones subrayan la importancia de proteger la dignidad y la eficacia del cargo. Argumentan que, sin esta protección, el presidente podría ser vulnerable a litigios frívolos o motivados políticamente, lo que distraería su atención de los asuntos urgentes de la nación y comprometería la capacidad del ejecutivo para funcionar eficazmente.
En contraste, los opositores de la inmunidad absoluta señalan la importancia de la responsabilidad y la transparencia en el ejercicio del poder. Sostienen que un sistema que permite la inmunidad completa podría conducir a un declive en la confianza pública y en la integridad de la presidencia, porque eliminaría un importante control y equilibrio en el ejercicio del Poder Ejecutivo.
Este debate no es sólo una cuestión de interpretación legal, sino también un reflejo profundo de los valores y principios que definen una sociedad. Por un lado, está la necesidad de proteger la eficacia y la dignidad del cargo presidencial; por otro, la imperiosa necesidad de mantener el Estado de derecho y asegurar que todos, sin importar su posición, sean responsables ante la ley.