Madrid.— El narcotráfico es una actividad criminal que no está necesariamente ligada al terrorismo, aunque sus integrantes puedan cometer acciones de este tipo cuando financian operaciones violentas o llevan a cabo homicidios selectivos de periodistas, jueces, políticos o líderes sindicales en países como México, Perú y Colombia.
Mientras en los terroristas suele haber un componente fanático, ideológico o religioso mayormente, los traficantes de droga suelen protagonizar actos terroristas para proteger su negocio e incrementar sus ganancias.
“Los narcotraficantes son básicamente delincuentes, parte de organizaciones criminales. Que en el ejercicio de sus funciones cometan actos de terrorismo, que muchas veces los cometen, pues sí. Pero que la definición de terrorista sirva para describir a los narcos de una manera clara, creo que no procede”, indica a EL UNIVERSAL Carlos Malamud, experto en América Latina e investigador principal del Real Instituto Elcano de España.
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“Si algo define a los narcos es fundamentalmente el tráfico de drogas y estupefacientes y todas las operaciones vinculadas con esta actividad. Mientras que a los terroristas los define precisamente esa actividad de sembrar el caos con un objetivo relativamente político”, agrega el especialista, luego de reiterar que los traficantes de drogas recurren a veces al terrorismo, pero fundamentalmente para defender sus ingresos y otros intereses particulares.
“En México vemos con frecuencia que bandas de narcos o sicarios queman a sus víctimas, ponen bombas y las vuelan, amenazan a jueces o periodistas; esas son actividades terroristas. Pero las realizan básicamente con el fin de incrementar sus ganancias, que es la razón principal de su actividad. Hay que tener claro que los narcotraficantes son delincuentes, que buscan sobre todo seguir rentabilizando su negocio”, subraya el catedrático de historia de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
En noviembre de 2019, el entonces presidente de Estados Unidos Donald Trump comunicó su decisión de designar a los cárteles de la droga mexicanos como grupos terroristas. Pero poco después suspendería esta iniciativa que se produjo como reacción a la masacre de nueve miembros de la familia mexicano-estadounidense LeBaron, entre ellos siete niños, por parte del narcotráfico.
En esta misma línea, el pasado mes de abril, el gobernador de Texas, Greg Abbott, pedía a la administración de Joe Biden incluir a los cárteles mexicanos en la lista de organizaciones terroristas internacionales. El político republicano responsabiliza a los grupos criminales de la crisis en la frontera con México, que durante el mes de marzo registró el mayor número de entradas de migrantes en los últimos 15 años.
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“Al explotar las políticas migratorias de Estados Unidos, los cárteles han incrementado su poder y riqueza a expensas de vidas inocentes”, subraya el documento enviado a la Casa Blanca por Abbott, quien considera que la medida proporcionaría a la administración demócrata los instrumentos necesarios para hacer más segura la frontera y luchar contra grupos criminales como Los Zetas, el Cártel de Sinaloa, el del Golfo y Jalisco Nueva Generación.
“Si eso sirve para mejorar la lucha contra los cárteles de la droga en todos los aspectos, bienvenido sea. Pero me temo que [el de Abbott] es un gesto para la galería, entra más en la línea de la mano dura y la represión del delito que otra cosa. Incluir o no a los narcos en una lista de grupos terroristas no va a hacer que la droga salga más rápido ni de las calles ni de las escuelas. Es más un brindis al sol, que tiene que ver sobre todo con reivindicaciones de tipo político”, destaca el académico.
Colombia es el mejor ejemplo de cómo los narcotraficantes, sin renunciar a su condición esencial de delincuentes organizados, pueden llegar a utilizar los atentados terroristas como instrumento político.
Lo hicieron entre 1989 y 1993, cuando se empeñaron en impedir la aprobación de leyes que permitían la extradición a Estados Unidos de narcotraficantes colombianos.
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En ese periodo provocaron más de 5 mil 500 muertos, y sólo entre septiembre y diciembre de 1989 cometieron más de un centenar de atentados indiscriminados con explosivos.
“Los narcotraficantes, principalmente Pablo Escobar, dinamitaron aviones civiles con pasajeros, centros comerciales en las grandes ciudades, edificios públicos y otras instalaciones. También con el dinero del narcotráfico asesinaron periodistas, jueces, políticos, fiscales, policías y personas inocentes. Todos estos actos de terrorismo no ocurrían sólo como consecuencia de un problema interno de Colombia, sino como consecuencia de un crimen de alcance global como el narcotráfico”, señala Camilo Alberto Gómez Alzate, abogado de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia.
El narcoterrorismo en Colombia, ejemplarizado por Escobar, fue un caso excepcional que permite ilustrar cómo un cártel puede convertirse circunstancialmente en un grupo terrorista que persigue un fin político.
No se trata de una causa transformadora, ni de una subversión del orden social o de una búsqueda de preservación del mismo, sino de un objetivo meramente ligado a las necesidades del propio grupo de narcotraficantes, subrayan los especialistas.
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El término narcoterrorismo fue utilizado por primera vez por el presidente peruano Belaúnde Terry en 1983, para describir los ataques con explosivos contra la policía antinarcóticos del país sudamericano.
“Hay que tener siempre presente cuál es el principal rubro de los narcos, porque también tenemos a grupos terroristas que para financiar sus actividades se dedican al narcotráfico, y habría entonces que acuñar un término a la inversa”, concluye el investigador del Real Instituto Elcano.